El decreto para flexibilizar el canje de bonos fue incluido en el temario de la sesión de la semana que viene. Fuerte presión a los gobernadores.
Javier Milei junto a gobernadores.
Javier Milei tiene decidido cancelar la negociación con los gobernadores para reactivar obras públicas en el Presupuesto 2025 si la Cámara de Diputados rechaza el martes el DNU 846, que flexibiliza las condiciones del canje de deuda y el uso del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES.
La amenaza del Presidente, que circuló este jueves en el Congreso, busca inquietar a los mandatarios de todos los colores políticos, que no pueden reunir una mayoría por sí mismos, pero sí son capaces de influenciar al interior de las bancadas.
Milei se enteró este jueves que el DNU fue incluido en el pedido de sesión para el martes, que tuvo la firma de miembros de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia Por Siempre, el sello de la UCR díscola. El temario se inicia con los dictámenes para restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), un tema que rechaza el Gobierno.
Para sumar sus firmas, UP pidió incluir el 846, que quiere derogar. Como explicó Letra P, fue una exigencia de Cristina Fernández de Kirchner en la reunión que tuvo el jueves pasado con los jefes de bancada de UP de ambas cámaras, el diputado Germán Martínez y el senador José Mayans.
Milei supo por Martín Menem, el titular de Diputados, que el DNU 846 había sido incorporado al temario y estalló. Según fuentes de LLA, el mandatario tiró la bronca a los gobernadores, con los que está negociando personalmente obras públicas para incluir en el Presupuesto.
El riojano le aportó un detalle para intentar tranquilizarlo: ninguna de las firmas de la citación es de algún representante de los gobernadores. La excepción es el cordobés Ignacio García Aresca, que negocia fondos previsionales para su provincia.
Tampoco suscribió Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal, quien se define como representante de los mandatarios. En EF aclararon que el rionegrino no firmó porque no está muy convencido de cambiar la ley 26.122, que regula los decretos.
La reacción del Presidente confirma que su estrategia para aprobar el Presupuesto 2025 consistía en liberar obras públicas ya convenidas a los gobernadores sin alterar el equilibrio fiscal y a cambio de los votos en las dos cámaras.
Fue por eso que Milei recibió en las últimas semanas a gobernadores en la Casa Rosada para enumerar sus reclamos. Asistieron los radicales, del PRO, partidos provinciales y el peronista Raúl Jalil, que tiene cuatro integrantes en el bloque de UP de Diputados y un senador (Guillermo Andrada).
Si las negociaciones avanzaban, el Gobierno esperaba aprobar una versión corregida del Presupuesto entre 20 y 27 de noviembre, para que el Senado lo sancionara en diciembre. Si se cae el DNU 846, el Plan A del Gobierno será prorrogar el Presupuesto 2023, con las partidas desactualizadas.
“Es grave lo que pasó. Estamos negociando obras y nos amenazan con no poder canjear deuda. Esta convocatoria atenta contra esta negociación. Confiamos en que los gobernadores frenen esto”, señalaron a Letra P fuentes de La Libertad Avanza del Congreso. Según el relato oficialista, sin poder cambiar los papeles de deuda no será posible tener fondos para liberar a las provincias.
El panorama es incierto, porque si bien los gobernadores tienen influencia en el Congreso, no juntan por sí mismos mayoría en Diputados. De todos modos, sí pueden ejercer presión para reunir una mayoría que se oponga a voltear el DNU 846.
Los números no son fáciles para el Gobierno: UP tiene 99 miembros; la UCR blue, 12; Encuentro Federal, 16; y la izquierda, 5. Suman 132 votos, tres más que el cuórum y podrían plegarse cinco de la Coalición Cívica (Juan Manuel López está en duda); y dos del PRO: Álvaro González y Héctor Baldassi.
Los referentes de la alianza anti-Milei también tratarán de pescar votos entre los moderados de la UCR: Julio Cobos, Mario Barletta (con bloque propio), Fabio Quetglas y Martín Tetaz.
Pero los gobernadores podrían meter presión y achicar el número. Además de los cuatro catamarqueños de UP, en EF podrían tener seis votos de gobernadores (4 de Córdoba y los otros de Chubut y Entre Ríos).
En DPS hay un voto que responde al gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y también está el jujeño Jorge Rizotti, que sólo a veces responde a las urgencias de su gobernador, Carlos Sadir. No sé pronunciaron los representantes de Innovación Federal, con terminales en las administraciones de Salta, Misiones y Río Negro.
Una jugada posible de LLA es retirarse de la sesión cuando se trate el DNU 846 y testear si los gobernadores pueden dejarla sin cuórum.
El DNU 846 modifica el decreto 331/2022, firmado por el exministro de Economía Martín Guzmán, que obligaba a renegociar deuda en la misma moneda. Con este cambio, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, podría recibir bonos en dólares y entregar papeles en pesos, o al revés.
Además, se deja estas operaciones fuera de los límites del artículo 65 de la ley de administración financiera, que restringe las renegociaciones de deuda a que mejoren dos de tres requisitos: menores plazos, intereses o montos. Quirno trató de hacer esa modificación cuando integraba el gobierno de Mauricio Macri, en 2019, pero chocó con la entonces mayoría opositora.
Cuando se publicó el DNU 846, el 23 de septiembre, UP dio una conferencia de prensa en Diputados y sus referentes especularon con que Milei buscaba un préstamo “a cualquier tasa”, para no entrar en default en enero.
El éxito del blanqueo de octubre despejó los fantasmas de cesación de pagos, pero de todos modos el Gobierno mantuvo firme el decreto, que además establece cambios en el uso de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad: permite tener hasta 70% de su cartera en títulos públicos, cuenten o no con garantías.
Hasta ahora, ese límite era del 50%. Fue una de las disposiciones que tenía la ley ómnibus, con la intención de liquidar el fondo soberano que controla ANSES, pero no pasó el filtro del Congreso.