Indra quiere quedarse con la contratación de los principales servicios electorales para la votación de octubre. El rol del Correo. Lobby y cartas marcadas.
El gobierno de Javier Milei piensa contratar a una empresa española para que brinde funciones clave en las elecciones.
Pese a la rivalidad pública con su par Pedro Sánchez, el presidente Javier Milei inclina la cancha para que Indra, una empresa controlada mayoritariamente por el Ejecutivo español, sea la proveedora de los principales servicios electorales en las elecciones de octubre y más allá.
Después del 29 de marzo, la fecha límite para el cierre de lista para las elecciones porteñas de mayo, el gobierno nacional encaró un nuevo capítulo vinculado a la gestión electoral. En este caso no se trata de resolver alianzas o candidaturas, sino de definir cómo y quiénes serán los actores involucrados en la organización y la logística de las elecciones nacionales de octubre.
Con el aire que le brindó la suspensión de las elecciones primarias aprobada en el Congreso, se prevé que, en los próximos días, el Correo Argentino publique las licitaciones para contratar a los proveedores tecnológicos de los servicios electorales. A diferencia de otros años, como anticipó este portal, la gestión de esas contrataciones dejará de estar bajo la órbita pública y pasa a manos de esa empresa pública por lo que se va a convertir en un actor privilegiado del operativo electoral.
En la empresa pública que preside Camilo Baldini permanece contratada Smartmatic, una de las empresas del reducido mercado tech electoral, que fue fundada por dos técnicos venezolanos. Durante los últimos cinco años, esa firma estuvo encargada de la digitalización y transmisión de las actas que se confeccionan en mesas y locales electorales y después se transmiten hacia los servidores del Correo. Contratada en 2017 porque la gestión de Mauricio Macri, en julio vencen sus servicios, lo que deja vacante uno de los contratos más que apetecibles para las tecnológicas.
En el sector informático, esperan las definiciones oficiales para pelear por la función que dejará de brindar Smartmatic pero también por el servicio de recuento de resultados provisorios, otra, quizás la más grande, de las licitaciones millonarias que debería definirse en el corto plazo. En la justicia electoral hay preocupación por el retraso en resolver el tema y en los últimos días se volvieron a encender las señales de alerta porque la Jefatura de Gabinete dejó sin efecto una serie de licitaciones para la compra de urnas, sobres y kits para los establecimientos electorales.
En el sector informático creen que una de las empresas del sector está jugando la partida con las cartas marcadas: la española Indra, que viene de brindar el servicio de transmisión y recuento de resultados provisorios en las elecciones de 2021 y 2023, cuando los resultados se conocieron en horario récord. Las sospechas no son infundadas, al contrario, hay movimientos políticos que las hacen verídicas.
Durante la cena anual del Cippec, se escuchó al exdirector electoral Alejandro Tullio ponderar el trabajo del Correo y de la compañía española, como si fuese un hecho su contratación. Tullio, que recientemente fue designado Director Electoral de la provincia de Chubut, sigue, sin embargo, brindando sus servicios en la empresa estatal de logística, en calidad de asesor externo.
Tan extendida está la versión de que es irreversible la contratación de la empresa española que hasta las autoridades bonaerenses ya lo dan por hecho. A comienzos de marzo, el presidente de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y ministro de la Corte bonaerense, Daniel Soria, elevó una nota en la que evaluaba los requerimientos para realizar las elecciones en los diferentes escenarios que por entonces se presentaban como alternativas. Entre los servicios a contratar figuraban el de "resultados y publicidad del escrutinio provisorios (Correo-Indra)".
La intención de Indra es quedarse con todos los servicios informáticos electorales que hacen a la elección nacional pero van más allá y buscan que la contratación sea, como mínimo, por cuatro años. Como informó Infobae, detrás del lobby para concretar el negocio está Facundo Prado, dueño del Grupo Lapachos, que está pronto a meterse en el mercado asegurador. Este empresario tucumano se presenta como accionista de la empresa española y visitó el año pasado la Casa Rosada, aunque se presume que las principales gestiones para un acuerdo las realiza en sus habituales viajes a España.
Pese a la escalada verbal y la medidas diplomáticas que cruzaron los presidentes de Argentina y España, resulta una curiosidad que el Ejecutivo local se incline por la contratación de Indra, no solo por que el 28% de las acciones está directamente en manos del Estado Español, sino que otros accionistas están vinculados al desarrollo de tecnologías de Defensa.
Además, Amber Capital, el fondo de inversión de origen británico que cuenta con 7,24% del paquete accionario, y controla al Grupo Prisa. Ese conglomerado es propietario del diario El País de España, uno de los medio más críticos de la gestión libertaria.
