Sin ofrecer plata, pudo bajar una sesión que lo ataba de pies y manos. Los mandatarios definen la ruptura. La novela del Presupuesto, con final abierto.
Javier Milei junto a gobernadores en Tucumán.
No hizo falta un peso. Alcanzó con un centenar de llamados de Martín Menem, los aceitados vínculos con las provincias de Guillermo Francos y las filosas advertencias de Santiago Caputo para que los gobernadores contribuyeran a bajar a una sesión que, sí prosperaba y tenía su correlato en el Senado, podía dejar contra las cuerdas a Javier Milei.
Es que iba a tratarse la posible derogación del decreto que flexibiliza el canje de deuda y el proyecto para limitar el uso de los DNU. O sea, Milei pronosticaba no renovar los bonos en lo inmediato y quedarse sin el instrumento legal para volver a intentarlo en el mediano plazo.
La orden del Presidente a Menem fue clara: como sea, había que evitar la sesión, le dijo en la Casa Rosada, según reconstruyeron los jefes de bloque que visitaron al riojano. Lo logró y, por si fuera poco, tampoco tuvo que ofrecer como premio reforzar partidas a las provincias en el Presupuesto 2025, que está más cerca de caerse que de sancionarse.
La sesión había sido convocada por una renovada alianza opositora que hizo debut y despedida, compuesta por Unión por la Patria, Encuentro Federal y el nuevo bloque radical (Democracia por Siempre). Junto a la izquierda, suman la mayoría del recinto y pidieron abrir el recinto con firmas de todas las fuerzas. Nunca había ocurrido. De haber tenido un final feliz el martes, esta asociación hubiera sentado las bases de un nuevo Grupo A, como se denominó a aquella fusión opositora que dominó la agenda de Diputados al final del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No ocurrió.
Desde el sábado, gobernadores de todos los colores políticos fueron bajando de la sesión a sus representantes. El catamarqueño Raúl Jalil ni siquiera dejó que se sentaran dos de sus cuatro integrantes de UP: esta vez el Gobierno le pidió que sea incondicional. Gerardo Zamora (Santiago del Estero) dejó su marca con la banca vacía de José Gómez, aquejado por problemas de salud.
Por la versión blue de la UCR sacaron sus lugartenientes Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). Rogelio Frigerio tiene una aliada (Marcela Antola) que no garantizaba su ayuda si la sesión se iniciaba. Sobre el mediodía del martes, el cordobés Martín Llaryora supo de la maniobra de sus colegas y se preocupó. Llamó al diputado Ignacio García Aresca y le preguntó si sería el único mandatario rebelde por fuera del peronismo. Le pidió no tener esa etiqueta. La caída en dominó se acrecentó con las bajas de figuras de UP enfrentadas a la conducción del bloque, que encontraron una excusa para no llegar a tiempo.
Los jefes de la oposición no dialoguista se encontraron entonces en un aprieto. Si abrían el recinto, podían tener cuórum y perder las votaciones. Hubiera sido un papelón y prefirieron pedir la postergación de la sesión para no dejar rastros de la derrota. El socialista Esteban Paulón escribió el pedido de postergación en un minuto: nadie llegó a leerlo.
"Son unos cagones", gritó en un pasillo el jefe de LLA, Gabriel Bornoroni, quien en la reunión de labor parlamentaria jugó en equipo con Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo De Loredo (UCR). Esa fue la verdadera alianza que se consolidó esta semana. Un escudo reforzado de Milei en el Congreso. Menem se dio el gusto de abrir y cerrar la sesión con el recinto vacío.
El fracaso de la flamante alianza opositora abrió una grieta entre los gobernadores de las fuerzas que en los papeles no son aliadas automáticas a Milei y sus legisladores afines, quienes habían creído que la sesión podía robustecer la capacidad de negociación de los mandatarios. Hacían una cuenta simple: si Milei perdía el DNU de la deuda, no le quedaba otra que tener una ley de Presupuesto para recuperarlo.
Ante el fracaso de la sesión, el Presidente puede continuar con su juego win-win: si se sanciona el Presupuesto, suma un éxito político; y si no, prorroga el actual, por lo que podrá ajustar partidas con mayor facilidad. Los tiempos corren, ya que después del 30 de noviembre, el Congreso no tiene iniciativa propia y sólo se puede tratar lo que pida Milei para las extraordinarias. Los gobernadores hicieron otras cuentas: creyeron que el libertario era capaz de quedarse sin canjes de deuda y congelar partidas en pleno año electoral. Se asustaron mucho y cedieron, con la expectativa de una negociación que luego no llegó. Quedaron de rodillas, sin muchas armas para defenderse y con temor a pagar un costo ante una opinión pública que, entienden, sigue del lado de Milei.
Lo supieron el mismo martes por la noche, pocas horas después de caída la sesión: casi como una provocación, Toto Caputo envió una propuesta de dos artículos al Presupuesto, otra vez, sin plata. En su borrador, el ministro de Economía dejó la posibilidad de incorporar obras públicas a discrecionalidad de Francos, mientras que los reclamos de fondos quedaban sujetos a la inscripción en el programa de regularización lanzado por la Casa Rosada, que propone auditar activos y pasivos entre Nación y provincias.
No pocos diputados que habían peleado por la sesión se burlaron de los gobernadores cuando leyeron la propuesta. En sus visitas a la Quinta de Olivos, los mandatarios del espectro no peronista restringieron sus demandas a sus arcas: abandonaron sus reclamos por aumentos de jubilaciones y de presupuesto universitario. Se conformaban con cinco pedidos: sumar obras convenidas, liberar el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos, la coparticipación del impuesto a los combustibles -se gira a afectaciones específicas- y del 1,9% de la masa coparticipable que va a AFIP; el pago de una deuda del pacto fiscal 2017 y el refuerzo a las transferencias a la cajas previsionales, para cubrir su déficit, que el Gobierno deja sujeto a auditorías sin fecha.
A todos esos reclamos Milei dijo que no, a no ser que ingresen al programa de regularización que maneja Francos y tengan suerte. Es que el plan es un arma de doble filo: una auditoría puede arrojar deudas de las provincias que ignoran los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, tiene varias sorpresas preparadas. Los cambios al Presupuesto que aceptó el Presidente en charlas informales son cosméticos. Uno es darle un destino a una recaudación mayor a la prevista. Resta definir cuál. Ni siquiera quiere eliminar el artículo que descongela las asignaciones familiares.
Golpeados, en los distintos grupos de WhatsApp que comparten, el jueves los gobernadores sugirieron ampliar la reunión que tenían pautada por temas formales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para discutir de la plata que no llega de Nación. Los más duros, como el chubutense Ignacio Torres, del PRO, propusieron hacer un dictamen propio el martes que contenga los reclamos no concedidos. Sería un principio de ruptura.
Se sumó a la rebelión de gobernadores el cordobés Llaryora, quien ya dio instrucciones para firmar un dictamen propio del Presupuesto. Los radicales son los más cautos, pero ya no hablan de suscribir el texto oficial en disidencia. A la reunión el CFI -con participaciones presenciales y remotas- le siguió un Zoom de los mandatarios ex-JxC en el que primó la idea de romper con el Gobierno. Mauricio Macri está de acuerdo. Ya no tiene mucho que perder.
Tanta fue la la falta de estrategia de los gobernadores, que olvidaron el despacho alternativo que escribió el diputado Nicolás Massot, de EF, el bloque coordinado por Miguel Pichetto, con propuestas para encontrar fondos para cada una de las demandas. El estudio ni siquiera fue tenido en cuenta por los mandatarios para negociar ante Milei, que de ese modo puede repetir su slogan principal: no hay plata. En el Congreso y en las gobernaciones, parecen hablar idiomas distintos.
El destino del Presupuesto 2025 parece ser el naufragio. El Gobierno está decidido a citar a sesión el jueves para tratarlo y jugar a todo o nada. Los mandatarios no quieren que la sesión termine sin un texto aprobado: proponen corregirlo en el recinto y que quede como les guste. La maniobra tiene un riesgo: si el proyecto aprobado no le agrada, Milei podría dejarlo cajoneado en el Senado, al no incluirlo en el temario de extraordinarias. El paso siguiente sería prorrogar el Presupuesto vigente, con los números definidos en 2022.
La otra opción del Presidente es avalar la sanción del Presupuesto y luego aplicar un sinfín de vetos parciales de los artículos. Esos rechazos presidenciales no podrían tratarse durante el verano, sin que se llame a sesiones extraordinarias.
Los gobernadores casi no tienen tiempo de pasar a la ofensiva: si el jueves próximo, esta vez sí, se rechaza en Diputados el DNU de la deuda, la última oportunidad de eliminarlo definitivamente en el Senado sería el jueves 28. Ni un día más. Es por eso que Menem doblegó la presión para bajar la prórroga de la sesión caída, con llamados y reuniones en su despacho. Dice que el trámite es irregular. Los no dialoguistas deberían enviar otra citación para saldar la discusión. Aún no lo han hecho.
El miércoles, Diputados tendrá una sesión pedida por el PRO para aprobar el proyecto ficha limpia, que impide candidaturas a quienes tengan condena por corrupción en segunda instancia, como Cristina Kirchner.
El texto de mayoría, diseñado por el partido amarillo y la UCR, tendrá una mayoría pero, cuando no, aparecerán las internas. El nuevo bloque radical exigirá ampliar la proscripción a todos los delitos con tres años de condena y desde el fallo en primera instancia, con un plazo de tres años para que se expidan loa tribunales superiores. "Sería un gobierno de los jueces", refutan en el macrismo. En UP creen que ya lo sería si prospera el dictamen de mayoría, que le otorgará al Tribunal de Casación Penal el poder de peinar las listas. La única diferencia, dicen, es que en la propuesta del PRO la lista de enemigos posibles es más corta. Pichetto jugará para CFK con el antecedente de Carlos Menem, quien en 2017 fue habilitado a competir por la Corte Suprema, aún cuando le pesaba una condena en su contra. Los argumentos del máximo tribunal de esa ocasión pueden derivar en futuros planteos de inconstitucionalidad: desconocen la posibilidad de proscripción sin sentencia firme.
La sesión exhibirá las tensiones entre los exsocios de JxC, que se vieron en el debate de ludopatía, con la pelea cara a cara entre Silvana Giudici (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien la acusó de hacer lobby para la empresa de juego Codere y el binguero Daniel Angelici.
Fue un hecho histórico: el frente electoral que creció hablando de la República exhibió a una de las principales fuentes de financiamiento de las campañas políticas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde Angelici, a quien la diputada del PRO debería haber frecuentado a través de Coti Nosiglia, es conocido desde mucho antes de haber sido presidente de Boca. En los ámbitos legislativos de La Plata siempre destacaron su generosidad, a veces sin cuidar las formas. Elisa Carrió es de las pocas dirigentes que supo reconstruir esas oscuras novelas de la ciudad de las diagonales.
Giudici hace equilibrio entre Macri y Bullrich. Suma su capacidad de gestión en el alto mundo corporativo, que adoptó en su anterior experiencia como diputada radical. Hasta el miércoles, nadie tenía al juego entre sus ámbitos de influencia, aunque hay quienes creen que Ferraro se confundió de empresa. Sostienen que habría querido hablar de una firma socia de una de las principales corporaciones del país.
La diputada, que es secretaria parlamentaria del bloque PRO, tiene cada vez más juego. No quiso que la UCR fuera firmante del pedido de sesión. El partido centenario suma objeciones con el proyecto de reincidencia y reiterancia, enviando por Bullrich, que también se tratará en la sesión. No hay mayores reparos para aprobar el voto postal a residentes extranjeros.
El radicalismo pedirá tratar de madrugada un proyecto para eliminar el decreto reglamentario que firmó Milei a la ley de acceso a la información pública, con el único fin de no dar datos sobre su agenda. Puede ser un golpe contra el Gobierno. El PRO acompañaría.
La agenda legislativa seguirá en diciembre, al parecer, con el debate sobre la eliminación de las PASO, iniciativa en la que el Gobierno no tiene los votos. También en este caso, el oficialismo podría arriesgarse ir al recinto a ciegas. El debate será el inicio de una disputa con el PRO, porque Macri se opone a eliminar este instrumento, el único que le permite dirimir las listas ante una eventual alianza con La Libertad Avanza. De lo contrario, para poner candidatos en 2025, le debería pedir permiso a Karina Milei.
Será una discusión incómoda para Macri, porque las primarias cuestan plata y el Presidente quiere enviar ese dinero a las universidades, una forma también de presionar a la UCR. La apuesta del Gobierno es seducir a gobernadores de todos los colores políticos y algunos sectores del peronismo para sondear una mayoría para la ocasión. A excepción del kirchnerismo, en Unión por la Patria hay posturas favorables a votar una sola vez. Menem está dispuesto a acercarlas. Tiene la mira también en Sergio Massa.
En el Senado, con Victoria Villarruel en su propia agenda, esperan aún la llegada de los 150 pliegos judiciales mientras cada vez parece más difícil un acuerdo para negociar los pliegos de los jueces de la Corte. El kirchnerismo acepta a Ariel Lijo y pide una mujer.
Quiere contentar al resto del bloque del Senado con pliegos que no llegan. En la Casa Rosada dejaron correr rumores sobre nombramientos de los supremos por decreto para los primeros días de enero, una forma de presionar al peronismo para ceder y votar ambos pliegos. Por ahora, no dio resultados.