Con el reclamo social golpeando a los municipios, JxC cedió y la Legislatura salió de la parálisis. La aprobación de la emergencia alimentaria, contrarreloj.
Poli Altolaguirre, jefe del bloque de la UCR de La Pampa, esta vez eligió el cuórum: logró sostener la unidad con el PRO, pero no con Comunidad Organizada. Foto: www.radiokermes.com
Los unos y los otros: el bloque peronista impulsa el proyecto para afrontar la emergencia alimentaria en La Pampa, la oposición duda y cuestiona, pero al menos este jueves dio cuórum.
Alicia Mayoral, vicegobernadora de La Pampa: si el proyecto logra tratarse y hay un empate, como se presume, ella define a favor del oficialismo.
Intendencias de distintos signos políticos amanecieron este jueves con el hambre golpeando en los despachos oficiales y la oposición que integran la UCR y el PRO, bajo presión, terminó dando cuórum y abrió la puerta a la colectora que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sacó de la galera para financiar la emergencia alimentaria.
Fue una jornada convulsionada en la política provincial, con sindicatos y organizaciones sociales llevando su reclamo hasta la Cámara de Diputados y teléfonos rojos entre las intendencias opositoras y sus bloques legislativos.
El 20 de agosto las familias más vulnerables de la provincia esperaban el pago del Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE), pero ese dinero no apareció porque las partidas se agotaron: el descontento y la angustia se hicieron sentir en los despachos comunales.
Desde General Acha, Victorica, Intendente Alvear, Ingeniero Luiggi y otras comunas gobernadas por la oposición sonaron las exigencias para que los bloques legislativos se pusieran “a la altura de las circunstancias”, según la expresión educada que eligieron en los municipios.
Ese tironeo dentro de Juntos por el Cambio, entre legisladores e intendencias, llegó a su punto culminante. Se cortó la cuerda y la Legislatura salió de una parálisis que ya era puro costo. Por eso este jueves, al fin, hubo cuórum, pero con otras condiciones: el oficialismo no incluyó en el temario el polémico "impuesto a la riqueza" original, pero sí pidió que ingresara la idea alternativa que en la semana presentó Ziliotto. Se espera el tratamiento en la próxima sesión.
Los partidos de Juntos por el Cambio se sentaron en sus bancas y abrieron la puerta a su tratamiento. El tiernismo de Comunidad Organizada insistió en el faltazo, para mostrarse en una vereda extrema de la oposición y de paso tender más puentes con el espacio libertario.
Antes, la angustia estalló en los despachos municipales, sobre todo de las comunas más pobladas en manos de la oposición. En la oesteña Victorica, Hugo Kenny tuvo que salir de apuro a comprar alimentos. En la norteña Ingeniero Luiggi que gobierna Gustavo Salvadori, unas 150 personas fueron a la sede municipal a preguntar por la mercadería. La intendenta Agustina García, en Intendente Alvear, tuvo que dar respuestas similares.
En la sureña General Acha, gobernada por Abel Sabarots, la secretaria de Desarrollo Humano, Mirta Scheffer, recibió más de 70 mensajes y llamados en su celular personal pidiéndole fondos para la comida. Se ocupó de aclarar que todas esas comunicaciones fueron con educación y sin enojo. También disparó sobre sus correligionarios. “No dar cuórum puede ser una herramienta válida, pero no se puede usar indefinidamente, sin razonabilidad o sin tener en cuenta el contexto general que vive la sociedad, por ahí pasan la bronca y la angustia. A veces hay cosas que impiden ver la realidad, es algo que debiéramos ver quienes estamos en el Estado”, afirmó.
A la UCR y el PRO se les cayó el argumento de la “inconstitucionalidad”: decían que el “aporte solidario” implicaba la creación de un nuevo gasto e impuesto, y que eso necesitaba de una mayoría especial. Como la propuesta alternativa está incluída en un recálculo presupuestario que sólo precisa mayoría simple, esa polémica salió de la cancha.
El nuevo escenario no implica que Juntos por el Cambio vaya a acompañar la nueva iniciativa. Tanto Hipólito Altolaguirre, jefe del bloque de la UCR, como María Laura Trapaglia, presidenta del bloque del PRO, dijeron que se siguen oponiendo al aumento de la alícuota de Ingresos Brutos que pagan los bancos, que saltaría del 8,75% al 15,47%. Ese incremento sería transitorio, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.
A esta altura, el oficialismo tampoco persigue un aval opositor a su propuesta, sino que simplemente haya cuórum, aunque voten en contra. Como hay 15 bancas del peronismo y 15 de otros partidos, la paridad sería desempatada por la vicegobernadora Alicia Mayoral y los fondos para la emergencia alimentaria se harían realidad.
El RAFE es una herramienta que el gobierno de La Pampa armó para que unas 10.000 familias más vulnerables tengan acceso a más alimentos. Provee, mediante la tarjeta alimentaria, los recursos que le faltan al núcleo familiar para superar la línea de acceso a la canasta básica alimentaria. Es un cálculo entre los ingresos y la línea de acceso.
El gobierno la implementó cuando la indigencia llegó a un nivel récord en el aglomerado Santa Rosa-Toay, al superar el 16%. También inició su propia medición de ese tipo de índices, con la creación del Índice de Vulnerabilidad Social.
La deuda que tiene la Nación por más de $60.000 millones, el ajuste y la devaluación se deglutieron las partidas previstas para ese programa, unos $13.500 millones. A esta altura del año, la provincia había previsto atender esa demanda con el fondo especial (el “aporte solidario obligatorio” o "impuesto a la riqueza"), que hace seis meses se empantanó en la paralizada Legislatura provincial porque el rejunte opositor no coincide con el modo de financiarlo.