Lo planteó en su presentación a la justicia electoral para formalizar el partido. Además, busca eliminar tribunales no penales y separar religión y Estado.
Javier Milei con Romina Diez, la encargada de institucionalizar el sello La Libertad Avanza en Santa Fe.
El trámite de reconocimiento de La Libertad Avanza como partido en Santa Fe ya da que hablar. La tropa de Javier Milei, liderada por Romina Diez, presentó su declaración de principios y sus bases de acción política en la justicia electoral con propuestas más que llamativas.
La intención de lograr el reconocimiento partidario se inscribe en la estrategia diseñada por Karina Milei. El Jefe, en su debut como armadora política, se lanzó a la misión de lograr el sello propio -llamado obviamente La Libertad Avanza- en varios distritos del país como paso previo a conseguir el sello nacional. Cuenta con la colaboración del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y su primo Lule Menem.
Esa tarea ya le trajo problemas en Córdoba, con una presentación judicial que disputa el nombre. En Santa Fe también hubo ruidos pero en el plano político: la interna del oficialismo nacional en la provincia encuentra a la mayoría de las tribus internas desconfiando de Romina Diez, la diputada encargada de instrumentar los deseos de los hermanos Milei en la provincia.
Como requisito para el reconocimiento partidario, los apoderados Marcos Peyrano y Juan Pablo Montenegro presentaron ante la justicia electoral la declaración de principios de La Libertad Avanza. Allí, los libertarios hacen propia la definición de liberalismo de Alberto Benegas Lynch (h) que tanto usó en campaña el Presidente: “Sostenemos el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”.
Además, se declaran orientados a promover “los derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad”, algo que “ningún partido político defiende”. Para los libertarios, “la única función del gobierno debe ser la protección” de dichos “derechos fundamentales” y de “la libertad de realizar toda interacción voluntaria y pacífica”, para lo cual, el Estado tiene que tener una “estructura mínima indispensable”. Se comprometen, entonces, al “pleno respeto de las libertades individuales y a ser un partido que no ceda en sus principios para contentar a posibles aliados”. Teléfono para el PRO.
Otra definición ideológica establece “que el orden espontáneo que surge de la libre interacción de los individuos es superior a cualquier forma de organización y planificación estatal”, por lo que quieren “mantener un gasto público mínimo que permita reducir drásticamente los impuestos creados para sostener las políticas estatales” y repudian “la amenaza o el uso de todo medio de coacción que implique la violación del derecho a la propiedad privada”.
Sin embargo, lo más llamativo surge a medida que se avanza en el texto. En el apartado de “libertades individuales”, los libertarios sostienen que prohibir “el uso y comercio de sustancias de consumo” es violar “derechos inalienables de cada individuo” y por eso proponen “despenalizar el consumo y la producción de sustancias destinadas al consumo y uso recreacional”, lo que significaría legalizar el mercado completo de todo tipo de drogas.
Paradójicamente, hace unos días el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el gobierno nacional revisará los requisitos de inscripción para el Registro de Productores de Cannabis medicinal, ya que “en la gestión anterior se emitieron más de 90 mil certificados sin diagnósticos basados en evidencia científica”, lo que “está desvirtuando el espíritu de la ley”
Como si fuera poco, quienes pretenden constituir La Libertad Avanza en Santa Fe remataron que “la prohibición y la guerra contra las drogas solo han generado mafias, corrupción y el cercenamiento de las libertades individuales”. Una declaración que bien podría integrar la plataforma de partidos de izquierda o progresistas, que históricamente denunciaron la política estadounidense de “guerra contra las drogas” en el continente a través de la DEA -la agencia estadounidense de lucha contra las drogas- entre otros organismos de ese país. Lo llamativo es que esa es precisamente la línea de trabajo del gobierno nacional y su principal referente en Argentina es Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei.
Otra de las ideas que figuran en el documento presentado en la justicia electoral es una reforma judicial que cambiaría el paradigma de la administración de justicia en la provincia. Los libertarios conciben el derecho “como el resultado de un proceso espontáneo que surge de la interacción libre de los individuos, regido por el principio de la ley natural” y consideran que entenderlo como “emanación voluntaria del poder político es una actitud nociva para la libertad”.
En ese sentido, creen que “el Estado debe tener la función de asegurar la certeza del derecho” pero consideran que no hay impedimentos para que “la tarea de resolver conflictos intersubjetivos de intereses, salvo en materia penal”, sea llevada a cabo “por particulares, asegurando siempre un mecanismo absolutamente transparente en el que se respete la plena igualdad de trato entre los litigantes”, por tribunales que sean “judiciales o arbitrales”, pero siempre “privados”. Es decir, se eliminaría el fuero civil y comercial como lo se lo conoce hoy en día, por ejemplo, al igual que todos los tribunales no penales del Poder Judicial.
Los libertarios propusieron también una reforma del artículo 2 de la Constitución Nacional, que impone el sostenimiento por parte del Estado del culto católico apostólico y romano. “Promovemos la separación total entre el Estado y cualquier confesión religiosa”, dicen. Se trata de otro postulado históricamente promovido por el progresismo. En este caso, además, tendría una zona gris en torno a la relación del propio Milei con el judaísmo, dado que desde que es presidente su simpatía por esa fe religiosa se entremezcló de forma recurrente con su investidura. Ha usado fondos públicos para viajar a ceremonias privadas de esa religión a las que fue invitado, e incluso logró que su rabino personal sea designado embajador en Israel.
De las bases de acción política presentadas también surgen ideas que acarrean polémica: dicen promover “la ciencia, la cultura y el deporte” por el aporte que hacen a “la contención, el desarrollo y el crecimiento de los individuos y comunidades”. Se trata de tres áreas que motivan fuertes críticas al presidente Javier Milei tras ser víctimas del paso de la motosierra, que desfinanció y causó despidos, por ejemplo, en el CONICET, el ENARD o el INCAA. En varios casos la acción del gobierno se orienta a la eliminación de institutos y organismos que fomentan y financian estas actividades sin una política de reemplazo específica para cumplir con los objetivos y principios como los que postula LLA de Santa Fe.