El campo pide alivio fiscal y el gobierno de Córdoba promete seguir el diálogo. Rodrigo de Loredo avisó que jugará a fondo. Las tensiones de la asamblea.
Asamblea de productores de la Sociedad Rural de Río Cuarto
Foto: prensa SR. Rodrigo de Loredo participó de la asamblea de la Sociedad Rural de Río Cuarto
La asamblea de productores se reunió en la Sociedad Rural de Río Cuarto para discutir la suba del impuesto inmobiliario rural aplicado por el gobierno de Martín Llaryora. La tropa de la UCR y el PRO aprovecharon la oportunidad de estar presente. Rodrigo De Loredo, fue uno de ellos. Con la promesa de diálogo oficialista, la guerra de los impuestos, ¿más cerca del fin?
Todo parece indicar que la presión irá en aumento. La suba del 172,5% aplicada a los impuestos inmobiliarios que comenzó a regir desde esta semana fue el objetivo que reunió a cerca de 400 productores agropecuarios.
Sin embargo, algunos de los presentes detallaron que entre 2024 y 2025 el aumento impositivo escaló al 210%. A otros les llegó más del 400% de suba.
En el cónclave, al que estaban invitados el gobernador y el ministro de Agrobioindustria, Sergio Busso, la decisión fue rechazar el impuesto rural.
Heraldo Moyetta, presidente de la entidad anfitriona, lamentó que los funcionarios "hayan desaprovechado la oportunidad para tener contacto directo con la realidad sobre la que gobiernan".
"Queremos un impuesto que sea justo, claro y que permita tener previsibilidad en la actividad que desarrollamos", pidió el referente. Cabe recordar que la entidad del sur provincial viene siendo la más crítica y ya expresó su rechazo a la presión fiscal en varios comunicados.
Tras el encuentro, dejaron plasmado en un documento la necesidad de “un impuesto razonable y que se transparente el destino de los fondos que la provincia recauda del agro para poder empezar a ver realmente obras de infraestructura en los campos”. Exigieron que el gravamen no exceda el 118% de inflación anual que marcó el INDEC.
No todos los reclamos fueron hacia el gobierno de Llaryora. Hubo pases de factura a los legisladores presentes. Néstor Roulet, productor de Canals, expresidente de Cartez y vicepresidente de CRA durante la 125 y exdiputado por el PRO, se paró de manos ante los legisladores radicales presentes, como Alejandra Ferrero y Matías Gvozdenovich.
El exmacrista les reprochó la aprobación del Presupuesto provincial, dentro del cual estaban incluidos estos aumentos. “Muchos de los que están acá del radicalismo acompañaron el Presupuesto al dar cuórum. Votaron en general en la primera lectura y les dijeron que después iban a discutir en particular cuando sabemos que eso no pasa nunca, ¡no hubieran dado quórum!”, se quejó el dirigente que dice que ya colgó los guantes políticos.
El gobernador, junto con sus pares de Santa Fe y Entre Ríos, se enfrentaron al presidente Javier Milei por las retenciones en el campo. Bajos precios internacionales de sus productos, la situación cambiaria y las condiciones climáticas adversas que amenaza los rindes de las cosechas son algunos de los conflictos en el sector. Tras la llegada del alivio de la baja en las retenciones, llega el capítulo del impuesto inmobiliario.
El ministro Busso se comunicó con Moyetta tras la asamblea. La posición dialoguista fue la reinante. “La intención es evaluar los planteos y ver qué se puede hacer”, indicó el funcionario provincial.
Seguidamente, adelantó que detallarán de manera periódica los destinos del dinero que se recauda por vía de ese tributo al campo y que la Provincia remarca que en un 98% vuelve al sector para tareas de infraestructura o seguridad.
“Vamos a informar detalladamente en qué se gasta el Fondo de Desarrollo Agropecuario. Se lo informamos periódicamente a la Mesa de Enlace, a las rurales o a las entidades. Vamos a tratar de que llegue al productor para que el productor sepa periódicamente cómo se ejecuta el fondo y en qué se gasta”, adelantó Busso al diario Puntal.
Con el traje de jefe de la oposición, el diputado De Loredo se muestra activo en el frente. Utiliza las redes sociales con ingenio para enumerar el alcance de la suba impositiva, pero viajó a Río Cuarto para tomar contacto con el sector.
“Los cordobeses están pagando un impuesto que llega con aumentos históricos que, de continuar, en pocos años los llevará a entregar su auto, su campo o su casa, en lugar de simplemente pagarlo”, enfatizó de Loredo.
El radical busca, con toda la artillería legal, impulsar acciones de amparo y procedimientos administrativos contra este “impuestazo confiscatorio”.
El jefe del radicalismo provincial, cada vez más cercano a las ideas de La Libertad Avanza, adelantó que se interpondrá una requisitoria al Ministerio de Economía, a cargo de Guillermo Acosta. “Nunca ha aclarado el coeficiente tramposo utilizado para calcular el impuesto, y estamos evaluando la posibilidad de presentar una acción directa ante el Tribunal Superior de Justicia”, fustigó.
La semana pasada, en la primera sesión legislativa de la Unicameral el oficialismo no permitió la discusión de los proyectos que buscaban bloquear estos aumentos. En 45 días, la oposición deberá volver a tomar las armas, mientras, el camino de la estrategia es el que se transita desde los distintos bloques.
Entre diálogo y amenazas legales, el gobierno de Córdoba aclaró a la Mesa de Enlace que el vencimiento de los cedulones enviados por Rentas se prorrogará hasta el 10 de mayo de 2025. ¿Son de paz en puerta para el campo?
Moyetta muestra los dientes, pero insiste con la vía del diálogo. “Siempre la instancia legislativa es la del diálogo, la del intercambio, y creo que es por donde vamos a ir”, cerró.