Agitará la bandera de la gestión para distanciarse de Javier Milei. Postulará el apoyo a la gobernabilidad, pero pedirá cuidar a la provincia. Los anuncios.
Martín Llaryora en la apertura de sesiones ordinarias del 2024
Martín Llaryora iniciará el 147° período ordinario de la Legislatura de Córdoba este sábado. El acto será en el Centro Cultural de de Deán Funes, ubicada 120 kilómetros al noroeste de la capital. Será la primera vez, en casi 180 años de existencia del Poder Legislativo, que la apertura de sesiones se realice fuera del recinto de la llamada Unicameral.
La locación elegida no sólo causó sorpresa en una provincia donde poco se admite la primacía de miradas centralistas. Dando también por iniciado el año proselitista, el oficialismo y la oposición sostuvieron duros cruces en la previa, cuyas repercusiones trascienden un simple evento administrativo.
Llaryora sabe que no será un ciclo fácil. Con el año electoral de frente deberá revalidar su propuesta ante un electorado que banca a Javier Milei a nivel nacional, pero que no retacea su apoyo a las políticas marcadas por un Estado presente que promueve el cordobesismo.
Se espera que en su discurso el gobernador anuncie un “importante plan de desarrollo” para el norte y el "sur-sur" provincial, amén de destacar el valor institucional de trasladar al pleno del poder político a un sitio infrecuente. El gobernador volverá a apostar a la gestión como valor diferencial de la política de ajuste libertaria. El apoyo a la estabilidad argentina será parte central del discurso, pero hará fuente hincapié en la necesidad de "cuidar Córdoba" en ese camino.
Sin grandes precisiones, se especula con obras viales, un nuevo hospital regional y la confirmación de la construcción de un hotel para la ciudad de Cruz del Eje, en el que funcionaría un nuevo casino, parte del rediseño del juego en Córdoba. También se descuentan anuncios en materia de obra pública, tan cara al Partido Cordobés, al sur de la provincia. "Queremos poner en valor al interior", afirman desde el Panal.
Además, se espera la enumeración de una retahíla de obras para el cordón boreal, en marcha o inauguradas durante el pasado año en las sucesivas visitas de Llaryora, la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo. Serán parte de esa lista las escuelas PROA, una universidad provincial y un Centro Cívico en Cruz del Eje, la pavimentación de caminos y rutas provinciales, inversión en salud y acceso a agua potable.
La presentación tendrá un marco histórico. La federalización de la administración provincial es una de las banderas que empuña el cordobesismo desde que José Manuel de la Sota asumiera la gobernación en 1999 y lanzara su “plan de desarrollo del noroeste”. A partir de entonces, sucesivos programas, también bajo administración de Juan Schiaretti, han acercado obras y una, aún insuficiente, integración.
Con tales antecedentes, la zona ha sido fiel al peronismo en las últimas décadas. En los comicios de 2023, se impuso en cinco de los siete departamentos que lo integran. Rotunda fue la diferencia en Ischilín, cuya cabecera está en la mencionada ciudad.
Pese al reconocimiento de un relativo progreso, el norte es la región en que predominan indicadores económicos inferiores a la media provincial. Más árida y menos fecunda que el productivo este, el atraso en su desarrollo es un eje de cada campaña a la gobernación.
Lo sabe y lo remarca la oposición, que vio en la convocatoria a Deán Funes la oportunidad de reprochar carencias a la sucesión de gobiernos cordobesistas.
La primera en levantar su voz fue la legisladora Nancy Almada, juecista de pura cepa, representante del Frente Cívico de Luis Juez en el interbloque de Juntos por el Cambio, quien consideró a la movida como “un gasto innecesario”.
Considerando como mero marketing político la decisión, destacó precisamente que en los siete departamentos del norte hay pueblos sin acceso al agua potable y con un insuficiente servicio eléctrico.
Las réplicas no tardaron en llegar. Autoridades municipales de la región repudiaron las palabras de Almada y le adjudicaron “desconocimiento del interior”. Con articulado ritmo, definieron como “un hito histórico” la puesta en agenda política de “la región olvidada”.
Desde la cúpula del Partido Cordobés leyeron las alocuciones de Almada como la expresión de una posición ideológica que considera como "gastos innecesarios" las inversiones del Estado en zonas de escasa "rentabilidad asegurada". Dicha posición, entienden, se ajusta al discurso de motosierra y achique que proclama la administración de Javier Milei.
Necesariamente, tal consideración ubica a la legisladora como parte del juego de Juez, a quien ven en plena disputa con Rodrigo de Loredo por calzar el traje de representante oficial del “león” para las próximas elecciones provinciales.
“Juez al que responde esta legisladora, y De Loredo están en una carrera muy anticipada para ser el candidato a gobernador de Milei. En esta pelea no quieren decir nada respecto a las decisiones del presidente que afectan a todos los cordobeses. Nunca le dijeron que mande la plata para la Caja de Jubilaciones, que mande la plata de los subsidios del transporte, que no desatienda la obra pública nacional. Están tan encarnizados en que Milei los elija. Piensan en sus candidaturas, aunque falten tres años para las elecciones”, fustigó el legislador Miguel Siciliano en diálogo con Radio Universidad.
Las palabras del jefe del bloque oficialista en la Legislatura, uno de los nombres que suenan para la lista de candidatos a diputados, marcaron el punto más álgido de las críticas hacia el juecismo.
La unificada reacción, denunciada como violenta por el Frente Cívico, también permitió al Partido Cordobés jugar otra ficha en su intento por marcar diferencias con el gobierno nacional, pero sin posicionarse como adversarios del Presidente.
Por un lado, las voces cordobesistas repitieron que el rol indelegable del Estado es llevar soluciones a lugares donde los privados no manifiestan interés. Por otro lado, reiteraron su deseo de ser una opción de oposición razonable.
“Nuestro partido está dispuesto a acompañar al presidente en las cosas que son necesarias. Pero tenemos un límite: le vamos a decir al Presidente cuando vemos que algo le hace mal a Córdoba”, destacó Siciliano, aferrado a la bandera de federalismo que ya flamea en los escarceos de campaña.
Paralelamente, por debajo de esta discusión, avanza una investigación judicial de consecuencias insospechables aún. La causa abierta contra el operador peronista Guillermo Kraisman, quien intentó cobrar un cheque de una mujer que fue empleada de la Legislatura, ha puesto bajo sospecha decenas de contratos de personal que responderían a favores políticos. Aunque la conducción de la Legislatura optó por blanquear todos los vínculos, como primer paso para su control, las acusaciones de corrupción también auguran chispas para el año parlamentario que arranca el sábado.