La torta de fondos petroleros se reparte a través de una ecuación que cruje. Se esperan cambios. Hacienda y Gobierno, terminales de las intendencias.
Fabián Gatti, actual ministro de Gobierno, acuerda con los municipios de Río Negro una nueva ley de coparticipación.
La discusión por la coparticipación de fondos entre el gobierno de Alberto Weretilneck y los municipios de Río Negro se cocina a fuego lento desde hace meses, con la intervención de dos leales al mandatario en el gabinete. Los ministros Fabián Gatti (Gobierno) y Gabriel Sánchez (Hacienda) tienen la orden de lograr equilibrio en un esquema que provoca reacciones disonantes.
La idea es implementar los índices de población que determinó el último censo, dato que modificaría sensiblemente la torta para varios distritos. Todo fue anunciado por el gobernador en la apertura de sesiones del pasado 1 de marzo, mensaje que fue asimilado de manera aleatoria por las intendencias.
El gobierno rionegrino utiliza la fórmula implementada por la ley 1.946, que se apuntala en el censo anterior, en el que se reparte el 26,5% de los impuestos recaudados (inmobiliario, ingresos brutos y a los automotores). También se destaca en la normativa que el 10% de los fondos que gira el Estado nacional a la provincia deben terminar en las arcas de las intendencias, aunque la motosierra libertaria hizo mella en lo que le correspondía a la provincia de la Patagonia.
“Nuevas fórmulas, el esquema legal, la discusión sobre el censo, si debe ser modificado en una ley en la Legislatura o no, son una serie de temas técnicos que deben avanzar”, dijo Weretilneck, en el transcurso de esta semana, sobre el futuro sistema de giros discrecionales.
Actualmente, la ley de coparticipación rionegrina posee un procedimiento que arroja el índice de reparto según la densidad poblacional. La misma es cuestionada por algunas comunidades que quedaron lejos en los fondos, sobre todas aquellas que manifestaron un exponencial crecimiento demográfico en la última década.
Los casos más resonantes fueron los de General Fernández Oro y El Bolsón, la localidad más alejada de la capital, recientemente golpeada por los incendios de los bosques que la rodean. Lo mismo sucede con Dina Huapi, pintoresca comuna lindante a la populosa San Carlos de Bariloche.
En Río Negro habitan 747.697 personas. Bariloche es la más poblada (135.755 habitantes), seguida por General Roca (108.680), Cipolletti (105.482) y Viedma (59.993 habitantes).
Si de conjunto se habla, la región más poblada es el Alto Valle: allí conviven Roca, Cipolletti y otras localidades que le dan vida a la región que se comparte con Neuquén. Tal es el caso de Villa Regina, que se coronó como la quinta ciudad en peso poblacional.
A partir de los datos del registro nacional, las autoridades municipales reclamaron un aumento en las cuotas que les tocan por la coparticipación. Esa es la discusión en el gabinete, según reconoció el propio Weretilneck esta semana, para suplir la demanda de nuevos fondos.
La contaduría general, el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de Estado analizan las variables de esos números y los mecanismos para la aplicación. Para el gobernador, “no hay manera de ser claros, transparentes” sin “una aplicación del censo”. El instrumento legal de modificación de los números, deslizó Weretilneck, es la muestra que arrojó el trabajo del INDEC.
Los anuncios de la apertura de sesiones dejaron pasmados a buena parte de los intendentes. Uno de los presentes en el recinto de la Legislatura, Miguel Evans (Guardia Mitre), admitió “un baldazo de agua fría” sobre quienes escucharon al jefe provincial. “No nos sentamos a charlar, es un tema que salió en la apertura de sesiones. Hay que empezar a hablar de la coparticipación, eso es seguro”, le dijo Evans a Letra P.
Antes de que se pronunciara el joven dirigente del valle inferior, en una comuna de gran alcance en la zona rural, el foro de intendentes radicales tuvo un primer contacto para generar una pronunciación en conjunto.
Cuando la movida del gobierno rionegrino era un rumor, fue un caudillo del radicalismo el que se expresó. El intendente Hugo Cobarrubia (Dina Huapi) plantó bandera. La localidad aumentó exponencialmente su población desde que se convirtió en municipio en 2009 y apenas recibe un magro porcentaje (0,717%) de coparticipación de impuestos, mientras otras ciudades de menor población reciben más ingresos, .
"Crecimos de manera notable, hay que rediscutir", decía entonces.
Otro de los consultados por Letra P fue un intendente del peronismo. En reserva, puso en duda el "consenso social" del censo y hasta vaticinó un fuerte debate parlamentario. "Nadie cree en el resultado" del relevamiento nacional de 2022 que comandó Marco Lavagna, advirtió.
Otro ítem fundamental es la torta petrolera. Ideada en el viejo paradigma de la actividad convencional, la norma agrupa a los municipios productores y al resto de las jurisdicciones. Actualmente, Catriel es la que más se lleva, sólo por el logro de haber sido el principal punto de la actividad hidrocarburífera en el tiempo pasado.
Río Negro tiene una ley particular para repartir las regalías petroleras, con una cuenta que exaspera a las intendencias. Se reparte un 10% de las ganancias, que llega a los municipios por diversas vías. Los municipios productores (Catriel, Allen, General Roca, Campo Grande, General Fernández Oro, Cinco Saltos, Cervantes, Contralmirante Cordero y Cipolletti) reciben un 35% de ese porcentaje de ganancias. El 65% restante es enviado a todas las ciudades y comisiones de fomento.
Ahora, una nueva realidad se impuso y cambió sensiblemente esa perspectiva. Con la expansión de la actividad no convencional de la cuenca neuquina, otros distritos empezaron a recibir inversiones y a pagar los costos ambientales típicos de una actividad de notables contrastes.
De la renta petrolera y minera, se reparte una porción entre municipios productores y por densidad poblacional. La cuenta, con el nuevo número pensándose en los despachos de Viedma, genera zozobra.
La última manifestación crítica fue de parte de la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto. “Producimos el 68% de los hidrocarburos y no recibimos lo que merecemos”, se quejó.
El cuadro de negociación de un nuevo esquema de reparto es más que complejo. Tarea difícil tiene el funcionariado a cargo de cambiar las reglas de juego.