El peronismo, EF y la UCR blue convocaron el martes para tratar el DNU 846. Si prospera su rechazo en ambas cámaras, el Presidente deberá tratar la ley de leyes.
Emilio Monzó y Florencio Randazzo, del bloque Encuentro Federal, clave para la aprobación del Presupuesto.
Javier Milei recibió este miércoles la respuesta en el Congreso a su decisión de suspender el tratamiento del Presupuesto 2025: los bloques opositores más hostiles citaron a una sesión, el martes a las 15, para tratar el DNU 846, que flexibiliza las condiciones para realizar el canje de deuda y el uso del fondo de garantías de sustentabilidad de la ANSES.
La citación lleva la firma de miembros de los bloques Unión por la Patria, Democracia Por Siempre (la UCR blue) y Encuentro Federal. Unidos, sumados a la izquierda, estas bancadas reúnen 132 votos, tres más que la mayoría del recinto. Claro que para imponerse necesitarían evitar ausencias o conseguir respaldos de otras bancadas.
La convocatoria llegó después de un Zoom de gobernadores con los jefes de bloque. También participaron referentes de la UCR y el PRO, pero prefirieron no firmar el pedido de sesión.
El plan es el mismo que había para la sesión caída de la semana pasada: arriesgar el canje de deuda y obligar al Presidente a sancionar el Presupuesto 2025 para llevarlo a cabo.
Milei podría quedar en esa situación si el DNU 846 es rechazado el martes en la cámara baja y el jueves a las 14 en el Senado, donde Unión por la Patria está dispuesto a exigir que se abra el recinto, porque así lo indica el calendario de sesiones ordinarias, que termina el 30 de noviembre. No hay más tiempo.
La pelea por la ley de leyes en el Congreso tuvo un capítulo de ruptura este martes, cuando José Luis Espert anunció que se levantaba la reunión de comisión, prevista para las 15 de ese mismo día.
Como este miércoles vence el plazo para firmar despachos en la cámara baja, el Presupuesto sólo puede agilizarse si es incluido en el temario de sesiones extraordinarias, algo que Milei no tiene previsto. La sesión del martes próximo está planeada por la oposición intransigente para forzar al Presidente a retomar la negociación y así fue decidido en la videoconferencia de mandatarios realizado este martes.
Al menos eso interpretaron los que tienen a sus referentes entre los bloques que firmaron la convocatoria, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), con origen en el PRO y presencia en Encuentro Federal; Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con llegada a DPS.
Del Zoom participaron gobernadores de la UCR, como el mendocino Alfredo Cornejo, y los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Miguel Pichetto (EF) y Rodrigo De Loredo. No le permitieron conectarse a Pablo Juliano (DPS).
UP levantó la bandera por la derogación del DNU 846 desde su publicación y, por lo tanto, iba a citar a sesión, que el Gobierno intentará desactivar en los próximos días. Un dato alentador para la Casa Rosada es que no hay firmas de cordobeses en el pedido de sesión, provincia que cuenta con cinco votos en EF.
No fue incluido en el temario el dictamen para limitar el uso de los DNU, por temor a no tener número, como ya le ocurrió a la oposición. También está citada una sesión para el miércoles, para tratar el proyecto sobre ludopatía.
El DNU 846 modifica el decreto 331/2022, firmado por el exministro de Economía Martín Guzmán, que obligaba a renegociar deuda en la misma moneda. Con este cambio, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, puede recibir bonos en dólares y entregar papeles en pesos, o al revés.
Además, el decreto dejó fuera estas operaciones de los límites del artículo 65 de la ley de administración financiera, que restringe las renegociaciones de deuda a que mejoren dos de tres requisitos: menores plazos, intereses o montos. Quirno trató de hacer esa modificación cuando integraba el gobierno de Mauricio Macri, en 2019, pero chocó con la entonces mayoría opositora.
El decreto, además, establece cambios en el uso de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad: permite tener hasta 70% de su cartera en títulos públicos, cuenten o no con garantías. Hasta ahora, ese límite era del 50%. Fue una de las disposiciones que tenía la ley ómnibus, con la intención de liquidar el fondo soberano que controla ANSES, pero que no pasó el filtro del Congreso.