Respetado entre colegas, temido por el peronismo, es uno de los preferidos del procurador Jorge García. Perfil anticorrupción. El cargo que tiene en la mira.
El fiscal de Entre Ríos José Arias lleva la investigación por enriquecimiento ilícito del exsenador Edgardo Kueider.
El fiscal José Arias camina cómodo por los Tribunales de Concordia. Desde allí, sacude a un sector de la política de Entre Ríos con investigaciones que recaen sobre las espaldas de la dirigencia peronista. Edgardo Kueider le teme y quiere que Sandra Arroyo Salgado se quede con su causa por enriquecimiento ilícito.
Arias es un fiscal de bajísimo perfil, casi no habla con los medios. Una de sus pocas apariciones públicas se produjo hace algunos años, cuando se manifestó en la puerta de los tribunales de Paraná en defensa de la entonces procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, quien enfrentaba un proceso que terminó con su destitución. La otra causa que lo expuso fue la de Kueider. También investiga a Enrique Cresto y a Gustavo Bordet. Con sus investigaciones a la política busca posicionarse como el nuevo fiscal anticorrupción en la provincia.
Desde mediados de 2024, Arias investiga al exsenador por enriquecimiento ilícito. Luego de la investigación, la causa se abrió el 6 de diciembre, dos días después de la detención de Kuider en Paraguay. Casi en simultáneo, a mitad de año, comenzó la investigación que lidera Arroyo Salgado, impulsada por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y basada en una denuncia del periodista Christian Sanz.
La causa que tramita Arias en Concordia surgió tras la denuncia de Eliseo Blanco, un militante del Partido Justicialista que se presentó a la Justicia tras la publicación de una nota periodística en el medio El Disenso. En el artículo se daba cuenta de presuntas maniobras por las cuales Kueider habría adquirido propiedades, tanto departamentos como cocheras, de un lujoso edificio, a través de una empresa de la cual es socio: Betail SA. Esa fue la punta del iceberg.
Como las dos causas tramitan en paralelo, Arroyo Salgado presentó en la Justicia de Entre Ríos una solicitud de “inhibitoria de competencia” para intervenir en el control y juzgamiento de la causa caratulada “BLANCO ELISEO BERNABE S/ SU DENUNCIA ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”. El 10 de marzo, el juez de Garantías Edwin Ives Bastián rechazó el pedido y consideró que “está fuera de toda duda” la competencia de la justicia provincial para investigar a Kueider, por lo que rechazó de plano el pedido de la jueza para que la causa fuera derivada al juzgado de San Isidro.
En el documento de ocho páginas del 10 de marzo, el juez sostuvo que la investigación penal preparatoria llevada adelante por Arias “se encuentra circunscripta” a la probable comisión del delito de enriquecimiento Ilícito de Kueider, de conformidad a las prescripciones del art. 268 (2) del Código Penal durante los períodos de tiempo en los que el exlegislador se desempeñó como funcionario público, y que la causa fue iniciada con anterioridad. La denuncia es del 19 de junio de 2024 y la que tramita Arroyo Salgado data del 2 de julio de aquel año.
Estas no fueron buenas noticias para el exsenador. Los antecedentes de causas judiciales que investigan a la dirigencia peronista no alentaban el panorama de una causa encaminada en su propia tierra. Con todo, hubo otras investigaciones en las que Arias sí fue recusado.
Arias es un hombre muy cercano al procurador general Jorge Amílcar García, sindicado como “el hombre más poderoso de la provincia”. García trascendió gestiones de gobierno desde que llegó a su puesto y logró mantenerse con el correr de los años. La cercanía con Arias no es exclusiva. Hay un grupo de fiscales que García comanda en toda la provincia que quedó visible con la destitución de Goyeneche, quien impulsó la causa “Contratos” que involucraba a funcionarios del gobierno peronista de Sergio Urribarri.
Durante ese proceso, hubo manifestaciones públicas en medios de Buenos Aires y movilizaciones en la puerta de los tribunales de Paraná. Allí estuvo Arias, defendiendo a su colega que se presentaba como la “fiscal anticorrupción”, un cargo al que ahora aspira Arias. En esa movilización también participó junto a Arias el entonces fiscal Francisco Azcué, hoy intendente de Concordia. Las especulaciones en la cuidad indican que el tándem Arias - Goyeneche y otros más "tomarán el poder" cuando García se jubile.
En 2019, en plena campaña electoral, Arias imputó al entonces intendente de Concordia Enrique Cresto, quien iba por su reelección, por presunto peculado. Eduardo Asueta, pariente directo del fiscal, era contendiente de Cresto. El mandatario recusó a Arias y el fiscal fue separado de la causa. Lo mismo sucedió con una investigación más reciente en el tiempo.
En 2024, fue apartado de la causa que investigaba el cobro de comisiones millonarias por parte de asesores externos del municipio. Estos asesores, según información oficial, recibieron comisiones millonarias por intermediar entre el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) y el municipio.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia apartó a Arias de esta causa tras una recusación presentada por la defensa de Cresto, argumentando falta de imparcialidad debido a antecedentes en causas relacionadas con el exintendente. Para la defensa, Arias ya tenía una posición prejuzgada. Esa causa había sido iniciada de oficio por el fiscal.
Fuentes que recorren habitualmente Tribunales coincidieron ante Letra P en que Arias es un fiscal respetado entre sus pares. “Tiene una imagen de combativo contra la corrupción”, describió uno, quien destacó que es de los pocos fiscales de Concordia que impulsó investigaciones patrimoniales contra altos funcionarios provinciales y municipales, incluyendo además de Kueider al exgobernador Bordet.
Pese a las críticas y recusaciones, varias de sus investigaciones fueron tenidas en cuenta por la Justicia y se derivaron a otros fiscales. “Esto sugiere que hay, al menos en parte, consistencia en su trabajo técnico”, apuntó la misma fuente. Arias también fue uno de los fiscales que más cuestionó públicamente al Superior Tribunal de Justicia, al que acusó de “favorecer la impunidad” al limitar investigaciones sobre corrupción.