Economía advirtió que la provincia avanzó sin permiso con el enlace Santa Fe - Santo Tomé. El gobernador salió al cruce y seguirá adelante con los trabajos.
Javier Milei y Maximiliano Pullaro chocan por una obra para la ciudad capital de la provincia.
Los gobiernos de Javier Milei y Maximiliano Pullaro volvieron a chocar en los últimos días por la obra pública en general y la red vial en particular, en este caso por la construcción del nuevo puente entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
Se trata de una obra clave para la región, largamente anunciada y postergada por administraciones nacionales de distinto signo. El actual puente carretero metropolitano está colapsado y, además, con sus 90 años de vida a cuestas, presenta signos de deterioro, tanto que en 2024 estuvo sin circulación durante 9 meses por falta de mantenimiento.
Ante esta situación, el gobierno santafesino decidió encarar por las suyas la construcción de la nueva vía de comunicación, que se edificará en paralelo al viejo puente entre Santa Fe y Santo Tomé. Pero, como afecta a la ruta nacional Nº 11, debió firmarse un convenio con Vialidad Nacional el 22 de noviembre del año pasado, en el cual se establecieron una serie de requisitos.
En diciembre de 2024 se abrieron los sobres con las ofertas de la licitación para construir el nuevo puente y en febrero de este año se adjudicó la obra a la UTE conformada por Lemiro Petroboni SA, SE.MI.SA, Cocivial SA, que aportó el presupuesto más barato: $ 39.811 millones de pesos.
Tal cual estaba previsto, los trabajos empezaron en marzo. Consistieron en movimientos de tierra en las cabeceras del futuro puente. En ese momento es cuando Vialidad Nacional resolvió emitir un alerta por presuntos incumplimientos del gobierno provincial.
En una nota distribuida a los medios de comunicación, el organismo de la gestión libertaria advirtió que ya le habían presentado tres notas a la administración pullarista, en las cuales se recordaba que el proyecto debía ser “consensuado” y se exigía la presentación de un “plan de contingencia hídrico, ambiental, de seguridad vial e información al usuario”, entre otros puntos.
En este contexto, Vialidad Nacional asevera en ese documento que “ha constatado la ejecución de trabajos en la zona de obra sin la debida autorización, motivo por el cual intimó a la Dirección Provincial de Vialidad a cesar de inmediato dichos trabajos, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes”.
Cuando la nota de Vialidad Nacional tomó trascendencia pública, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, salió a cruzar al gobierno de Milei con dureza: “Ya que el Gobierno nacional no colabora ni con el valor de un tornillo veríamos con agrado que en vez de amenazar con parar una obra provincial que les resuelve una congestión nacional, tengan a bien colaborar y no poner palos en la rueda”.
Este jueves, fue el propio gobernador quien se subió a la controversia y, desde el lugar de las obras, afirmó que “la obra no va a parar. No va a parar porque la hacemos con fondos de todos los santafesinos, porque está en una traza provincial, porque une dos ciudades de nuestro territorio y porque atraviesa un río de la provincia. Por eso no hay ninguna posibilidad de que nosotros detengamos esta obra bajo ningún tipo de intimación”.
Y, tras anticipar que intentarían tomar contacto con las autoridades de Vialidad Nacional y con el propio ministro de Economía, Luis Caputo, sentenció: “Ningún burócrata nos va a decir a nosotros qué obra tenemos que hacer y cuál no dentro de nuestro territorio. Esto es tierra de la provincia y a veces a uno le molesta un poco porque el gobierno nacional tendría que estar pensando en reparar las rutas nacionales que están en un estado deplorable, en cortar los yuyos, en iluminar. Y, sin embargo, lo que hace es intentar parar una obra que encara la provincia. Pero la decisión es continuar en los plazos establecidos”.