El tribunal se valió de un artilugio para poner en duda el avance de una ley clave para la Casa Gris. Un poderoso alfil de Rafael Gutiérrez, en la mira.
En Santa Fe no descansa la tensión entre el presidente de la Corte Suprema Rafael Gutierrez y el gobernador Maximiliano Pullaro.
Como parte de otra batalla en la guerra que la enfrenta al gobernador Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe se valió de un artilugio, una sutileza, para poner en duda el avance de una ley clave para la Casa Gris. El poderoso secretario de Gobierno del tribunal, Eduardo Bordas, quedó en el ojo de la tormenta.
Pullaro busca apurar el cumplimiento de las reformas que Unidos para Cambiar Santa Fe impulsó a principio de año en la Legislatura. Una de ellas es la ley de gobernanza de datos y acceso a la información pública, normativa que abarca también al Poder Judicial. Así se lo pidieron al todopoderoso Bordas que, escurridizo, pidió una nota rubricada por el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, para comenzar a aplicarla.
No sólo eso. En una reunión que mantuvo con el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, Bordas se rebeló y le explicó que no podía comenzar a instrumentar la ley 14.256 porque no fue reglamentada por una comisión de seguimiento y control del proceso de reforma judicial, creada también a principios de año. Un detalle.
Dicha comisión, compuesta por legisladores y legisladoras de ambas cámaras, recibió este miércoles al subsecretario de Reforma Judicial, Mario González Rais, y al director provincial de Procesos Extrapenales, Ignacio Del Vecchio, quienes dieron cuenta de la situación particular que le agregó tirantez a la relación entre el Ejecutivo y la Corte.
Bordas, lector al extremo de la ley, detectó que en su artículo 49 plantea que la transformación de juzgados de circuito a distrito en Rosario y Santa Fe debe tener un acompañamiento expreso de la comisión. Como las condiciones están dadas para que la ley comience a regir el 12 de diciembre, el secretario de Gobierno obligó a la Casa Gris a revisar el pedido.
Ahora, tras haber recibido a González Rais y Del Vecchio, la comisión enmendará la norma y luego, cuando vuelva a sancionar la Legislatura, se convertirá en ley. Tal cual como pidió Borlas.
Abogado, hace más de treinta años que Bordas ejerce el rol de secretario de gobierno de la Corte Suprema. Es quien se encarga de ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, por él pasan licitaciones y se efectivizan todas las decisiones relativas a la administración de la justicia santafesina. Soldado del presidente, Rafael Gutiérrez, a través suyo el cortesano accede a uno de los resortes de poder más importantes del mundo tribunalicio, lo que apuntala su liderazgo y su preeminencia en el tribunal cimero.
Algunas veces, pocas, la lealtad que Bordas le profesa a Gutiérrez queda de manifiesto para el gran público. Sucedió, por ejemplo, durante la pandemia: el aislamiento expuso que la justicia santafesina había invertido en un sistema informático que no permitía subir escritos. La presión de los Colegios de Abogados, que buscaban que la actividad tribunalicia se reanude de alguna manera, encontró eco en Daniel Erbetta, el otro polo de poder del máximo tribunal, quien primero intentó gestiones privadas y luego hizo público el conflicto mediante una carta explosiva y cargada de ironía.
Más acá en el tiempo, la figura de Bordas volvió a resurgir en la insólita reunión que Pullaro mantuvo con los supremos. Allí, el gobernador les reclamó que les había enviado una nota solicitando un orden de prioridad para completar vacantes y que había sido respondida con un simple listado de esos lugares, sin distinguir urgencias. “No tenía idea que había sucedido eso”, reconoció María Angélica Gastaldi, mirando con mordacidad a Gutiérrez. El presidente de la Corte respondió que la respuesta había corrido por cuenta de Bordas y que él no había intervenido. No le creyeron.
El rol que ocupa Bordas, una suerte de ministro político de la Corte, es observado y cuestionado por todo el arco político, especialmente por Unidos. El proyecto de reforma judicial que impulsa el socialismo también puso el ojo en el marco y propone que sea designado por el gobernador, pero bajo propuesta de la Corte. En un principio, en pleno diseño del documento, se había evaluado la posibilidad de que el secretario también sea elegido por acuerdo legislativo.