Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda expusieron sobre la reforma del '94. El mano a mano con el gobernador. El after office transversal.
Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Jhon Boretto, Abel Sánchez Torres, en la firma de convenios entre la Corte Suprema de Justicia y la UNC.
Prensa Consejo de la Magistratura Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti reciben distinción de la Cámara Federal de Córdoba.
Prensa Consejo de la MagistraturaEl paso de tres de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia por la ciudad de Córdoba volvió a exponer algunas de las tramas sobre las que el poder político teje, y desteje, decisiones que suelen presentarse bajo pátinas de formalidad. En 24 horas, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda recibieron homenajes y reconocimientos con protocolares formas.
También escucharon, en primera persona, las inquietudes de la institucionalidad cordobesa, desde las autoridades políticas hasta los voceros de la Justicia Federal, pasando por la Universidad Nacional de Córdoba y dirigencia que mantiene gran peso en la escena, como el exgobernador Juan Schiaretti y el exdiputado Mario Negri.
El más destacado de tales encuentros vinculó a los cortesanos con el gobernador Martín Llaryora, al que adelantaron la decisión de convocarlo a una audiencia de conciliación con el gobierno nacional, antes de fin de año, para intentar resolver la disputa por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
La reunión de los tribunos con el gobernador se dio en la tarde del jueves, en un céntrico hotel de la capital, minutos después de finalizado el acto por el 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de 1994, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba, la UNC y la Federación de Colegios de la Provincia de Córdoba (Fecacor).
Además de entregar una placa a modo de presente, Llaryora, que acudió acompañado por el ministro de Justicia, Julián López, marcó presencia por fuera de las actividades oficiales, a las que sí asistieron hombres clave del Partido Cordobés: el intendente Daniel Passerini y el director del Banco de Córdoba, Juan Manuel Cid, un reconocido operador del peronismo en corrillos judiciales.
Horas antes los funcionarios habían tenido ya una respuesta acorde a la expectativa que precedió a la inclusión de los supremos. Distintos voceros les habían anticipado la decisión de la Corte de convocar a una instancia de mediación con el gobierno nacional, al que Córdoba reclama una suma de dinero que ya orilla los $500.000 millones, como último intento de evitar una resolución vía fallo.
Según la presentación de la Provincia, que iniciara Schiaretti en 2022 y se remonta al año 2019, el gobierno central ha incumplido sistemáticamente con la ley 2.022, que la obliga a enviar fondos para compensar déficits en que incurran las cajas previsionales no transferidas a la Nación. Sólo para los nueve meses de 2024 la deuda sería de $180.000 millones.
El cordobés no será el único gobierno provincial convocado. La citación será a todas las administraciones que hayan acudido a la máxima instancia judicial. Entre ellas destacan Santa Fe y Buenos Aires, con quienes Llaryora podría pergeñar una estrategia común.
Según fuentes extraoficiales, los tribunos remarcaron al gobernador la necesidad de acudir en instancia colectiva para reforzar su posición. También coincidieron en señalar como antecedente positivo al reciente acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por fondos detraídos de la coparticipación.
Durante su estadía, los tribunos tuvieron una recargada agenda. El primero en llegar fue Rosatti. El miércoles por la tarde, el recientemente reelecto como presidente del alto cuerpo hasta septiembre del 2027 presentó un libro de su autoría, titulado “Angelito”, en la Facultad de Derecho de la UNC.
El acto que fue conducido por el periodista Miguel Clariá, y prologado por el decano Guillermo Barrera Buteler, contó con personalidades de ámbitos académicos, vocales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, funcionarios y exfuncionarios.
Algunos de ellos repitieron presencia en los eventos del jueves, que giraron en torno a la conmemoración de la Reforma Constitucional de 1994.
Por la mañana Rosatti, también presidente del Consejo de la Magistratura, y el cordobés Maqueda, ministro decano de la Corte, fueron reconocidos por la Cámara Federal de Córdoba por su labor como convencionales hace 30 años.
Previo a una anunciada reunión de trabajo, en la misma sede de Tribunales Federales, firmaron convenios con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, y el titular de la mencionada Cámara, Abel Sánchez Torres.
Por la siesta, los cortesanos, a quienes se unió Carlos Rosenkrantz, participaron de una charla sobre la “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los 30 años de la reforma constitucional”, realizada en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNC.
Este espacio fue moderado por Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y contó con la participación del constitucionalista Antonio María Hernández.
Todos los mencionados permanecieron hasta la tarde, momento en que Rosatti, Maqueda y Hernández fueron también homenajeados por su rol como convencionales constituyentes, actividad que dio cierre formal a la jornada.
Al margen de la grilla protocolar, las autoridades judiciales tuvieron reuniones fuera de agenda. Tras el citado encuentro con Llaryora, se dirigieron a un coqueto hotel ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen, donde departieron con dos mojones de la política cordobesa, el exgobernador Schiaretti y el exdiputado Negri, quien aguarda su confirmación como integrante de la Auditoría General de la Nación.
Aunque no trascendieron pormenores del encuentro, allegados que dialogan con ambos dirigentes aseguran que abundaron las referencias a la situación política y económica del país.
Las mismas voces destacaron las muestras de cordialidad brindadas por todos los anfitriones. Aún aquellos que por un momento maquillaron internas, tal el caso de las representaciones gremiales de los abogados, atentas a sus nombres en las presentaciones.
A tales tironeos adjudican la decisión de Llaryora de promover un encuentro paralelo, a metros de las actividades oficiales, sin mayor exposición.