El Consejo de la Magistratura porteño puso en marcha la selección de jueces y camaristas. El rol del ministro Gabino Tapia.
Tras años de negociaciones e intentos infructuosos, el gobierno de Jorge Macri se colgó una cocarda con la creación del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires. El Consejo de la Magistratura porteño inició el proceso de selección de jueces y camaristas que podría cambiar el juego de equilibrios en el mundo del trabajo.
El gobierno porteño y los sectores empresarios cumplirán en las próximas semanas un viejo anhelo que marcó picos de tensión en su relación con el peronismo, pero sobre todo con el mundo sindical. En diciembre pasado, la Legislatura aprobó la creación del fuero laboral local y de su propio Código Procesal Laboral. Ahora, el Consejo de la Magistratura porteño se dispone a poner en marcha la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires mediante el llamado a concurso de magistrados, fiscales y camaristas.
Desde su llegada al poder, el macrismo buscó modificar el equilibrio de poder en el mundo del derecho laboral para terminar con "la industria del juicio". De hecho, el propio Mauricio Macri cuando fue presidente llamó a "enfrentar a la mafia de los juicios laborales" que, a su entender, "destruye la generación de empleo futuro".
En diciembre pasado, la Legislatura porteña aprobó la creación del fuero laboral para la Ciudad de Buenos Aires con 30 votos a favor y 28 en contra. La iniciativa contemplaba la creación de diez juzgados del trabajo de primera instancia, con dos fiscalías y dos defensorías oficiales; una cámara de apelaciones con dos salas con tres jueces cada una de ellas y un fiscal y un defensor de cámara. Y un asesor tutelar de primera instancia y otro de cámara.
La creación del fuero coincidió con el fallo de la Corte Suprema que reconoció al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como la instancia superior de la justicia nacional en el ámbito porteño y le concedió el poder de apelación de las causas civiles, comerciales, laborales y penales de la justicia nacional ordinaria. De consolidarse esta jurisprudencia, los juicios laborales iniciados en la justicia nacional podrían ser resueltos en el ámbito porteño convirtiendo al nuevo fuero en el atajo hacia el viejo anhelo empresarial.
Sin embargo, el gobierno porteño prefiere encuadrar el movimiento en "un avance significativo hacia la autonomía plena de la Ciudad, equiparando su capacidad de autogobierno con la de las provincias en un área crucial como la justicia laboral". Además, considera que su funcionamiento "no solo beneficia a los trabajadores locales sino que también sienta las bases para un gobierno más independiente y eficaz en todos los aspectos de la administración pública".
Uno de los protagonistas excluyentes del proyecto fue el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien encabezó los equipos técnicos que trabajaron junto al Consejo de la Magistratura porteño para desarrollar la ingeniería institucional del nuevo fuero. De hecho, se encargó de transmitirle al órgano judicial que el Ejecutivo contaba con las partidas presupuestarias adecuadas para avanzar con el proceso de puesta en funcionamiento del fuero laboral local.
La cartera de Justicia considera que con la creación del fuero laboral porteño, los procesos judiciales que hoy pueden durar de cinco a ocho años se acortarán a la mitad o incluso menos, ya que los juicios que se tramitan en la justicia nacional "sufren demoras y complejidades en su resolución que afectan tanto los derechos de los trabajadores como de las empresas".