Javier Milei y Patricia Bullrich se estrellaron contra una jueza que desarmó la narrativa oficial y expuso la fragilidad de la teoría golpista del Gobierno.
Protesta y represión en la marcha de jubilados e hinchas (Foto Pilar Camacho)
El plan que urdió el gobierno de Javier Milei para presentar la protesta de este miércoles como una conspiración de jubilados y barrabravas kirchneristas para perpetrar un golpe de Estado falló al final, en el último eslabón, que fue un cabo suelto: un foco de Justicia independiente arruinó todo.
La jueza Karina Andrade resultó la aguafiestas inesperada. La titular del Juzgado N°15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que resolvió la situación del centenar de personas detenidas durante la represión del miércoles en las inmediaciones del Congreso y en otros sectores del centro porteño, desarmó en una resolución la narrativa oficial construida para desacreditar la protesta con la ayuda invaluable de las repetidoras mediáticas de la Casa Rosada y su ejército tuitero.
En su resolución, la magistrada, una mujer joven, de 42 años, sostuvo que las detenciones no fueron ordenadas para repeler un golpe de Estado, como sostuvo el coro libertario dirigido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todo lo contrario: determinó que las protestas fueron la expresión de "uno de los sectores más vulnerables del país, los adultos mayores", "en ejercicio de la libertad de expresión". Corta la bocha.
No conforme con esas aberraciones, que habrá aprendido en la Universidad pública de Buenos Aies, donde se formó y se habrá infectado de socialismo y boluprogesismo, Andrade abundó en conceptos que irritan las fibras más sensibles del Gobierno, como "derechos constitucionales fundamentales", "derecho a la protesta" y "democracia".
La jueza dejó en ridículo a Bullrich al advertir que las fuerzas de seguridad que participaron del operativo no aportaron "detalles sobre la hora y lugar" de las detenciones "ni sobre el delito específico que se les atribuía a los manifestantes", ninguno de los cuales, aclaró, estaba acusado de delitos graves, como portación de armas, lesiones o incendios a bienes públicos.
Andrade, que encima tuvo el mal gusto de coincidir con la vicepresdenta Victoria Villarruel, se metió en un lío grande: remó contra la corriente y ya soporta el acoso del Gobierno, que no tardó en tirarle los tanques encima con amenazas de desatar sobre ella una guerra total por tener el desatino de ejercer sus funciones como se espera de una magistrada en un Estado de derecho.
Una Justicia independiente... ¿a quién se le ocurre?