El peronismo negoció la derogación en Diputados con la oposición no aliada. El eventual retorno de la norma impidió un acuerdo. Presión para tratarlo igual.
Germán Martínez, con miembros de Encuentro Federal. No pudieron negociar la derogación del DNU, por las diferencias en la ley de alquileres.
Javier Milei está cerca de celebrar otro éxito legislativo: en Diputados no hubo acuerdo entre Unión por la Patria (UP) y la oposición más dura para votar en contra del DNU 70/23, un compendio de desregulaciones que el Presidente utiliza para tomar decisiones. La traba fue la derogación de la ley de alquileres, uno de los artículos del decreto, que sólo rechaza el peronismo.
La vigencia del DNU 70 fue clave para que el jefe de Estado pudiera aplicar medidas sin aval del Congreso, como el cierre de la agencia Télam o la declaración de servicio esencial la actividad aerocomercial. También fue un instrumento para liberalizar el mercado de alquileres, un debate que el parlamento dejó inconcluso hace dos años.
Como en el Senado el DNU ya se votó en contra, si se repite el trámite en Diputados queda derogado. Es lo que intentó el jefe de UP, Germán Martínez, durante la negociación con los bloques Encuentro Federal y Democracia Por Siempre (la escisión de la UCR) que derivó en la citación de la fallida sesión para restringir el uso de los DNU y voltear el canje de deuda. Gobernadores de todas las fuerzas se encargaron de frustrarla.
Al momento de definir el temario, no fue posible incorporar el decreto de Milei porque EF y DPS advirtieron que una de las consecuencias inmediatas de su eventual derogación sería la vigencia de la antigua ley de alquileres, que reguló los valores durante el gobierno de Alberto Fernández. Según las operadoras inmobiliarias, la norma provocó una reducción drástica de la oferta. A la oposición ni siquiera le conforma la nueva versión sancionada en septiembre, impulsada por Sergio Massa. EF y DPS no quisieron tener la etiqueta de revitalizar esa ley y prefirieron dejar firme el decretazo.
Como explicó Letra P, la vigencia del DNU 70 fue uno de los motivos de la tensión en la reunión del bloque UP después de la frustrada sesión. "Es increíble, porque están defendiendo los negocios inmobiliarios de Capital y Gran Buenos Aires", se indignó con sus colegas de otros bloques un referente del peronismo en la cámara baja, que participó de las fallidas negociaciones conas otras fuerzas.
Entre los reproches que recibieron las autoridades de la bancada estuvo el de no haber ido a todo o nada al recinto y exponer a quienes defienden el decreto. Martínez tiene otra posición: considera que sin los votos garantizados para la derogación, citar a sesión es un riesgo, porque podría obsequiar una victoria al Gobierno.
El santafesino hizo saber esa postura durante la última reunión de la comisión de Presupuesto, un mensaje a sus eventuales aliados y a sus pares, que continúan con la presión para tratar el DNU 70 sin certezas de un final feliz. De hecho, hubo una sesión pedida por UP para debatirlo durante la sesión de la ley Bases, pero ni fue puesta a consideración por Martín Menem.
Tanta es la presión interna, que Martínez ni siquiera descarta que haya una convocatoria a sesión de UP para tratar el DNU en los próximos 15 días, los últimos del período ordinario de sesiones. Las gestiones también llegaron del ámbito sindical: la CTA autónoma, a cargo Hugo Godoy, juntó 500 mil firmas para pedir la derogación del decreto 70.
El DNU fue firmado por Milei a diez días de asumir y en marzo lo rechazó el Senado. Victoria Villarruel se negó a citar a sesión para tratarlo durante el verano, pero cedió al inicio del plazo formal de sesiones. En Diputados, nunca se trató.
Además de la derogación de la ley de alquileres, el DNU 70/23 tiene 366 artículos, con desregulaciones en todas las áreas. Fue una de las primeras obras de Federico Sturzenegger, actual ministro de Modernización, quien por entonces no tenía cargo.
El decreto liberó restricciones de precios en el sistema de medicina, derogó las leyes de promoción comercial, de compre nacional y de mercado mayoristas; modifica el código aduanero y la libera el uso de obras sociales; habilita cambios en la ley de sociedades para permitir la privatización de los clubes de fútbol, desregula los servicios de internet satelital y del sector turístico. También contiene un capítulo de reforma la legislación laboral, que fue rápidamente derogada por la justicia; al igual que otro fragmento para liberalizar el negocio farmacéutica.
Mientras en Diputados no se rechace, el DNU seguirá vigente y Milei lo tendrá como base legal de cada medida que no pueda pasar por el Congreso. El artículo 2 es tal vez la herramienta clave del Presidente. Sostiene que "el Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo".
Luego señala que "para cumplir ese fin, se dispondrá "la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".
Son principios suficientes para que Milei avance en una ambiciosa reforma del Estado. Se suman a las facultades que consiguió con la ley Bases, el otro instrumento jurídico clave del Presidente.