El viceministro toma el control de la agencia de recaudación tras poner un pie en Cancillería. Vida de country, timba financiera y vínculos con el agro.
Juan Pazo, el operador todoterreno de Toto Caputo
Toto Caputo, Juan Pazo y Daniel Funes de Rioja
Juan Pazo, el socio y operador todoterreno del ministro Toto Caputo, asciende en la escala de poder de la administración libertaria. A menos de una semana de poner un pie en la Cancillería como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, el viceministro pasó a ser el capitán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) del presidente Javier Milei.
El ascenso de Pazo se produce a raíz de la decisión presidencial de echar a Florencia Misrahi de la antigua Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Fuentes gubernamentales dejaron trascender que la salida de Misrahi fue a raíz de que la funcionaria se habría negado a una reducción salarial ordenada para los rangos jerárquicos luego del cambio de funciones y denominación de la agencia de recaudación.
La movida obligó también a que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reemplace a Pazo como colaborador de Gerardo Werthein en la Cancillería.
Pazo es una de las pocas personas que acompañó a Caputo cuando fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Desde hace 15 años el abogado comparte vínculos familiares, laborales y económicos con el ministro y se transformó en su operador principal en la política y los negocios.
Al regresar al quinto piso del Palacio de Hacienda, Caputo llevó a Pazo para que se haga cargo de la Secretaría de Industria y Desarrollo, que después mutó a Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo.
Pazo se encargaba de representar a su jefe en cuanto acto, reunión o almuerzo empresarial estuviera invitado y no podía asistir. Frente a las entidades rurales, las cámaras empresariales o a funcionarios libertarios, Pazo arenga la necesidad de que confíen en el rumbo económico.
Con la confianza que les da compartir la vida familiar y la crianza de sus hijos en Martindale Country Club, uno de los countries más tradicionales de zona norte, Caputo habilitó a Pazo a expandir sus redes de control en sectores del gobierno.
Antes de devenir en operador todoterreno, el ladero del ministro de Economía ocupó un lugar preponderante en Las Blondas, la compañía que explota las marcas Rapsodia, Punto Cruz, Caro Cuore y Baby Cotton. El grupo tiene como accionistas a la esposa de Pazo, Josefina Helguera de Zuberbühler, a Sol Acuña y a Francisco De Narváez.
En la cúpula de esa empresa, como encargada de Recursos Humanos figura también María Eugenia Oliver, esposa del ex titular de la UIF Mariano Federici, quien desde ese cargo investigó maniobras de presunta evasión tributaria de Las Blondas.
Tal como viene contando Letra P, los apellidos Caputo, Pazo y Federici coinciden en el fondo de inversiones agropecuario Invernea, en el que hijos y hermanos de los exfuncionarios macristas ocupan cargos directivos del emprendimiento fondeado inicialmente por empresas aseguradoras.
Pazo volvió a la función pública decidido a expandir su influencia sobre diferentes áreas de la cartera económica, incluso más allá. El primer movimiento fue colocar a una persona de su confianza en el organismo que manejó cinco años antes: la Superintendencia del Seguro.
Allí ubicó a Guillermo Plate, un funcionario que le responde y quien empuja una reforma del sector, pero que también generó inconvenientes en el mercado y en la política interna de La Libertad Avanza.
Atento a la importancia del sector agropecuario, Pazo también auspició la llegada de Sergio Iraeta como subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, puesto clave que subió al rango de secretaría tras el desplazamiento de Fernando Vilella.
El Abuelo Iraeta, como se lo conoce, es conocido tanto de Pazo como de Caputo, con quienes desarrolló estrategias de inversión financiera en el agro. De hecho, Estanislao Iraeta, el tercero de los cuatro hijos del funcionario ascendido, ocupa uno de los cargos principales en Invernea.
Pazo tiene también tiene interés en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo en el que ubicó a dos funcionarios de su confianza: la vicepresidenta Valeria Fredes y al jefe de la Unidad de Coordinación Financiera, Pablo Biggi.
El interés por controlar el INTI tiene como trasfondo un negocio que compartió durante la gestión macrista con otro exfuncionario del PRO, Ignacio Pérez Ribas, quien estuvo bajo la órbita del Ministerio de Producción durante la gestión de Francisco Cabrera y de Dante Sica. Juntos manejaron las autorizaciones para la importación de bienes de capital industrial que emite el INTI, una caja millonaria que ahora quiere hegemonizar Pazo.
Ambos heredaron el expertise de Diego Pérez Santisteban, el presidente de la Cámara de Importadores y padre del ex Cabrera Boy que sonó para ocupar la Aduana ya bajo dominio libertario. Más allá de su padre, Pérez Riba tuvo recorrido propio durante el macrismo y dejó su huella de gestión en varios escándalos.
Uno estuvo vinculado a la existencia de una supuesta red de corrupción con epicentro en lo que fue el Ministerio de Producción y Trabajo durante las gestiones de Jorge Triaca y Sica y que, según la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, generó retornos millonarios.
El movimiento implica al ex secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Producción Sebastián Bideberripe y a Rodrigo Sbarra, otro exfuncionario de Cambiemos apuntado por el descubrimiento de diez mil dólares en efectivo en la oficina que utilizaba.
En la presentación judicial, Bideberripe y Sbarra son considerados piezas clave de una "estructura corrupta para desviar fondos públicos" que tenía como cerebro a Pérez Riba y que operaba con dos mecanismos simultáneos de captación de recursos.
Uno era "el pago de facturas a proveedores privados, por bienes y servicios sobrefacturados o directamente inexistentes, que implicaban 'retornos' para la organización"; el otro, "la contratación (por parte del Estado) de personas que no cumplían funciones y entregaban el 70% de lo facturado a la organización".
En esta operación se enmarcaron los pagos millonarios a la consultora Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT), mediante contrataciones directas con las que se saltearon los procedimientos de transparencia establecidos por ley.
El caso se actualizó este año cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettobello ordenó sumarios y el despido de 13 funcionarios, por la sospecha de estar detrás de estos convenios poco transparentes. El escándalo no salpicó ni a Pazo ni a su círculo de confianza.