Así queda el país al desconocer las órdenes de captura libradas por el tribunal de La Haya contra el primer ministro de Israel, un extremista descontrolado.
Javier Milei y Benjamin Netanyanhu, en Israel.
Javier Milei insistió en los últimos días en su idea de fundar –acaso, liderar– una alianza de "naciones libres", lo que, traducido al castellano, significa "gobernada por ultraderechistas". La liga incluiría a la Argentina, a Estados Unidos, a Italia y a Israel.
En ese contexto, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió este jueves órdenes de captura contra el primer ministro ultraderechista del último de esos países, Benjamín Netanyahu, y quien era hasta hace poco su ministro de Defensa, Yoav Gallant.
El tribunal los equiparó con Mohamed Deif, un comandante de Hamás –difícilmente pueda ser capturado por haber muerto en julio en un ataque aéreo de Israel– como presuntos criminales de guerra y de lesa humanidad. Según el presidente argentino, el Gobierno desconocerá la medida, a pesar de estar obligado a respetarla y, llegado el caso de un viaje de los acusados al país, hacerla valer.
La orden limitará los movimientos internacionales de Netanyahu y Gallant, quienes deberían ser aprehendidos en cualquiera de los 124 países signatarios de la CPI y de su "constitución", el Estatuto de Roma, que vela por el imperio de los derechos humanos. Eso incluye a la Argentina, que entró al mecanismo en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, admirado por el paleolibertario por motivos seguramente ajenos a esa decisión.
Al revés, al no ser signatarios, no están forzados a cumplir las órdenes de esa alta corte Estados Unidos, Israel, China, India, Rusia, Ucrania, Catar y Turquía, entre otros países. Se trata de potencias que no quieren ninguna supervisión sobre la conducta de sus militares en el exterior.
Pese a que la ley lo obliga en contrario, el Presidente anunció de modo solemne, en nombre de la República Argentina, su desafío a la orden del tribunal y su desconocimiento del Estatuto de Roma, que tiene rango constitucional. Esto pone al país al margen de la ley internacional dado el carácter obligatorio de esas decisiones.
Al revés de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, la CPI actúa contra individuos específicos y no se limita a dirimir conflictos entre Estados.
Netanyahu y Gallant, además del islamista muerto, se suman a un grupo formado hasta ahora por el exdictador Sudán Omar al Bashir, el general libio Mahmud al Werfalli y el líder del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, Joseph Kony, quien secuestró a decenas de miles de niños que usó como soldados y esclavos sexuales.
El miembro más reciente de los buscados por la CPI es Vladímir Putin, acusado de crímenes de guerra por la invasión a Ucrania. El rusp no acudió a la Cumbre del Grupo de los 20 (G20) en Río de Janeiro y se hizo representar por su canciller para evitarle a Luiz Inácio Lula da Silva, su socio en los BRICS, el mal trago de hacerlo detener o de desobedecer a ese tribunal.
Lo de este jueves constituye un bochorno para un Estado como el israelí, que, pese a su falencias, constituye la única democracia de Oriente Medio y único lugar en el que, por ejemplo, las minorías de género pueden llevar una vida normal.
Pese a eso, el Estado judío está gobernado por un extremista que ha encontrado su razón de ser política, en el que tal vez sea el ocaso de su carrera, en una guerra librada sin piedad ni límites y en varios frentes.
La justificada reacción al ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamás el 7 de octubre del año pasado ha descarrilado y derivado en un castigo incesante sobre la población civil de la Franja de Gaza, donde las muertes superan las 43.000 de acuerdo con el gobierno ultraislamista de ese territorio. La ONU, impedida de operar libremente en el terreno, habla de millares de víctimas y afirma que el 70% son niños y mujeres.
Esa guerra se ha dado como uno de sus objetivos –además de eliminar a Hamás, acrónimo del Movimiento de ResistenciaI Islámica y, a la vez, palabra que significa "furor" en árabe– el vaciamiento poblacional del norte de la Franja, a modo de colchón de seguridad. Para buena parte del mundo y hasta para medios reputados de Israel, esto constituye una operación de limpieza étnica.
Israel, que además está trabado en una guerra intermitente y por ahora de baja intensidad con Irán –aspirante a potencia nuclear– y sus aliados Hizbulá de Líbano y los rebeldes hutíes de Yemen, alega su derecho a la autodefensa, aunque no puede explicar la masividad de los "daños colaterales" que ha infligido a una población indefensa, los abusos de sus soldados en casas de familia –filmados en muchos casos por ellos mismos– y los ataques con drones en dos fases, primero contra un objetivo inicial y luego para impactar a la multitud que acude al lugar. Sobre todo esto sobran las pruebas documentales.
Una curiosidad: Gallant viene de ser despedido por el jefe de Gobierno por su insistencia en que se investigue la omisión de los servicios de inteligencia israelíes en la previa del horroroso ataque del 7 de octubre del año pasado, que dejó 1.200 masacrados y el secuestro de 251 personas; en que la conscripción sea verdaderamente universal para enfrentar la guerra que podría arreciar con Irán y en apurar una salida negociada a la guerra en Gaza a través de un canje de los rehenes israelíes –aún 97, entre ellos, varios argentinos– por presos palestinos.
La idea de una liga de "naciones libres" viene complicada. Milei se la vendió a Donald Trump, pero no pudo articularla en la reciente reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), realizada en Florida, porque una colaboradora celosa del reloj le dijo que se había acabado su tiempo.
Se la repitió a Giorgia Meloni en Buenos Aires, a quien no debe haberle parecido mal, pero que acaso evaluó la conveniencia de callar en público en previsión de inconvenientes como el que se ha dado.
Milei, en cambio, no duda. Su creciente desapego por la legalidad refuerza la impresión de que está recorriendo aceleradamente el camino que va de la derecha radical a la extrema, alarmantemente desapegada de las instituciones.