Se juega todo o nada con las PASO y la Corte. El PJ evalúa un boicot para arruinar la preparatoria. El tuit bomba: ¿habrá audiencias por el escándalo cripto?
Javier Milei
Hasta el viernes, antes del posteo que destapó el escándalo cripto, otro tuit presidencial había circulado por el Congreso como una pauta de lo que viene: era en el que Javier Milei confesaba que ama el principio de revelación. En los pasillos legislativos fue leído como un mensaje al debate decisivo en el Senado sobre la suspensión de las PASO y los pliegos de la Corte Suprema.
Según esta interpretación, quien no vote alguno de estos temas, habría dicho Milei, deberá hacerse cargo. Otro posteo que hizo ruido fue el del usuario John (@MileiEmperador), atribuido en el ecosistema digital a Santiago Caputo, donde menciona que el Gobierno está preparado “a hacer cualquier cosa con tal de cumplir los objetivos”. Traducido: las estrategias son más bélicas que maquiavélicas. No tiene sentido estudiarlas tanto.
Pero antes del inicio del fin de semana Milei dejó en el olvido esos posteos cuando fijó en su cuenta de Twitter uno propio que puede complicarle buena parte del primer semestre legislativo, y tal vez, toda su presidencia: la promoción de la criptomoneda $LIBRA que, horas más tarde, él mismo reconoció que practicaba estafas.
Para la oposición más dura, el paso en falso del Presidente fue también un principio de revelación y, por esa razón, prepara un embate legislativo con decenas de pedidos de juicio político, que tarde o temprano podrían ser tratados por una comisión de Diputados en la que hay una mayoría hostil al Gobierno, dispuesta a definir un cronograma de audiencias. Otro camino posible es crear una comisión investigadora.
Después del 1 de marzo, alcanza con que una mayoría opositora convoque a una sesión en Diputados para que, de una u otra forma, se pueda investigar en el Congreso si Milei participó de un esquema Ponzi. Caputo tiene estas semanas para pensar cualquier cosa que lo ayude a salvar a su emperador.
Si el Gobierno planteaba este año legislativo con estrategias defensivas ante eventuales intentos de la oposición de imponer una agenda, el escándalo por la promoción cripto de Milei lo obligará a levantar los escudos como nunca antes.
El tema, inevitablemente, llegará al Congreso en marzo y será un buen pulso para definir el marco de alianzas de La Libertad Avanza. La Coalición Cívica pide crear una comisión investigadora, que obligaría a citar a los dueños de $LIBRA y al propio Presidente.
El kirchnerismo cree que el mejor camino es el juicio político, que debe instruirse desde una comisión de Diputados que no tiene autoridades confirmadas. Hace un año fue elegida presidenta la libertaria Marcela Pagano, pero Martín Menem desconoció el trámite, intentó cambiarla y la periodista se resistió. El riojano dice que es la única oveja negra que le quedó en un bloque que logró controlar a mano de hierro, a través de Gabriel Bornoroni.
En marzo, tras la apertura de sesiones ordinarias, Unión por la Patria pedirá una sesión para emplazar a la comisión de Juicio Político e iniciar una investigación contra el Presidente. El Gobierno debería reunir una mayoría simple para evitarlo. Necesita romper bloques hostiles, para un tema por demás incómodo. Es el principal desafío que tiene Menem por estás horas: juntar votos para evitar un juicio político es casi como armar un gobierno de coalición.
La oposición dialoguista ya empezó a desmarcarse. El bloque de Diputados de la UCR pidió una investigación. También exigió explicaciones la senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo, esposa del exgobernador cordobés, Juan Schiaretti.
Hay un dato que por estas horas alarma a Milei: la comisión de Juicio Político tiene una mayoría de miembros que son opositores férreos. La cuenta es simple: surge de sumar los vocales que hay de UP, la CC, Democracia por Siempre -UCR blue- y el de Emilio Monzó, de Encuentro Federal. Los nombres fueron elegidos hace un año, cuando la división entre dialoguistas y no dialoguistas no era tan nítida.
Si la comisión de juicio político se convoca, esa mayoría opositora podría votar la admisibilidad de la investigación a Milei, citar a un cronograma de audiencias y, si se reúnen pruebas contundentes, aprobar una acusación contra el Presidente por mal desempeño.
Aunque luego no sería fácil alcanzar los dos tercios del recinto para enviar el expediente al Senado -donde se hace el juicio-, si se llega a instancia, tras meses de audiencias con testimonios y documentos, el daño para Milei ya estará hecho.
En el kirchnerismo hay algarabía porque creen que se anticiparon los tiempos: el diputado Rodolfo Tailhade, en su canal de Youtube, anunció en octubre que iniciaría una investigación sobre otra promoción que había hecho Milei, en diciembre de 2021, a la empresa CoinX Word, que luego fue denunciada por estafas piramidales.
Es habitual que personajes famosos difundan los servicios de estas compañías, pero Milei se olvidó aquella vez que ya había asumido como diputado. Lo acompañaba en esa tarea la ahora diputada santafesina Romina Diez.
Tailhade dijo en aquel video que hay una causa judicial que investiga a CoinX Word que se instruye en el despacho del juez Lijo. Fue la única mención de un dirigente kirchnerista al actual candidato de la Corte desde que fue propuesto. Pronto será viral. Justo esta semana.
Guillermo Francos, una vez más, se saldrá con la suya: este año no habrá Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), porque el Senado sancionará el proyecto que propone suspenderlas por única vez. La mayoría del bloque Unión por la Patria de la cámara alta está de acuerdo.
Lo que ni Francos ni Victoria Villarruel pudieron garantizar en sus charlas -el ministro coordinador es el único funcionario que atiende a la vicepresidenta- es cuándo el Senado le dará el triunfo legislativo al Gobierno. Con el escándalo cripto de Milei definir los tiempos legislativos será una tarea más compleja.
Hasta el viernes, el plan de la Casa Rosada era sesionar el jueves 20. Pero recién el martes, con los números claros, Villarruel definirá si abre el recinto. Hay resistencia de la mayoría del radicalismo, que suele ser tenido en cuenta para los porotos oficialistas.
Aún antes del tuit del Presidente que alteró al Gobierno, el jefe de Gabinete no lograba asegurar los votos de UP. Durante el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales no hubo firmas de esa bancada, cuyos integrantes llegaron con un guion claro: trasladar a marzo debate del cronograma electoral. Fue el mensaje de la riojana María Florencia López, cercana al gobernador Ricardo Quintela.
En UP celebraron que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, no haya instruido a firmar al senador Julio Neder. No están seguros de que repita la conducta para el jueves, cuando tiene tres votos para aportar. Cómo anticipó Letra P, el plan de las autoridades del bloque peronista es aplazar la sesión del jueves y votar la suspensión de las PASO en marzo, junto a otros temas.
Sería una manera de marcar la cancha de Milei. Además, estirar los tiempos le sirve a Cristina Fernández de Kirchner para alterar los planes de Axel Kicillof, ansioso por definir el desdoblamiento en la provincia. Esta alternativa se debatirá el miércoles en una reunión de bloque de UP en el Senado, en la que se definirá el desenlace de las sesiones extraordinarias.
El principio de revelación que citó Milei, entienden la mayoría de los referentes legislativos, tiene más vinculación con el debate por los pliegos de los candidatos a completar la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Caputo ya filtró su plan: tratar ambos a todo o nada. Antes del escándalo cripto de Milei, el asesor presidencial confíaba en que se apruebe el pliego de Lijo. Confíaba en que el kirchnerismo no dejaría pasar la oportunidad de compensar el poder que tienen los dos enemigos de CFK en el máximo tribunal: Horacio Rosatti y Juan Carlos Rosenkrantz.
Con García-Mansilla la apuesta es otra. El asesor espera que el pliego no llegue a tratarse -como no fue despacho en comisión, se necesitan dos tercios para habilitar el debate-, para que, con esa excusa, Milei pueda nombrarlo por decreto un año en la última semana de febrero, cuando no estará vigente la convocatoria a extraordinaria. De esa manera, el destino del académico podría debatirse en el Senado en 2026, cuando UP perdería la capacidad de veto a los dos tercios.
El dictamen del pliego de Lijo se presentó el miércoles, justo cuando Diputados debatía Ficha limpia, el proyecto que, de sancionarse, impediría competir a Cristina Kirchner.
En noviembre, trascendió el nombre de las nueve firmas, pero el despacho no aparecía. En el oficialismo aseguran que el expediente no estaba escondido, sino que el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, nunca lo había firmado, pero iba a hacerlo tarde o temprano por un compromiso de su gobernador, Gustavo Valdés. El correntino no niega que su rúbrica sea reciente y sus compañeros aseguran que estampó su nombre hace dos semanas, antes de irse de vacaciones.
Unión por la Patria tiene la llave para definir quiénes integrarán la Corte porque, si no se divide, permite o impide una mayoría especial. Postergar la sesión para marzo y negociar mejor es la opción de las autoridades. Confían en que, si eso pasa, Caputo aceptaría ofrecer una ampliación del máximo tribunal o cargos en la justicia federal.
Los gobernadores y un grupo de sin tierra temen que esa maniobra arriesgue las chances de Lijo, a quien quieren en la Corte tarde o temprano. Será un debate fuerte en la reunión del bloque conducido por José Mayans, prevista para el miércoles.
Como anticipó Letra P, el juez federal no está dispuesto a asumir por decreto en la Corte, porque perdería las chances de tener el pliego aprobado en el Senado, una carta que no puede jugar García-Mansilla. El principio de revelación tiene sus riesgos.
El resto de la sesión que el Gobierno pretende para el jueves en el Senado tampoco está garantizada. La dupla santacruceña del Senado (José Carambia y Natalia Gadano) no avaló el paquete penal, que incluye juicio en ausencia y suba de penas por reincidencia y reiterancia.
Sin ellos, no hay cuórum posible, a no ser que el Gobierno acuerde con Unión por la Patria. Gadano le advirtió a Villarruel que sólo votará la suspensión de las PASO y, en tal caso, podría avalar la continuidad de las autoridades, que se elegirán el lunes 24, a las 14.
La vice cree tener consenso de la oposición para la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional. En UP no están interesados en dar esa pelea pero tal vez miren con lupa a su candidato a secretario administrativo, Emilio Viramonte, quien ocuparía el lugar de María Laura Izzo. Sin el peronismo, Villarruel sólo puede aspirar a tener los votos justos. No puede enojarse con nadie.
Izzo renunció por no querer firmar una tanda de despidos, que finalmente ejecutó el actual director de Recursos Humanos, Gonzalo Diego Izurieta, elegido por la vicepresidenta. En UP están buscando la forma de que este funcionario pague algún costo por su poder de decisión.
Ficha limpia se tratará el miércoles en comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y el destino, inevitable, es la sanción en marzo. El Gobierno maniobró en las sombras para demorar su tratamiento, pero no está dispuesto a bloquearlo para siempre.
Los partidos provinciales que tienen dudas, como los de Misiones y Santa Cruz, ya hicieron saber que no están dispuestos a arriesgar su reputación por este tema. Las ONG que promueven esta ley ya mostraron su poder de daño. Sólo el peronismo no les teme.