La legisladora quedó involucrada en una nueva aventura delictiva del operador del PJ Guillermo Kraisman. Cautela interna. La pelota, en la cancha judicial.
Nadia Fernández, legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba, involucrada en una contratación pedida por Kraisman.
La vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba, Nadia Fernández, quedó expuesta al conocerse que dio de alta el pliego de contratación de Virginia Martínez, la “empleada fantasma” del recinto y dueña del DNI con el que el histórico operador del PJ, Guillermo Kraisman, intentó cobrar un sueldo. Sin embargo, desde el Panal confirman que su cargo no corre riesgo.
Pese al sacudón mediático y político en un año electoral, la representante del peronismo en la Legislatura continuará frente a la vicepresidencia. "El tema está en la Justicia gracias a que saltaron todas las alertas estatales", indican desde el oficialismo al recordar que fue un empleado del banco provincial quien detectó la maniobra fraudulenta del dirigente.
Kraisman ocupó cargos públicos en las gestiones de José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y de Daniel Passerini. Fue el intendente de la capital quien le dio de baja tras un episodio de robo en un supermercado.
Desde el oficialismo legislativo ven las dos caras de la moneda ¿La virtud? El contrato se firmó conforme a derecho. ¿El pecado? Que Fernández haya accedido al pedido de Kraisman: contratar a Martínez.
La maniobra del también exconcejal capitalino y Luciana Castro, entonces directora del Polideportivo Social de barrio Ituzaingó, no pasó desapercibida como un mero hecho policial. Ambos se presentaron en enero de este año en un banco con precisas y non sanctas intenciones: extraer el salario de un tercero (Martínez) por una caja de la sucursal.
Castro y el “ladrón de bondiolas”, que ya cuenta con varios antecedentes policiales y judiciales, están imputados e investigados por el fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, de tentativa de estafa y defraudación a la administración pública.
Chats entre ambos peronistas, al que accedió el periodista Juan Federico, revelan que Kraisman envió a Fernández los datos personales de Virginia Martínez, incluyendo dirección, teléfono, CBU, nombre completo y CUIL.
Martínez fue dada de alta el 1 de diciembre del 2024 como empleada de la Legislatura. Un mes después, el 8 de enero, al no haberse presentado a su lugar de trabajo, Martínez fue dada de baja. Ambos trámites fueron autorizados por la legisladora Fernández, del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba.
Fernández negó que haya habido “ocultamiento” y enfatizó que aportó pruebas a la Justicia. “No hay ánimo de ocultar nada, siempre en mi persona prevaleció y con mi equipo llegar a fondo y dejar que el proceso judicial y que el fiscal trabaje tranquilo. Siempre estuvimos a disposición de la Justicia. No hubo una empleada fantasma”, dijo a La Voz.
La oposición, esta vez, también confía en la Justicia para develar el misterio de la contratada fantasma. Tras conocerse que la mujer de la polémica fue empleada de Fernández, varios voces de la oposición manifestaron su opinión a Letra P. Uno de ellos fue el legislador de Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda, quien señaló: “No me sorprende”.
A continuación, el exrepresentante de la Coalición Cívica en Córdoba, consideró que “la transparencia y la institucionalidad son las principales falencias del Partido Único Cordobés. Lo sostenemos desde hace años y quedó evidente ayer con la reforma artera del reglamento por segunda vez en menos de un año. Tienen una concepción totalitaria del poder”.
Por su parte, desde la Unión Cívica Radical, Matías Gvozdenovich, indicó que “lo importante es que está investigando la Justicia y pronto habrá resultados porque los medios de comunicación están teniendo información. Nadie sabía quién era la contratada, ahora se sabe”. Aliviado, siguió: “El problema con la Justicia lo tiene el peronismo, no nosotros”.
El kirchnerista de Creo en Córdoba, Federico Alesandri, dijo: “Yo conozco a cada contratado que tengo. Y me hago responsable por cada uno de ellos. Veo que en general es un gobierno que tiene muchos problemas. Y uno de los problemas es este”.
Desde el MST en el FIT Unidad, Luciana Echevarría señaló que al no tener acceso al expediente “tenemos que ser prudentes”. Sin embargo, consideró que “a priori hay algo reprochable a la legisladora, a su bloque político y a las autoridades actuales de la Legislatura de no haber dicho nada hasta el momento. Si no tenés nada que ocultar, apenas se desató el escándalo, lo lógico hubiera sido que salgan a aclarar. Es un elemento a tener en cuenta de cómo se manejan”.
Nancy Almada, del Frente Cívico manifestó que “la investigación que se está cursando debe seguir adelante”. La juecista consideró que “la transparencia y el acceso a la información pública es un derecho de los cordobeses. Todos los cordobeses tenemos derecho a saber en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos por lo tanto creo que los medios y la justicia deben pronunciarse defendiendo los derechos que no se cumplen tanto en la provincia como en el municipio”.