El Poder Judicial tendrá una cabeza trucha. "Nulidad constitucional absoluta e insanable". Inseguridad jurídica y capitalismo de aventureros: riesgo país.
Javier Milei
Javier Milei se ha definido como "un topo" deseoso de "destruir el Estado desde adentro". Tal vez el golpazo a la división republicana de poderes que acaba de concretar con la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema deba ser interpretado en esa clave.
Más que en una crisis política, la Argentina se arriesga a sumergirse en una crisis institucional.
Ante eso y ante pedidos de amparo contra los nombramientos del la polémica, la oenegé Red de Mujeres para La Justicia, compuesta por juezas de todo el país, pidió a la Corte que se expida con premura a través de un recurso per saltum sobre su validez o invalidez.
Mientras, el Ejecutivo se aferra a la idea de que la oposición legislativa no tiene ninguna herramienta para evitar que la Corte Suprema "funcione" durante meses floja de papeles. Falso: Juan Carlos Maqueda señaló en La Nación + que, si el Senado rechazara en cualquier momento los pliegos de los involucrados en la maniobra, ambos quedarían automáticamente fuera del alto tribunal. Si el Gobierno no reconociera esa eventualidad, se pondría cerca de la subversión del sistema.
"Exjuez K", definió Clarín a Lijo, como si la filiación política fuera un seguro de verdad o de engaño. Mejor es atender argumentos y el de Raúl Zaffaroni es pertinente.
"Los jueces de la Corte" –Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz– "van a firmar (sentencias) junto con personas que no están nombradas constitucionalmente, lo cual constituye para los que no están nombrados una usurpación de funciones", dijo el exmiembro del alto tribunal en radio AM 750. "Esto no pasó nunca. Nunca hubo en un gobierno constitucional, ni siquiera hasta 1955 con el gobierno de facto, que un juez de la Corte no cuente con nombramiento conforme al acuerdo del Senado", agregó.
"Puede representar sentencias nulas en algún momento. Es el colmo de algo que viene de hace tiempo, no de ahora, y no sólo responsabilizo a Milei de esto; a nadie se le ocurrió racionalizar la estructura del Poder judicial", cerró.
En la misma línea, Andrés Gil Domínguez dijo que "el decreto 137/2025 (…) es nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable y, además, inconstitucional por cuanto no se verifican las circunstancias excepcionales que la Constitución exige para el nombramiento de jueces en comisión".
"El efecto de una designación con estas características transforma a los comisionados por el Poder Ejecutivo en jueces de facto que dañan la legitimidad democrática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la independencia del Poder Judicial, la fuerza normativa de la Constitución, el funcionamiento del orden institucional y la plena vigencia del sistema democrático", advirtió.
Responsabilidades personales aparte, Zaffaroni y Gil Domínguez hacen señalamientos severos sobre la seguridad jurídica de la Argentina, algo que probablemente explique la decisión de la Corte Suprema de demorar por una semana la definición sobre la jura de los designados de facto y el pedido de licencia pedido por Lijo, avalado por la Cámara Federal, en contra de jurisprudencia existente. Es tal el jaleo en torno al decretazo y el plazo de un año por el que regiría su designación, que el juez federal teme, al final, quedarse sin el pan y sin la torta.
El oficialismo, que busca promover la inversión como motor de la economía nacional, se desinteresa de la seguridad jurídica. Atención: aunque por ahora sea por factores más ligados a la incertidumbre económica que a la político-institucional, el riesgo país refleja, día a día, un deterioro que preocupa. El estallido pleno de una crisis institucional, entonces, sumaría ruido a una situación precaria.
Así planteada, la revolución del mercado desatado desagrada al Círculo Rojo empresarial, según lo hicieron saber IDEA y AmCham a través de sendos comunicados de contenido sensible.
Por este camino, ¿qué clase de capitalismo le propone –le impone– Milei a la Argentina?
Mientras, legisladores, fiscales y jueces duermen la siesta ante la irregularidad de que uno de los hombres más poderosos del país sea un simple asesor sin firma. La cuenta de Twitter que se suele atribuir a La Sombra, Santiago Caputo, describió el decretazo supremo como "una obra de arte".
Cristina Fernández de Kirchner logró consenso –uno por lo menos– en el peronismo para rechazar los expedientes de Lijo y García-Mansilla, pero la idea no tiene por ahora plazo de concreción. Ese mismo sector se declaraba, hasta ayer nomás, dispuesto a tolerar el CV del primero a cambio de una invitación a repartirse una pizza con el Gobierno.
Mientras, el PRO criticó el decretazo, pero Mauricio Macri –responsable en 2015 de un avasallamiento equivalente, que no terminó de cometer porque el Senado se resignó a darle una pátina de legalidad al hecho consumado– no tiene idea de qué trozo de su partido es todavía suyo.
La crisis política e institucional se hará notar durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias que pronunciará Milei este sábado en prime time. El grueso del peronismo se ausentará y plantará en el recinto de la Cámara de Diputados a quien asumió el poder hablando de espaldas al Congreso. Se esperan también faltazos en otros bloques.
La república, entendida como la convivencia, articulación y control mutuo de los poderes del Estado democrático, está cerca de un quiebre peligroso.