Modificó la distribución del fideicomiso que nutren las empresas beneficiarias. Grandes relegados, intereses que no se tocan y $161 mil millones en juego.
El FAMP recauda aportes de las empresas beneficiarias por el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.
El presidente Javier Milei decretó este jueves una serie de modificaciones en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y ajustó la distribución del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina). En este ajuste hay ganadores y perdedores.
Entre quienes ganaron con la medida se encuentra el propio Gobierno, que se autohabilitó a presentar proyectos relativos a obras de infraestructura para mejorar la competitividad y reducir costos logísticos en la isla, una potestad que hasta ahora sólo tenían los municipios fueguinos y el Ejecutivo provincial, principales perdedores del decretazo de Milei.
Por el lado de las empresas promocionadas, también perjudica a aquellas a las que todavía no se les aprobó ningún proyecto, ya que no van a poder retener fondos hasta tanto el Comité Ejecutivo del FAMP no les otorgue luz verde.
Se estima que, a fines de 2024, el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina tenía recaudados más de 161 mil millones de pesos.
El directorio del FAMP está presidido por Noelia Ruiz, ex diputada del PRO en la provincia de Buenos Aires. Lo integran además Miguel Schmukler, abogado y hombre de confianza del ministro de Economía, Toto Caputo; y Maximiliano D’Alessio, responsable de la Casa de Tierra del Fuego en la Capital Federal y representante de la provincia en el Comité.
El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina es un mecanismo financiero diseñado para fortalecer y diversificar la economía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su principal objetivo es reducir la dependencia de la provincia del régimen de promoción industrial, impulsando nuevas inversiones en sectores estratégicos. Para ello, se busca fomentar la innovación, la industrialización de recursos locales y la generación de empleo genuino.
El funcionamiento del fondo se basa en la captación de recursos provenientes de los beneficios fiscales otorgados a las empresas radicadas en la isla. Estos fondos se canalizan hacia proyectos productivos que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad y viabilidad económica. Las iniciativas pueden abarcar desde el desarrollo tecnológico y la producción de bienes con mayor valor agregado hasta la promoción de energías renovables y el fortalecimiento del sector turístico.
A través de este esquema, el Gobierno provincial busca garantizar un crecimiento económico sostenido, impulsando sectores que permitan mayor autonomía productiva y competitividad a nivel nacional e internacional. De esta manera, se pretende disminuir la vulnerabilidad frente a posibles cambios en la legislación de promoción industrial y crear nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.
Uno de los puntos que llamó la atención del decreto de Milei tiene que ver con la inclusión del concepto de “monto percibido”. “Lo más probable es que busquen no computar en el FAMP los intereses producidos por los fondos percibidos inmovilizados”, aclaró un reconocido economista riograndense a Letra P.
Desde 2021, a partir de su creación, las empresas aportan al FAMP, pero hasta ahora se utilizó una mínima parte de lo recaudado. El Comité Ejecutivo tiene habilitado invertir esta plata en instrumentos financieros, como por ejemplo en plazo fijo.
“Todo lo extra producido hasta ahora no lo quieren computar para el FAMP, solo lo percibido. Hoy por hoy debe ser el 50% del FAMP lo producido por intereses. Es mucha plata y eso perjudica a toda Tierra del Fuego”, añadió el especialista.
Pese a ser uno de los perjudicados por el decreto presidencial, al cierre de esta nota el gobierno de Gustavo Melella no se había manifestado al respecto. De hecho, gran parte de las repercusiones salieron de Río Grande, municipio que conduce Martín Pérez y donde están radicadas la mayor parte de las empresas que aportan al FAMP.
A principios de enero, el gobierno provincial consiguió la aprobación del Comité Ejecutivo para encarar la tan necesaria obra de readecuación de la central eléctrica de Ushuaia.
Este proyecto, que tiene una inversión estimada de $16.187 millones, busca asegurar el suministro eléctrico mediante el mantenimiento y actualización de los generadores de la Central y así solucionar la crisis energética de la capital provincial.
El proyecto fue presentado por la gestión de Melella durante el gobierno de Alberto Fernández. Luego de dos años de estudio, la iniciativa caracterizada como urgente finalmente fue aprobada.