El nuevo directorio de la empresa detectó una suma de irregularidades que salpican al jefe de Obras Sanitarias. Desidia, negocios y superpoblación de parientes.
Silvio Barrionuevo, el sindicalista de Obras Sanitarias apuntado por Maximiliano Pullaro.
El primer proyecto de Maximiliano Pullaro que fue aprobado únicamente con votos de Unidos para Cambiar Santa Fe en la Legislatura fue el de declaración de emergencia en Aguas Santafesinas. Con esa herramienta, el directorio de la empresa inició un operativo para acorralar la influencia de Silvio Barrionuevo, el poderoso cacique del sindicato de Obras Sanitarias.
Barrionuevo, además de ser secretario general, es director obrero de ASSA. Comanda un gremio de mucho peso, “acostumbrado a cogobernar la empresa”, cuentan en el directorio presidido por Anahí Rodríguez. “El combo de ineficiencia y atraso tarifario nos hundía en el déficit: la recaudación cubría un décimo de los costos operativos”, detallan. La Casa Gris fue pragmática a la hora de retomar el control político: se sentó a negociar agitando la posibilidad de la privatización.
Con esa estrategia, el gobierno provincial logró que las medidas que acotaron el poder del sindicato no despierten una resistencia incontrolable. Hasta se notó en las declaraciones de Barrionuevo durante la última discusión paritaria: “Somos conscientes de que la provincia tiene dificultades financieras”, concedió quien viene de ser candidato a diputado en la lista que encabezó Alejandra Rodenas.
Hijo del legendario Oscar “Rabanito” Barrionuevo, Silvio es el heredero de una hegemonía que controla los hilos del gremio sanitario desde hace más de cuatro décadas. Su padre le legó el cetro gremial hace dos años, afectado por problemas de salud. La transición no fue sencilla, dado que tuvo que enfrentar la rebelión de uno de sus primos, Omar Guevara, quien también formaba parte de la conducción y presentó una lista disidente por primera vez en 40 años.
Aunque salió triunfante, la disputa expuso a Barrionuevo porque incluyó -además de denuncias cruzadas por amenazas- una acusación de malversación de fondos sindicales con el objetivo de enriquecerse. El patrimonio del secretario general y un negocio inmobiliario con un terreno de 14 hectáreas a la vera del Río Paraná propiedad del sindicato -que fue aprobado en asamblea según Barrionuevo- quedaron bajo la lupa de la Justicia. La causa incluyó allanamientos en la sede del gremio y hasta en un coqueto barrio privado de Funes.
Cuando estalló el conflicto con su primo, Barrionuevo apuró las elecciones y, tras sortear un intento judicial de suspender los comicios, se impuso en las urnas. No es extraño que la disputa por el control del gremio involucre a dos familiares. En el directorio calculan que unos 450 empleados tienen parentesco o vínculo con la conducción del gremio. “Prácticamente, toda la planta sub-40 les responde”, dimensionan.
En el directorio dicen que, al asumir, encontraron “desidia”. Relatan que había empleados “que hacían picnic” en la empresa, que no había disciplina y que se hacía un pésimo uso de los bienes. Citan como ejemplo el caso de un empleado al que descubrieron yendo al casino con la camioneta del trabajo. En otra situación, sancionaron a otro obrero que había adoptado la costumbre de irse unas horas antes: en su descargo, adujo que se iba “a merendar”.
“Hubo una conducción política ausente y teníamos que tomar el toro por las astas”, cuentan. Decidieron suspender los nuevos ingresos y las promociones; mandaron a revisión unos 150 pases a planta permanente; redujeron la cantidad de cargos con respecto a lo presupuestado; extremaron los controles en las horas extras -”había personas con cuarenta por día”-; eliminaron las guardias pasivas que cobraban casi todos los empleados; y redujeron el ausentismo, recuperando unos quinientos días de trabajo.
El ahorro se extremó en todos los aspectos. Por ejemplo, se dieron de baja unos doscientos celulares, que representaban casi cincuenta millones de pesos al año. También se le puso tope al uso de combustible y se extremó el control de geolocalización de los vehículos. Los contratos que abonaba ASSA también fueron renegociados: por ejemplo, se ahorraron casi doscientos millones que se usaban en la tercerización de servicios y alquiler de móviles con una cooperativa en particular que en el directorio relacionan con el sindicato.
La última decisión que tomó el equipo liderado por Anahí Rodríguez es en la que vislumbran la primera hipótesis seria de conflicto: avisaron que no pagarán un premio “a la eficiencia y productividad” que los empleados cobran en dos cuotas anuales desde que la empresa se estatizó, en 2007. Son $2.8 millones de básico más la antigüedad que el directorio no abonará amparado en la emergencia declarada. Es un ahorro de cuatro mil millones de pesos.
La tensión constante entre el directorio y el sindicato tiene un objetivo: que el monto de ahorro en costos operativos sea similar al crecimiento en la recaudación por el reajuste tarifario. Rodríguez y su equipo sostienen que ambos rondan los veinte mil millones de pesos, por lo que lo están cumpliendo. Así, pasaron de que por cada peso que se recaudaba el tesoro provincial tenga que aportar nueve a que la relación esté cinco a cinco. Antes de fin de año esperan terminar de revertir la tendencia y encarar finalmente al equilibrio, al que esperan llegar a fin de 2025.