Tras paralizar dos loteos en Funes por no tener impacto ambiental aprobado, la provincia va por más. Críticas a la gestión anterior y mensaje político.
La foto que viralizó el gobierno de Maximiliano Pullaro. Se trata del desarrollo Damfield y la represa del Arroyo Ludueña tras una semana de lluvias en marzo de este año.
Maximiliano Pullaro abrió otro frente. Esta vez, contra los desarrollos inmobiliarios irregulares. Con dos decretos, ordenó paralizar las obras de sendos barrios cerrados ubicados en Funes y apuntó contra la gestión de Omar Perotti que le dio autorizaciones a uno de ellos. En el gobierno avisan que van por más y preparan un reglamento.
Los dos countries alcanzados por la medida del gobernador de Santa Fe -llamados Estancia Damfield y La Reserva- tienen algo en común que los puso en la mira: se construyen en la cuenca del Arroyo Ludueña, en un área definida como “zona inundable”, en donde construir puede generar “potenciales daños ambientales” y “riesgos para quienes allí construyen”. Ninguno de los desarrollos tiene la evaluación de impacto ambiental aprobada y allí radica la razón de la paralización.
En los decretos, Pullaro fue por todo. No solo ordenó paralizar las obras, sino que instruyó a Fiscalía de Estado a evaluar “la pertinencia de iniciar las acciones judiciales que correspondan en tutela de los bienes colectivos y de los derechos de incidencia colectiva”, incluso de índole penal para el caso de que se considere la posible comisión de delitos. Además, dispuso que se notifique a todos los municipios y comunas que forman parte de la cuenca del Ludueña de la decisión adoptada. Ambas decretos llevan la firma de todo el gabinete, una señal política indiscutible.
En el caso de Damfield, el desarrollo inmobiliario ha tenido algunos avances, por lo que el gobierno provincial puso el foco sobre la gestión anterior que lideró Perotti y señaló que los avances se hicieron sin cumplir con la normativa vigente. En ese sentido, se entiende el artículo del decreto que instruye a Fiscalía de Estado a avanzar en el plano judicial. "La justicia tendrá que investigar si hubo o no corrupción. Nosotros hicimos todos los informes", dijo el ministro de Ambiente Enrique Estévez en declaraciones a Cadena 3.
Según lo relatado en el decreto, el emprendimiento se ubica en “el vaso de la presa retardadora del Arroyo Ludueña”, es decir, en la “zona de descarga de buena parte de la cuenca del Ludueña”. El trámite de autorización de nuevos loteos allí, entonces, se rige por normas provinciales especiales, no solo por su condición de área inundable, sino también por su ubicación en dicha cuenca.
Estancia Damfield, según se explica en el decreto, no cumplimentó con los requisitos exigidos por la normativa vigente en el trámite iniciado en la secretaría de Recursos Hídricos. Sin embargo, se le otorgó un primer certificado, que no implicaba autorización para comenzar las obras. Para eso, necesitaba una segunda aprobación y, lo más importante, la evaluación de impacto ambiental. Al presentar la solicitud del segundo certificado, la secretaría de Recursos Hídricos informó que estaba esperando un estudio del Instituto Nacional de Aguas que, al día de hoy, no llegó.
Tras ese freno, Damfield presentó una ampliación de una solicitud de factibilidad hídrica en otro expediente correspondiente a un terreno lindero. Otra vez, según surge del relato del gobierno provincial, se le otorgó un primer certificado a pesar de que este expediente contaba “con más irregularidades” que el anterior. Como si fuera poco, en el primer expediente, tan solo seis días antes de las elecciones en las que resultaría electo gobernador Maximiliano Pullaro, se le otorgó el segundo certificado, por lo que solo quedó a la espera de la evaluación de impacto ambiental.
Con todo, el desarrollo aún no estaba autorizado para comenzar las obras. Sin embargo, una inspección realizada por los Ministerios de Ambiente y de Obras Públicas en febrero de este año constató que los trabajos estaban en marcha, por lo que se lo intimó a suspenderlos. Un mes después, al no frenar los trabajos, se ordenó un proceso sancionatorio que desembocó en la paralización de las obras ordenada en el decreto. Además, tanto en Damfield como en La Reserva, la Provincia investiga el hecho de que ya estaban siendo comercializados.
En el caso de La Reserva, el proceso fue más claro. El desarrollo está ubicado al lado de Estancia Damfield, sobre la Ruta 34S entre Funes y Pérez. Dos inspecciones del Ministerio de Ambiente -una en agosto del año pasado y otra hace quince días- constataron movimiento de suelo y construcción de reservorios sin que haya sido presentada la evaluación de impacto ambiental en el gobierno provincial. La Reserva, incluso, no tiene aprobada la prefactibilidad municipal, a diferencia de Estancia Damfield. Ante esa situación, Pullaro también decidió paralizar la obra.
Un párrafo del informe de la Secretaría de Recursos Hídricos receptado en los fundamentos de ambos decretos explica el problema de fondo: “La cuenca de aporte del sistema del Arroyo Ludueña, no se trata solamente de una zona con amenaza de inundación, sino que se trata de un territorio afectado a un embalse, destinado al almacenamiento temporario y lento drenaje para atenuación de las crecidas, afectado explícitamente para que se inunde y donde los procesos hidroambientales son mucho más complejos”.
Más allá de las cuestiones técnicas, la medida activó las alarmas en Funes. La ciudad vivió un proceso de crecimiento vertiginoso en el último lustro, motorizado principalmente por la inversión privada. Su intendente, Roly Santacroce, fue uno de los alcaldes más cercanos y mimados por el exgobernador Perotti durante su temporada en la Casa Gris. Ahora, como contó Letra P, coquetea con ser candidato a diputado el próximo año representando a los intereses del gobernador cordobés Martín Llaryora. Enrique Vallejos, su par de Reconquista, es su ladero en esa empresa.
Tras ganar la intendencia de Funes en 2019, Santacroce impulsó una nueva ordenanza de “mejor aprovechamiento urbanístico”, similar a la que ya se aplicaba en Rosario. Ese nuevo sistema le permite a la Municipalidad solicitar un desembolso en concepto de plusvalía urbana -calculada a partir del valor del metro cuadrado construido o del costo fiscal de la tierra- a cambio de autorizar nuevos desarrollos inmobiliarios. Normalmente, se le solicita a los privados que se hagan cargo de obras de infraestructura de manera directa, simplificando los procesos.
Esa caja, que de acuerdo a algunos cálculos superó los US$15 millones en su primer mandato, le permitió a Santacroce inundar de obra pública a la ciudad, logrando por amplio margen su reelección en las elecciones del año pasado. Ahora, el funense busca posicionarse como una opción opositora a Unidos para Cambiar Santa Fe y, por eso, endureció su discurso contra el gobierno provincial. En ese marco, la decisión del gobierno provincial no cayó bien en el Ejecutivo funense porque “va a frenar todas las inversiones”, como le dicen a quien quiera oir, aunque aún no se expresaron on the record.
En el gobierno provincial avisan que van por más. Cranean algo así como un reglamento para desarrolladores inmobiliarios, una “ventanilla única” que ordene el proceso -entienden que hoy los inversores tienen que iniciar varios trámites simultáneamente en distintas oficinas- y que, a su vez, permita simplificar su control para evitar que los emprendimientos que no tienen los papeles en regla avancen o sean comercializados. La iniciativa aún está en etapa de diseño pero se espera que en pocas semanas vea la luz.