Guillermo Plate está en el ojo de la tormenta apuntado por las empresas, pero también por su jefe, Juan Pazo. Reforma y contrarreforma del mercado del seguro.
Las aseguradoras de riesgo de trabajo critican la actuación del superintendente Guillermo Plate
Las principales empresas aseguradoras del mercado de riesgos del trabajo (ART) se encuentran en estado deliberativo y piden la cabeza del superintendente del Seguro, Guillermo Plate, quien también recibe fuego amigo de la mano derecha de Toto Caputo. La inacción en la justicia y la desidia de la gestión, en el centro de la escena.
Las principales ARTs le enviaron un mensaje unívoco al gobierno de Javier Milei: resuelven los reclamos del sector o el mercado va a la quiebra en el corto plazo. El ultimátum surgió de un encuentro de las cuatro principales prestadoras de seguros de riesgos de trabajo que apuntan contra el superintendente Plate como el responsable de la crítica situación.
Representantes de Galeno, de Julio Fraomeni; SMG, de Claudio Belocopitt; y Prevención, de Sancor Seguros, se reunieron la semana pasada para trazar una hoja de ruta común frente a lo que consideran una "crisis terminal". Los empresarios apuntan contra Plate por no resolver dos demandas históricas: la actualización del mecanismo de cálculo de indemnizaciones por discapacidad y el cumplimiento de la restricción del ingreso de nuevos prestadores al mercado.
Las aseguradoras exigen poner en funcionamiento la reforma del sector aprobada en 2017, que implica la creación de una Junta Médica Forense para determinar la gravedad de las lesiones de las personas aseguradas. Desde hace cuatro años, el presupuesto contempla una partida para financiar esa nueva unidad.
En la actualidad, el dinero que percibe el trabajador es establecido según el criterio de cada perito del juzgado laboral. Ese mecanismo es discrecional ya que el monto que fija es el que define sus honorarios. Según los empresarios, esa acción desvirtúa las indemnizaciones y profundiza la judicialización de los casos. En este punto, los abogados de las aseguradoras reclaman también que fijen topes, o "racionalicen", las indemnizaciones por daño psicológico que, aseguran, es el atajo para para abultar los montos de resarcimiento.
En paralelo a la creación del cuerpo médico forense, el decreto de 2017 ordenaba que esas juntas se replicaran en cada provincia para descentralizar y agilizar los procesos, algo que no ocurrió y por cuya demora apuntan contra Plate. Siete años después de los cambios, ocho provincias siguen sin contar con las juntas médicas locales, lo cual vuelve a remitir los procesos a la justicia nacional.
Además de las críticas de los empresarios, que esta semana volverán a reunirse, Plate también empezó advertir que el descontento surge desde las entrañas mismas del Gobierno; en particular, de quien lo llevó a ocupar la Superintendencia del Seguro, Juan Pazo. Miembro de la mesa chica del ministro de Economía y promotor de su desembarco en el organismo, el dos de Caputo cuestiona -frente a quien quiera escuchar - a su discípulo porque entiende que desarrolla una política errática y contradictoria al proyecto que tiene para el sector.
Como informó Letra P, Pazo busca reformatear al sector del seguro y en particular el de las ARTs, para ordenarle mediante la reducción de empresas prestadoras. Por orden de ese funcionario, en marzo de este año la Superintendencia introdujo nuevos requisitos en las condiciones contables de las empresas que operan este tipo de servicios y modificó la fórmula para calcular la reserva por juicios a futuro sólo para las compañías nuevas. En la práctica, reduce la cantidad de jugadores en el sector.
La semana pasada, Plate desandó ese camino definido por la cúpula de Economía y actuó a contramano cuando habilitó a Paraná Seguros a jugar en ese mercado y le amplió la operación a Horizonte Seguros. Sin embargo, lo que más ruido provocó por la falta de seriedad fue la inhibición de bienes dictada contra la alemana HDI, una de las compañías más grandes del mundo, y de la división de riesgo de trabajo de SRG, por mostrar un déficit marginal en su capital.
La medida mantuvo su curso a pesar de que ambas empresas informaron que contaba con los mecanismo adecuados de capitalización, la Superintendencia ejecutó esa medida extrema que afecta la reputación de las compañías. A 48 horas de aplicar la inhibición, Plate dejó sin efecto la medida, lo que agitó una serie de interrogantes sobre su actuación.