La Constitución exige acuerdo entre provincias. Para el Presidente, alcanza con el Congreso. Presión del FMI. Seis impuestos y competencia fiscal, el plan.
avier Milei, con los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua. Los necesita para garantizar el DNU del FMI.
Javier Milei está decidido a negociar con los gobernadores una nueva ley de coparticipación, uno de los pedidos del FMI en el acuerdo que anunció este viernes. No será una discusión fácil: según la interpretación constitucional del Presidente, no es necesario el aval de las legislaturas provinciales, como sí reclaman los mandatarios y referentes del Congreso.
Durante la apertura de sesiones del 1 de marzo, Milei anunció que buscará una nueva distribución de la recaudación con las provincias, con seis impuestos únicos, un piso mínimo a cobrar por la Nación y la posibilidad de que cada gobernador de subir las alícuotas en sus jurisdicciones.
Las negociaciones podrían empezar en las próximas semanas y continuar todo el año. Luego del 10 de diciembre, La Libertad Avanza tendrá bloques más números.
El Presidente busca que el reparto de la recaudación con las provincias sea discutido en el Congreso, el "nido de ratas" donde, según el artículo 72 inciso 2 de la Constitución, puede sancionarse una ley de coparticipación con la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, la mitad más uno del recinto. La norma vigente, sancionada en 1988, nunca se reformó, pese a que una cláusula transitoria de la carta magna obligaba a tener una nueva versión en 1996.
En estos años sí hubo varios acuerdos fiscales entre la Nación y las provincias, siempre refrendados en las legislaturas locales, una exigencia que no está expresada taxativamente en la Constitución y que Milei pretende olvidar. Sólo se señala que la coparticipación “no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada” ni tampoco variar “en desmedro de las provincias”.
Para sortear a las legislaturas provinciales, en la Casa Rosada interpretan que las provincias, tal como son citadas en la Constitución, están representadas en el Congreso, por lo que no es necesario pedir autorizaciones legislativas en cada una de ellas.
La diferencia no es menor: los gobernadores son mucho más fuertes en sus recintos más cercanos que en el parlamento nacional, dónde si bien se hacen sentir, no siempre son decisivos. Con el esquema que pide Milei, podría darse que un mandatario no esté de acuerdo con un reparto de fondos y no pueda impedirlo por su escasa presencia en el Congreso.
El debate no tiene fecha de inicio, pero, por si acaso, el senador de la UCR Víctor Zimmermann citó para el martes 22 a la comisión de coparticipación federal que funciona en la cámara alta. Allí es donde debería empezar la discusión de una eventual reforma.
Fue en esa casa, durante el debate en comisión de la ley Bases, donde Francos anunció que intentará modificar la distribución de los impuestos entre las provincias. “Creo que es posible”, confió aquella vez. En diálogo con Letra P, Zimmermann sostuvo que cualquier debate tiene como punto de partida que ninguna jurisdicción reciba menos de lo que ya ingresa a sus arcas.
“Actualmente, el 42,34% queda en la Nación y el 56,6% va a las provincias. Pero no se cumple, porque fueron sumándose impuestos que no se coparticipan en su totalidad”, remarcó el chaqueño, socio de LLA en su distrito. Zimmermann tampoco imagina posible ignorar a las legislaturas locales, como pide Milei, aunque admite que es un debate abierto. “Como es una ley marco, se entiende que cada provincia debe hacer su propio trámite parlamentario. Pero los constitucionalistas están divididos”, aceptó.
Si Milei abre la discusión, cada provincia tendrá su reclamo sobre la coparticipación y no será fácil un acuerdo a corto plazo por más urgencia que haya del FMI, que también reclamó al Congreso sancionar reformas laborales y previsionales.
Los recelos entre las gobernadores son históricos. Como la distribución entre las provincias del porcentaje de la recaudación que resigna la Nación (lo que se conoce como coparticipación secundaria) se definió sin otro criterio que la rosca legislativa del momento, sobran reproches y recriminaciones históricas.
Por caso, Buenos Aires tiene una lucha histórica porque recibe la mitad de los recursos que aporta al fondo de coparticipación. De esa manera, su presupuesto sólo tiene el 54% de aportes que llegan de impuestos nacionales. El resto es recaudación propia. Un reclamo similar tiene la Ciudad de Buenos Aires, aunque en el Congreso hay quienes no le asignan estatus de Provincia y remarcan que su recaudación obedece a su condición de capital y sede de las compañías que más tributan.
Hay provincias que subsisten sólo por la coparticipación federal, como La Rioja (90% de sus gastos), Formosa (90,5%), Corrientes (86,5%), Jujuy (85,2%) y Chaco (83,7%). Son giros automáticos, por lo que ningún Presidente puede hacerse el distraído. El jefe de Estado de turno sólo puede repartir a gusto el 1% de la masa coparticipable, que forma parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Según el plan anunciado en la apertura de sesiones, Milei pretende que haya sólo seis impuestos, con alícuotas menores a las actuales, y que cada provincia pueda aumentarlas a gusto para nutrir sus arcas.
"El Estado Nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al actual, y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio. Indudablemente generará una competencia fiscal que dinamizará a sus economías”, fue la propuesta del Presidente.
La posibilidad de recuperar la “autonomía fiscal” es la principal bandera que tiene Milei para seducir a los mandatarios. Sin embargo, no podrá avanzar si no demuestra que, con su esquema, los gobernadores no perderán un peso. Por eso prefiere discutir en el Congreso dónde, en estos tiempos de fragmentación, los mandatarios no siempre tienen la última palabra.