Quiere endurecer la ley que regula los DNU: que alcance con el rechazo de una cámara. Busca sancionarla este año. Antecedente PRO y peronismo incómodo.
Javier Milei, Presidente de la Nación.
Con el foco mediático puesto en el debate por el financiamiento universitario y el comienzo de las conversaciones por el Presupuesto 2025, la oposición discute por debajo del radar varios proyectos para modificar la ley que regula el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que apunta a limitar el poder de Javier Milei.
Desde que asumió el Presidente, la oposición presentó 14 proyectos para modificar la ley 26.122, que establece el régimen de tratamiento de los DNU. El primero ingresó el 26 de diciembre en el Senado, pocos días después de que Milei firmara el mega DNU 70/2023, un hito fundacional que dio la primera señal de cómo pretendía ejercer el poder y cuál sería la relación con el Congreso.
Con el correr de los meses, se sumaron otros proyectos que llevan la firma de diputados y senadores de la UCR, la Coalición Cívica (CC), el bloque Encuentro Federal y el peronismo. Todos apuntan a establecer tiempos razonables para el tratamiento de los DNU en el Congreso y a limitar su uso por parte del Poder Ejecutivo.
Como adelantó este domingo Letra P, la discusión de las iniciativas podría acelerarse en los próximos días en Diputados. Según pudo saber este portal, la oposición dialoguista quiere sancionar la nueva ley antes del fin del período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, para evitar que el Presidente abuse del uso de los DNU durante el receso legislativo.
En ese proceso trabajan los diputados Juan José López, de la CC, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, y legisladores radicales, quienes buscan articular con Unión por la Patria (UP). Tanto Agost Carreño como López son autores de dos de los proyectos presentados. Ambos coinciden en proponer en sus textos que “el rechazo por alguna de las cámaras del Congreso del decreto que se trate implica su derogación”.
Esta propuesta altera sustancialmente lo establecido en la ley 26.122, que fue sancionada en 2006, con Néstor Kirchner como presidente, e impulsada en el Congreso por Cristina Fernández de Kirchner, quien en ese entonces era senadora. De acuerdo con esa norma, la derogación sólo se alcanza cuando el DNU haya sido rechazado “por ambas cámaras”. Eso le da amplias facultades legislativas al Presidente. Como consecuencia de la ley 26.122, sigue vigente el DNU 70/2023, pese a que fue rechazado en marzo por el Senado.
Ahora, el peronismo que durante años defendió la letra de la ley impulsada por Cristina y bloqueó cualquier cambio, está dispuesto a modificarla para evitar el abuso de los DNU por parte de Milei. La contradicción no es solo peronista. Uno de los proyectos que se citan como antecedente de esta discusión fue presentado por la secretaria parlamentaria del PRO Silvia Lospennato, en 2022.
Lospennato impulsó entonces la misma iniciativa para limitar los DNU del expresidente Alberto Fernández. “Consideramos que exigir que las dos cámaras deban coincidir en una resolución de rechazo del decreto en cuestión se distancia de la voluntad del constituyente, el que dejó en claro el carácter excepcional de la atribución conferida al poder administrador”, dice en los fundamentos el proyecto de la diputada del PRO.
La decisión de acelerar el tratamiento de los proyectos que modifican la ley de DNU ya se debatió puertas adentro en el bloque Encuentro Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto. El presidente de la bancada pidió cautela para no entorpecer el debate por el Presupuesto 2025.
Pero otros diputados de su bloque tienen posiciones más duras y quieren avanzar en la sanción de la ley antes del receso. Ven con preocupación la decisión de Milei de gobernar “a fuerza de veto y DNU”, en abierta confrontación con el Congreso. De no tratarse antes del 30 de noviembre, el tema quedará recién para marzo de 2025.
Todo sucede mientras Diputados se dispone a llevar al recinto el veto a la ley de financiamiento a las universidades, este miércoles, que marcará un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Congreso.