El bloque Somos Vida había intentado suspender la vigencia de la ley jubilatoria sancionada por la Legislatura. El rechazo previo de la Fiscalía de Estado.
Santa Fe: la Justicia rechazó el planteo de Granata y dejó firme la reforma previsional
La jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la Décima Nominación, Romina Kilgelmann, rechazó el planteo con el que Amalia Granata intentó tumbar la reforma previsional aprobada por la Legislatura de Santa Fe el 12 de septiembre pasado, un proyecto medular de la gestión de Maximiliano Pullaro.
En la previa, la Fiscalía de Estado que conduce Domingo Rondina había respondido los planteos acusando a la legisladora de intentar ganar en los tribunales la batalla que perdió en el recinto. Para intentar suspender los efectos de la ley ya vigente, el bloque Somos Vida presentó una declaración de inconstitucionalidad, en los que el bloque de Granata apuntaba al proceso interno legislativo y a cómo fue la votación, que se apuró cuando los incidentes en la puerta del parlamento local se recrudecían.
Ese es uno de los puntos principales de la respuesta de la Fiscalía de Estado. “Un posible mal uso del Reglamento interno, circunstancia alegada por los actores, no habilita a obtener judicialmente resultados de raigambre político que no pudieron lograr”, advirtió en su respuesta.
Incluso, los representantes del Ejecutivo agregan que el reglamento le daba al bloque Somos Vida herramientas para detener la votación -como, por ejemplo, retirarse del recinto y no dar cuórum parlamentario- que no fueron utilizadas. “El control de constitucionalidad (que puede hacer el Poder Judicial) se limita al contenido de la ley, no al procedimiento que llevó a su aprobación", subrayan.
En las conclusiones, además, sostienen que Granata busca reeditar en los tribunales una batalla que perdió en la Legislatura y que, de hacer lugar, la jueza Civil y Comercial Nº 10, Romina Kilgelmann, rompería el equilibrio de frenos y contrapesos que le exige al Poder Judicial analizar “con prudencia extrema” el control del trámite parlamentario, para evitar “el gobierno de los jueces”.
En el fallo, Kilgelmann afirma que "la parte peticionante se ha limitado a exponer a través de formulaciones genéricas sobre el cumplimiento de tal recaudo sin invocar ni acreditar que la continuidad en la aplicación de la ley 14.283 le cause un gravamen que difícilmente pueda revertirse en el supuesto de que la sentencia final de la causa admitiera su pretensión, sin que existan elementos de juicio que permitan avizorar que la tramitación del presente proceso pudiera frustrar la eficacia de un pronunciamiento de fondo eventualmente favorable a los peticionantes”.
"Que triste que el gobernador Maximiliano Pullaro esté más pendiente por operar en la Justicia que por el ajuste que les hizo a los jubilados", escribió Granata en las redes sociales al anoticiarse del fallo.
La presentación de Granata fue la que generó mayor exposición pública por el rol que está desplegando la legisladora como principal figura opositora al gobierno de Pullaro. Sin embargo, no es la única demanda. En total ya son tres los frentes judicialmente abiertos. La Fiscalía de Estado respondió también este martes una cautelar, con un reclamo parecido al de Granata, del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos (Sitram) que deberá resolver Iván Di Chiazza, juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe.
Además, en las últimas horas, el gremio que nuclea a docentes de escuelas públicas, Amsafé, el más combativo del sector, presentó la suya. En el escrito, argumentan que la norma representa un ajuste al bolsillo de los trabajadores.
Al mismo tiempo, se espera que empiecen a caer presentaciones de parte de exjueces provinciales, ya que el Colegio de Magistrados puso en marcha reuniones con estudios jurídicos especializados en derecho constitucional de Rosario para ordenar los criterios de las quejas de quienes se jubilaron en el ámbito judicial.