La tropa riojana de Lule Menem desembarcó en Vialidad Nacional. Freno a la cesión de las rutas que reclaman las provincias. La presión de Toto Caputo.
La tropa de Lule Menem para el área de obras públicas
Captura de redesLos acuerdos que el gobierno de Javier Milei suscribió con la mayoría de las provincias para transferirles la terminación de las obras públicas paralizadas por la motosierra, van camino a quedar en la nada. Uno de los motivos, el desembarco del team menemista en Vialidad Nacional que pone el freno a la cesión de las rutas que reclaman los gobernadores.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los gobernadores firmaron 21 convenios-marco con el fin de traspasar las obras viales y proyectos de infraestructura y viviendas que el ministro de Economía, Toto Caputo, ordenó suspender. Más allá de las promesas oficiales, ninguna de las iniciativas se concretó y tampoco existen señales políticas y presupuestarias que indiquen que puedan activarse durante el próximo año electoral.
De acuerdo con los datos oficiales, las provincias iban a hacerse cargo de un paquete de 914 obras de distinta magnitud y avances, que representaban el 33% del total de los contratos de obras públicas que interrumpió la administración mileísta.
Inicialmente, esos acuerdos buscaban beneficiar políticamente a las dos partes. En el caso de los funcionarios nacionales, iban a servir para sacarse de encima las obras públicas, recortar gastos y alcanzar el superávit fiscal.
Aun a costa de tener que utilizar parte de sus recursos presupuestarios para la reactivación de los trabajos en sus territorios, a los gobiernos provinciales les permitiría mostrarse proactivos frente al problema del desempleo y tener una bandera política para las próximas elecciones.
El pase de las obras públicas nacionales a las provincias quedó trabado por tres cuestiones. La primera, Caputo intentó realizar cambios en los acuerdos a través de una cláusula adicional para que las administraciones provinciales se hagan cargo de las deudas con las constructoras, a las que no se les paga desde el último trimestre de 2023.
Según los números de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la deuda de la Nación por las facturas no abonadas desde el año pasado supera los $400.000 millones. De este total, los certificados atrasados de las obras a transferir que Caputo quiso endosarles a las provincias rondaban entre los $150.000 y los $170.000 millones.
Los gobernadores respondieron a la jugada de Caputo advirtiendo que no era lo pactado y que tampoco contaban con fondos para afrontar esos pagos.
La segunda razón que obstaculizó los convenios fue la decisión reciente de la Casa Rosada de avanzar en la privatización de la empresa Corredores Viales, que opera y mantiene las rutas nacionales más transitadas del país con cobro de peajes.
En los documentos firmados con los gobernadores había tramos de rutas nacionales muy deteriorados que iban a ser transferidos a las provincias de Córdoba y Santa Fe. Ahora, el nuevo esquema licitatorio para privatizar a partir de diciembre Corredores Viales contiene todas las trazas de las rutas nacionales que estaban en juego con las provincias.
El tercer factor fue el cambio de mandos en Vialidad Nacional. Tras la renuncia de Raúl Bertola a principios de julio, el organismo vial fue copado por nombres que responden a Lule Menem, el subsecretario de Gestión Institucional y hombre de confianza de Karina Milei.
Al frente de Vialidad, el riojano puso a Marcelo Campoy, quien ya ocupó esa silla en el último tramo del gobierno de Carlos Menem. Junto con Campoy llegaron a la primera línea ejecutiva Osvaldo Fuentes y Víctor Farre.
A este team riojano también se sumó la coterránea Emma Albrieu, una histórica de la repartición que recuperó protagonismo desde la Gerencia de Planeamiento y Concesiones.
La conducción neomenemista logró frenar la cesión de las rutas que reclamaban las provincias y evitar, al menos por ahora, una desintegración de la red federal que está a cargo Vialidad Nacional.
Con las primeras partidas presupuestarias que habilitó Caputo, la gestión riojana comenzó a reactivar una serie de obras y tareas de mantenimiento que estaban más atrasadas. Con la mira puesta en la pelea electoral del próximo año, la movida principal se focalizó justamente en la provincia de La Rioja, donde menemistas y libertarios buscan desplazar a Ricardo Quintela.
A eso se agregó la reactivación de 15 frentes de trabajo para conservación de calzadas y arreglos de puentes y banquinas en diversos tramos de rutas que pasan por Jujuy, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego.
El proyecto de Presupuesto 2025 que comenzó a tratar la Cámara de Diputados contempla una mejora sensible en los fondos disponibles. Frente a una inflación anual estimada del 18,3%; la partida para Vialidad tendría un salto en términos nominales del 68% y se ubicaría unos puntos arriba de la marca de 1 billón de pesos.
Mientras tanto los cuestionamientos por el deterioro de las rutas presiona al equipo de responsables del área. En Entre Ríos, la Cámara de Senadores aprobó una ley que le exige a Vialidad el arreglo inmediato de más de 300 kilómetros de la autovía del Mercosur, que dejó abandonados la concesionaria privada CRUSA.
El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa decidió encarar por su cuenta la reparación de los ocho kilómetros de la ruta que une la ciudad con el puente internacional con Brasil y pasarle la factura a Vialidad, junto con una demanda penal contra las autoridades por no atender los reclamos por el estado del camino.