Hace trascender que Javier Milei nombraría por estas horas a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Raro: el primero ya dijo que así no.
Ariel Lijo avisó que no acepta ser nombrado por decreto.
Javier Milei.
Parece el cuento de la buena pipa: después de negar un nombramiento por decreto la semana pasada, al plantear un plan B para anticipar que se caería la sesión prevista en el Senado, ahora la Casa Rosada afirma que Javier Milei retomó su idea de designar a través del boletín oficial al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema.
Lo llamativo es que el escenario no cambió para el magistrado: como contó Letra P, Lijo tiene el apoyo del peronismo en la cámara alta (su pliego obtuvo dictamen a diferencia de García-Mansilla), por lo cual su entorno remarcó ante este medio este mismo martes que no desea ser nombrado por decreto. ¿Por qué? La designación es por un año (un periodo de sesiones del Congreso), por lo cual el año que viene el Senado podría dejarlo directamente sin trabajo: para asumir como cortesano, incluso por decreto, debería renunciar al juzgado.
A pesar de eso, luego de tirar el reciente plan B a la basura (Santiago Caputo puso sobre la mesa cinco nuevos nombres como alternativa), este martes una fuente oficial, que está detrás de las negociaciones por los pliegos con la oposición en el Senado, deslizó que Milei podría firmar por estas horas los nombramientos y que serían publicados este miércoles en el boletín oficial.
Hace meses que la Casa Rosada insinúa que, si no había acuerdo en el Senado, el Presidente firmaría ambos nombramientos, a pesar del escandaloso antecedente de Mauricio Macri, que tuvo que dar marcha atrás con las designaciones de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que meses más tarde fueron aprobados por la cámara alta. Desde el Ministerio de Justicia, que manejan Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio (que reporta a Caputo), no respondieron las consultas de este medio.
La negociación parlamentaria quedó en el freezer la semana pasada, luego de que el oficialismo levantara la sesión prevista para tratar ambos pliegos, como parte del temario de extraordinarias. Lijo llegaba avalado en comisiones, pero García-Mansilla nunca logró reunión los votos para el dictamen. El apoyo del Unión por la Patria al juez, que alimentó un sinfín de versiones de acuerdos entre la Casa Rosada y Cristina Fernández de Kirchner, estaba condicionado: el PJ avisó que si hay decreto, votaría remover a Lijo de la Corte en cuanto pudiera.
La propuesta que en la Casa Rosada sostienen que analiza Milei junto a sus asesores legales contribuye a desviar la atención política sobre el escándalo de los criptoactivos que todavía lo tiene como protagonistas. De hecho, a su regreso de Estados Unidos, mientras el Gobierno buscó instalar la gira como un éxito, exhibiendo las fotos con Donald Trump y Kristalina Georgieva, numerosos medios de comunicación internacionales se hicieron eco del caso $Libra.
El Gobierno siempre tuvo en carpeta la posibilidad de nombrar a ambos candidatos por decreto, en caso que la oposición no le preste los dos tercios de los votos que se necesitan para aprobar sus pliegos, aunque eso signifique reversionar de alguna manera una maniobra de Macri, que en sus primeras semanas en el poder popularizó la designación de jueces por decreto y, tras un gran revuelo político negativo, dio marcha atrás.
Fue por este antecedente, y para intentar darle sustento político e institucional a la decisión, que Milei le encomendó a la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, que consiguiera el marco teórico necesario para sostener el decreto. La asesora legal estrella de Caputo se agarró de una extensa jurisprudencia nacional y norteamericana sobre la materia, con citas de Bartolomé Mitre, Nicolás Avellaneda e, incluso, Abraham Lincoln, tal como reveló este medio.