El Frente Renovador de Sergio Massa mantendrá su postura en contra de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes, por lo que los sectores a favor de derogar esa ley en la Legislatura bonaerense -que van desde La Cámpora hasta un sector de la UCR- parecen lejos del número para conseguirlo.
El tema de volver a a permitir las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires se reavivó en los primeros días de 2025, después de que a mediados de diciembre fracasara en la Legislatura un intento por derogar esa ley impulsada en 2016 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, una iniciativa respaldada y militada por el massismo.
Pero el castillo de naipes amenazó con derrumbarse a partir de una frase del flamante presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y dirigente del massismo, Alexis Guerrera, quien en una entrevista aseguró que el espacio no sería un obstáculo para que se discuta y- eventualmente se apruebe- eliminar esa restricción.
La postura del Frente Renovador
"El massismo, si hay número para tratarla, no va a ser un obstáculo para su tratamiento, ni una piedra el camino", fue la declaración del massista que agitó el avispero bonaerense en general, y del FR en particular, que generó expectativas sobre un posible cambio de escenario en la Legislatura, luego del fracaso por falta de votos un intento para eliminar la ley de Vidal. La frase de Guerrera pareció un guiño claro a la estrategia de La Cámpora y de Máximo Kirchner, socio político de Massa.
Sin embargo, ante Letra P, el massismo ratificó su postura original. "El Frente Renovador es autor de la ley de límite a las reelecciones indefinidas y vamos a seguir manteniendo nuestra posición", dijo Sebastián Galmarini, director en el Banco Provincia, exsenador y uno de los dirigentes de peso dentro de la estructura política del espacio. "No podemos impedir que otros actores de nuestra coalición política piensen algo distinto. Pero no vamos a cambiar nuestra posición", agregó Galmarini.
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Intendentes con el boleto picado
La discusión sobre qué debe hacerse con esa ley atraviesa a toda la política e impacta fuerte en los municipios. El 60% de los intendentes bonaerenses tiene el boleto picado de cara a 2027, al no poder presentarse a un nuevo mandato. El universo intendentista del peronismo, el PRO y la UCR tiene poco más de dos años para construir sucesores o sucesoras y consolidar dirigentes que puedan retener el poder en 81 de los 135 distritos.
La norma restrictiva atraviesa a figuras de todas las fuerzas políticas, incluyendo las distintas tribus del peronismo. En la lista aparecen nombres históricos del conurbano como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza) Mario Ishi (José C. Paz), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).
En diciembre hubo un intento por llevar el fin de la prohibición a una sesión, pero nadie presentó un proyecto y no había un número para aprobar ningún cambio. Uno de los que lo operó fue Gustavo Soos, un dirigente matancero. Los sectores que empujan la derogación de esa ley para que los mandatos vuelvan a ser indefinidos son, además de los intendentes del conurbano perjudicados, La Cámpora y el sector del radicalismo que responde a Maximiliano Abad.
Sin número
En la gobernación se desentienden y cerca de Axel Kicillof ya avisaron que es un tema que deberá resolver la Legislatura. Mandan un guiño al recordar que el mandatario nunca estuvo conceptualmente en contra de las reelecciones indefinidas. En la vereda del frente, en cambio, se paran el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y, como revalidó ante Letra P, también el massismo, que se reivindica autor de esa iniciativa.
Con esos números, y sin un sector que se ponga al hombro la discusión, el tema del borrar el límite a las reelecciones parece lejos de poder modificarse en la Legislatura, y las expectativas de algunos intendentes que buscan voltear la ley están más puestas más en una vía judicial que política.
Uno de ellos es el jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi. “Esa ley es anticonstitucional. Yo hice un trabajo para presentarlo en la Suprema Corte y lo está analizando el asesor general de Gobierno”, adelantó semanas atrás.