El proyecto radical logró respaldo del PRO y del oficialismo. Pero el rionegrino reemplazó a la cordobesa Torres e impidió el despacho. Acusaciones a Llaryora.
Martín Tetaz, a cargo de la comisión de legislación de Trabajo, durante el fallido intento de limitar el poder de la CGT.
La CGT volvió a ganar una batalla en el Congreso: una maniobra del diputado Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, bloqueó el dictamen del proyecto para reformar la ley de asociaciones sindicales. La iniciativa recorta el poder de los gremios al impedir el cobro compulsivo en los recibos de sueldo y desregular las obras sociales. Ya no podrá tratarse este año.
El debate se realizó durante el segundo semestre en la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical Martín Tetaz, quien tenía el despacho listo desde hace un mes, cuando no pudo presentarlo por resistencia de La Libertad Avanza.
Este martes, el oficialismo había aceptado aportar sus cinco rúbricas, pero no alcanzó. El texto sólo obtuvo 15 firmas de las 31 que tiene la comisión. La decimosexta iba a ser la de la cordobesa Alejandra Torres, de EF, pero a último momento fue reemplazada por Pichetto, quien llegó con la misión de salvar a los gremios. El otro representante de ese bloque en la comisión fue el sindicalista Jorge Ávila, de Chubut. Tampoco firmó.
En el bloque explicaron que Torres estaba de viaje, pero no faltan sospechas: es la esposa del exjefe de la ANSES mileísta, Osvaldo Giordano, y en las últimas sesiones se movió como una oficialista más. El jefe de la UCR, Rodrigo De Loredo, vinculó la ausencia de la diputada al gobernador, Martín Llaryora.
Rápidos de reflejos, en Unión por la Patria vieron el escenario y no presentaron un despacho de minoría. El reglamento es claro: si la mitad más uno de los miembros no firman al menos un dictamen, ninguno es válido. Fue lo que ocurrió. “La mayoría de la gente quiere la democratización sindical. Lamentablemente no alcanzaron los números en esta oportunidad”, reconoció Tetaz.
El diputado de Encuentro Federal fue el artífice de la caída del dictamen y mostró una coordinación con José Palazzo, el diputado de UP y líder del gremio de Bancarios.
“Nosotros no presentamos ningún dictamen. Tiene que juntar 16 firmas”, le dijo Palazzo a Tetaz. En verdad, el diputado había acercado un borrador, pero pidió a sus pares no estampar sus nombres. Pichetto ya había justificado su posición y recordó los cambios a la legislación laboral que se lograron en la ley Bases.
“Vengo a plantear mi rechazo. Este Congreso ha hecho un refuerzo extraordinario, con el abordaje de las primeras relaciones laborales. Hemos eliminado las multas, extendido el período de prueba e incorporado el sistema voluntario (cese laboral). Son tres elementos muy importantes”, argumentó.
Pichetto consideró que “para abordar este tema no alcanza con el debate parlamentario. Hay experiencias de gobiernos que fueron frustrantes. Basta recordar la ley Mucci que fracasó en la primera salida del Gobierno de (Raúl) Alfonsín con esta cuestión”, adujo.
De Loredo le salió al cruce y luego siguió el debate en las redes. “En Argentina tenemos sindicalistas ricos con trabajadores pobres. Gremios que manejan cajas millonarias y sindicalistas que llevan gobernando sus gremios 50 años ininterrumpidos y más de una decena que gobiernan hace 30 años. A la par, tenemos la mitad de los trabajadores argentinos en la informalidad, y de ellos, en 2023, casi el 60% eran pobres. El empleo privado está estancado desde hace años”, reprochó.
Por el bloque PRO avaló la reforma Germana Figueroa Casas. La Libertad Avanza no tuvo oradores. Fue necesario otro cambio: el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, sustituyó a Pablo Ansaloni, quien proviene del gremio de Uatre. Ninguno quiso decir nada y vieron caer el dictamen sin molestarse.
El dictamen que no llegó a tratarse significaba un fuerte recorte al poder de los sindicatos, porque regula su financiamiento y los mandatos de los dirigentes. No habilita la reelección, obliga a tener representantes de la minoría y cupos de género en las comisiones directivas.
El golpe más fuerte a la caja de los gremios que tiene el proyecto consiste en prohibir los aportes de los trabajadores de manera compulsiva. En la actualidad, los sindicatos están habilitados a aplicar descuentos en los recibos de sueldo y sólo deben suspender esos cobros si hay un pedido formal, que casi nunca ocurre.
El dictamen buscaba revertir el proceso y que sólo puedan existir descuenta con un consentimiento previo. En la UCR aseguran que el descuento compulsivo es la principal fuente de financiamiento de los gremios.
En cuanto a las obras sociales, el dictamen caído contemplaba la libre elección, con la posibilidad de desviar aportes. También obliga a los sindicalistas a presentar sus declaraciones juradas y faculta a la secretaría de trabajo a intervenir a los sindicatos que no cumplan con las reglas. No pudo tratarse.