La ley antimafia fue sancionada con dos votos peronistas. Podrá haber detenciones por 48 horas. También es ley el proyecto para terminar con la puerta giratoria.
Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich logró sacar provecho de las sesiones extraordinarias, que finalizaron esta semana. Este jueves, con dos votos claves de Unión por la Patria, el Senado sancionó el proyecto que le asigna amplias atribuciones para combatir el crimen organizado, conocido como ley antimafia.
La cámara alta también convirtió en ley el aumento de penas por casos de reincidencia y reiterancia, para evitar lo que se conoce como puerta giratoria. Para ambos proyectos, el oficialismo logró respaldo de todo el campo dialoguista del Senado, que incluye al PRO, la UCR, Provincias Unidas y todos los partidos provinciales.
Para la ley antimafia la ayuda de UP fue decisiva. Al momento de votar había dos radicales ausentes (Rodolfo Suárez y Daniel Kroneberger) y era necesario que alguien de UP colaborara, porque de lo contrario se caía la sesión. Hubo dos dirigidos por José Mayans que saltaron el cerco: el santafesino Marcelo Lewandowski y la jujeña Carolina Moisés.
El periodista se sentía presionado porque la ley tiene como objetivo el combate al narcotráfico. Moisés está en una situación similar pero, además, es una de las referentes de la línea disidente del bloque, que entre otros reclamos tiene el de apoyar el pliego de Ariel Lijo para la Corte.
La grieta en UP quedó a la vista porque, durante la votación de la ley antimafia, el resto del bloque se levantó y los dos dos conversos quedaron expuestos. En el caso del aumento de penas, UP aceptó las subas por reincidencia pero no por reiterancia, aunque en este caso, también, Moises se desmarcó y votó con el oficialismo y los dialoguistas.
La ministra logró avanzar con una parte de su paquete de proyectos, que tiene otros trabados en las comisiones de Diputados, como la baja de la edad de imputabilidad.
La ley antimafia tiene como objetivo combatir las organizaciones criminales en cada uno de los componentes y surgió como una herramienta para enfrentar el narcotráfico. "Está ley va a ser fundamental, porque va sobre cada eslabón de la cadena y es lo importante", sostuvo la santafesina Carolina Losada, de la UCR.
El kirchnerista Lewandowski, también de Santa Fe, no quiso ser menos. "Voy a acompañar esta ley para otorgar una herramienta más para combatir el delito. Tenemos la necesidad de pacificar los barrios, pero también tiene que haber igualdad de oportunidades en la educación y el trabajo", señaló.
Con la idea de castigar a quien participe de una organización delictiva, se contempla una prisión de entre 8 a 20 años a quien forme parte de la misma y se aplicará la pena correspondiente al delito más grave de los que hayan cometido. La norma menciona cómo organizaciones criminales integradas por grupos de tres personas o más que “durante cierto tiempo en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas”, y tengan “el propósito de cometer delitos especialmente graves”.
Una de las razones del rechazo de UP son los delitos incluidos. Sólo incluyen el lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro y la trata de personas, entre otros. La Fiscalía, las procuradurías y el Ministerio de Seguridad quedan facultados para pedir una investigación especial.
“Todos queremos terminar con las mafias, con el contrabando, con las mafias que tienen que ver con la evasión impositiva. Con el manejo de las criptomonedas y las estafas que se hacen con eso”, ironizó Oscar Parrilli, de UP, quien pidió sin éxito sumar delitos como el contrabando y la evasión impositiva.
El capítulo más polémico del proyecto es el que suma facultades para combatir el crimen. Se le otorga amplias prerrogativas a “las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad” para determinar una "zona de investigación especial", en la que pudiera actuar una asociación ilícita. Deberán trabajar en forma conjunta y respetando las competencias.
Las fuerzas federales quedan autorizadas a detener a una persona por 48 horas por averiguación de antecedentes de cualquiera de los delitos enumerados como partes de una asociación ilícita, siempre con "autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente".
La otra ley sancionada modifica los artículos 50 y 58 del Código Penal para agilizar los procesos judiciales y fue dictaminado por las comisiones de Justicia y Legislación Penal.
La reincidencia considera agravante la doble condena, sin tomar en cuenta si cumple penas de prisión. Se habilita a la unificación de condenas, que podrá surgir como la suma de las penas impuestas. Parrilli pidió sin éxito que esa aritmética no contemple los delitos culposos.
La reiterancia es lo más polémico y en Diputados fue rechazada por un sector de la oposición dialoguista, que consideró que no es parte del código procesal argentino.
Hasta ahora, los únicos motivos para determinar la cárcel durante el proceso son riesgo de fuga y de entorpecimiento de la causa. Con esta ley, se sumarán como posible excusa para la privación de la libertad los antecedentes de delitos similares cometidos, con una simple imputación, sin considerar las condenas.
"No podemos seguir permitiendo la puerta giratoria, delincuentes que entran y salen. Si se escucha a los argentino, deberíamos aprobar esta ley", sostuvo Ezequiel Atauche, jefe del bloque LLA. Parrilli avaló el capítulo de reincidencia pero consideró excesivo el de reiterancia y dio un ejemplo. "El Presidente, si es imputado por el caso de criptomoneda, podría ser detenido, porque ya tiene un antecedente", advirtió.