El “aporte solidario” de Sergio Ziliotto renovó la guerra entre la Corte pampeana y el Colegio de Magistrados. Sanción sugestiva, aprietes y sospechas.
José Sappa, presidente del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa estuvo en un foro junto a Ricardo Lorenzetti antes de la acordada que determinó la obligación de aportar.
La novela del “aporte solidario” que comenzó en marzo con el anuncio del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ofrece nuevos capítulos y parece interminable: ahora hay una rebelión de la casta judicial contra el propio Superior Tribunal de la provincia, que en una acordada obligó al funcionariado a contribuir con su diezmo al fondo para paliar la emergencia alimentaria.
El máximo organismo judicial tomó la arriesgada decisión en forma unánime. Su presidente, José Sappa, le dio contenido y argumento político. El dictamen disparó, o renovó, una guerra entre el STJ y el Colegio de Magistrados y Funcionarios, que ya se había parado de manos contra la iniciativa y que refrescó esos planteos en la instancia previa a la definición.
Ahora se espera una disputa de apariencia interminable, con planteos administrativos y judiciales: además de que una porción de sus señorías se reviran contra la obligación del aporte del 10% de sus ingresos, hay una batalla de vieja data por los ingresos salariales y estalla a cielo abierto la interna que sacude al Poder Judicial y que enfrenta sobre todo a jueces contra fiscales.
En los días previos al acuerdo del STJ, Sappa había compartido encuentro, foto y conceptos coincidentes con Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema, en un foro patagónico que el pampeano preside.
Sappa es el funcionario judicial más poderoso de la provincia y el más político de los ministros del STJ. A la luz de que tanto funcionarios del Ejecutivo como del Legislativo pondrían un 10% de sus ingresos, logró unanimidad para sacar el aporte que impulsó Ziliotto: acompañaron la decisión Verónica Campo, Hugo Díaz, Eduardo Fernández Mendía y Fabricio Losi.
Lo hicieron a sabiendas de que iba a levantar polvareda. El que avisa no traiciona: el Colegio de Magistrados había enviado al STJ una nota en tenor similar a la que antes hicieron circular por el Poder Legislativo. Decía, entre otras cosas, que no había derecho a que se tocaran sus salarios “intangibles”.
El STJ desoyó esos planteos y ni siquiera convocó a un diálogo. El Colegio de Magistrados, que representa a unas 170 autoridades judiciales de las 300 alcanzadas por el diezmo obligatorio, tampoco tuvo suerte con el bloque oficialista ni con la vicegobernadora Alicia Mayoral: sólo la oposición les prestó el oído. También hubo algún contacto con el ministro de Justicia, Horacio di Nápoli.
Laura Torres es la presidenta del Colegio de Magistrados. Por ahora mantiene las formas, pero analiza el modo de recurrir la decisión. Es posible que la semana que viene haya novedades sobre un amparo colectivo con medida cautelar, con intervenciones individuales y no con el Colegio como actor. Empezará un eterno recorrido para que alguien se haga juez de ese expediente, ya que no podrán intervenir integrantes del Poder Judicial y habrá que salir a la búsqueda de conjueces.
Un argumento a mano para cuestionar la competencia está en la jurisprudencia pampeana de hace algunos años, cuando los jueces reclamaron incrementos salariales y el STJ dejó en claro que no era el organismo destinado a adoptar esas decisiones. En este caso es el mismo que obliga al descuento para el aporte. El Ejecutivo, en el proyecto original, simplemente había “invitado” a ese gesto.
Magistrados y funcionarios plantean que además de que sus sueldos son “intangibles”, no hay plata: en los últimos nueve años, dicen, sufrieron un atraso salarial notable respecto del Ejecutivo y el Legislativo. Según los números que maneja la organización, un juez camarista percibe un sueldo de unos $3 millones mensuales. El Colegio afirma que La Pampa, en comparación con el resto de las provincias, siempre estuvo entre los puestos 9 y 11 del ranking salarial y ahora está en el lugar 16.
Jueces y juezas vieron sus sueldos congelados en 2020 durante la pandemia y tuvieron en 2021 un incremento inferior al de los trabajadores del sector, situación que se repitió en los años siguientes.
La agrupación también reniega porque no hay un ámbito específico para la discusión salarial. Toda esta problemática fue planteada en años anteriores y hubo en diciembre de 2023 una cumbre para tratar profundamente el tema, que quedó encajonado. Después apareció la idea del aporte y por eso jueces y juezas salieron con patada voladora contra el proyecto de Ziliotto al que se plegó el STJ.
El Colegio de Magistrados, además, tiene sus sospechas. Como ya explicó Letra P, creen que el juego al anticipo que hizo la Asociación de Fiscales fue una operación para meterles presión y ponerlos en la mira. En la organización interpretan que entre fiscales y STJ los quieren poner en contra de la comunidad, estigmatizando su falta de sensibilidad y empatía en un momento de crisis.
Desde la vereda Superior, la acordada apuntó: “El Poder Judicial tiene la responsabilidad institucional de no desentenderse de la problemática económica y social que afecte a la sociedad en cada momento histórico, acompañando el esfuerzo realizado por los demás poderes del Estado en iniciativas concretas destinadas al bien común; tal como ya hizo en oportunidades anteriores”.
Hasta los legisladores nacionales del peronismo de La Pampa (Varinia Marín, Ariel Rauschenberger, Daniel Bensusán) anunciaron, aún sin invitación, que harán su aporte. También se sumó el senador radical Daniel Kroneberger. Sólo hubo resistencia libertaria y del sector financiero: a la amenaza del Banco Nación se sumó el amotinamiento de la banca privada.
Tras su foto con Lorenzetti, Sappa chicaneó con sutileza: “Hay que realizar acciones que acrecienten la legitimación social del Poder Judicial, la cual se alcanza no sólo con el cumplimiento acabado del mandato constitucional relativo a la correcta prestación del servicio de justicia; sino también con la realidad de actos concretos que contribuyan al bienestar de las personas que integran la comunidad”.
Y hay más: la presidenta del Colegio, Torres, fue notificada justamente el último martes de una sanción que se le aplica por el retardo en la resolución de algunos expedientes como jueza de cámara. Esa causa interna lleva largo tiempo y parece sugestivo que se haya conocido tan luego esta semana en que los distintos sectores del Poder Judicial tiraron al máximo de la cuerda.