El gobernador apuntó a contrataciones hechas entre 2008 y 2018. Quiere recuperar la plata, que se estima en 50 millones de dólares.
El gobernador Rogelio Frigerio junto a su vice, Alicia Aluani, y el presidente de Diputados, Gustavo Hein.
“Queremos que los que les robaron la plata a los entrerrianos, la devuelvan”. Así, disparando munición gruesa, Rogelio Frigerio inauguró el año electoral en Entre Ríos. Flanqueado por su vice Alicia Aluani y el presidente de Diputados, Gustavo Hein, ordenó la nulidad de 770 contratos ilegales en la Legislatura, suscriptos entre 2008 y 2018 bajo las dos últimas gobernaciones peronistas.
Ese período comprende las gestiones provinciales de Sergio Urribarri(electo en 2007 y reelecto en 2011), que tuvo como vices primero a José Lauritto y luego a José Cáceres, y después al primer mandato de Gustavo Bordet (electo en 2015), quien tuvo como segundo a Adán Bahl. Sin embargo, ni el anuncio de tipo administrativo de Frigerio ni el proceso judicial en trámite tienen como protagonistas a los actores políticos de ese momento histórico, ya que solo se está juzgando a los contratados, llamados prestanombres o tarjeteros, en la jerga local que sigue el caso, y a parte del personal administrativo de las cámaras.
El proceso que anunció Frigerio, después de un "exhaustivo análisis" según refirió, dispone que las presidencias de ambas cámaras declaren nulos casi 800 contratos irregulares o “truchos”, que corresponden al periodo comprendido entre 2008 y 2018. Esta disposición, que será administrativa y para la que bastará la firma de Aluani y de Hein, dará comienzo a un proceso que tendrá como protagonista a la Fiscalía de Estado, al mando de Julio Rodríguez Signes.
En ese organismo va a comenzar un trámite donde deberán convocar a cada firmante o receptor de cada uno de estos 770 contratos y, principalmente, a los responsables administrativos de las cámaras legislativas durante el período investigado. Este proceso corre en paralelo al judicial, donde ya tramita una causa con 32 personas imputadas, de las cuales diez pidieron la suspensión del juicio a prueba o probation y otras dos la figura de juicio abreviado.
El señuelo para que los imputados colaboren con la Fiscalía de Estado está dado porque, entienden en el gobierno, al “devolver lo robado” el Estado ya no tendría nada que reclamarle y eso aliviaría la carga en Tribunales.
"Lo dijimos en la campaña y lo estamos cumpliendo", se ufanó Frigerio en la conferencia de prensa, convocada bajo un hermetismo total. El mandatario remarcó que espera ponerle fin "a una historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción”. “Los entrerrianos somos protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país, la de los contratos truchos", se lamentó en la introducción que hizo antes de responder preguntas.
"La Justicia tiene ahora que definir quiénes han sido los responsables y, por supuesto, qué pena les cabe”, declaró, y precisó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad. Tiene que dejar de mirar al costado y actuar". “Es un proceso que va a correr en paralelo a la investigación judicial que está en trámite. Después de la nulidad, lo que vamos a exigir es la devolución de esos recursos que nos han robado durante casi una década", explicó el gobernador, luego de contar que se bajaron a la mitad los contratos que existían en el pasado.
La causa se inició en 2018. Fue cuando un policía de la provincia vio movimientos que le resultaron inhabituales en un cajero de una entidad bancaria de la capital provincial. Lo raro, que llamó la atención del uniformado, fueron tres personas extrayendo dinero de un cajero automático con varias tarjetas de débito que les eran ajenas. Después, la explosión del tema y el escándalo público.
Aunque en todo momento se especuló con los responsables políticos del escándalo, lo cierto es que la Justicia hizo un recorte en los titulares de los contratos truchos y en los administrativos de la Legislatura. En su momento, el Procurador General Jorge García prometió en declaraciones periodísticas que habría una causa “contratos dos”. Más allá de que no hay noticias de eso, algunos especialistas consultados objetan la posibilidad de que un hecho sea juzgado dos veces.
El gobernador Frigerio cifró en 50 millones de dólares el perjuicio al erario público, cálculo que realizó un perito del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, hay otras referencias a considerar. Otro perito, en este caso del Superior Tribunal de Justicia, habló de un monto menor que estimó en más de mil millones de pesos. El monto total puede de todos modos variar dependiendo de los conceptos que se tomen para la ecuación: tasa de interés activa, tasa pasiva, índice inflacionario, índice de los salarios u otra fórmula.
En su momento, según detalla el sitio especializado Pagina Judicial, fueron imputados Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado, cuñado de Urribarri y figura clave durante su gobierno) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera).
Los otros imputados fueron Juan Domingo Orabona -funcionario del círculo íntimo de Bordet-, Jorge Fabián Lazzaro y Sergio Cardoso (empleados jerárquicos de Diputados y el Senado); el contador Pedro Opromolla y el especialista en sistemas y ex empleado de Bersa, Guido Krapp (integrantes de Integral Asesoría, el otro estudio contable).
Entre los imputados también están María Álvarez, Ángel Ferreyra, Fernando Gastón Sarnaglia, María Mena Giovenni, Viviana Mena Gioveni, María Álvarez, Jorge Balladares y Andrea Demartín, todos tarjeteros.
También fueron imputados Renato Mansilla, Nicolás Beber (ambos empleados de Integral Asesoría y contratados en la Legislatura), Jorge Enrique De Breuil, José Schneider, Gustavo Falco y Verónica Caino (esposa de Gustavo Pérez).