El fracaso de la sesión preparatoria del Senado del pasado lunes, cuando por la ausencia de la dupla de Santa Cruz y de Unión por la Patria no fue posible alcanzar el cuórum, dejó a Victoria Villarruel con el control pleno de las actividades administrativas por tiempo indeterminado, a partir de una resolución que firmó en enero.
La situación causó revuelo en la oposición porque la vicepresidenta no tiene en sus planes convocar en el corto plazo otra sesión preparatoria. El próximo intento por juntar una mayoría se dará cuando el Senado sesione por otro tema y, mientras tanto, continuará con la prórroga de autoridades actuales, como contempla para estos casos el reglamento de la cámara alta.
La única área que iba a tener cambios el lunes pasado era la secretaría administrativa, que ocupa María Laura Izzo, quien presentó su renuncia en octubre, en rechazo a los despidos dispuestos por Villarruel. Ese día, iba a asumir el cargo el cordobés Emilio Viramonte, quien hace meses circula en el Senado como asesor de la vicepresidenta.
Después de recibir la dimisión de Izzo, Villarruel supo que, por tratarse de un cargo votado por el pleno del Senado, su renuncia y el eventual reemplazo debían definirse en una votación. Molesta, el 3 de enero la vice publicó una resolución en la que le quitó delegaciones a la secretaría administrativa asignadas en la última década, como la de nombrar y remover personal o controlar licitaciones.
Más poder para Victoria Villarruel
La suma del poder que se atribuyó Villarruel fue tomada con naturalidad por el oficialismo, que entiende que la vicepresidenta es la encargada de la secretaría administrativa y las delegaciones fueron asignadas durante otras gestiones.
En la oposición hay otras interpretaciones. “Es un tema complejo porque el pleno del Senado votó a una secretaria administrativa con facultades delegadas, entre otras cosas para que la vicepresidenta no tenga discrecionalidad. Ese es el sentido de la votación y fue vulnerado”, dijo, a Letra P, una fuente de la UCR de la cámara alta.
En Unión por la Patria tenían previsto hacer algún planteo sobre la administración del Senado en la fallida sesión preparatoria y evalúan algún pedido de explicaciones a Villarruel. En octubre, la bancada conducida por José Mayans repudió los despidos, pero no logró activar una protesta sindical que al menos obligara a la vicepresidenta a revisar su decisión.
En el peronismo buscan la salida de Gonzalo Diego Izurieta, director de recursos humanos del Senado, un cargo que no pasa por el filtro del recinto. Su nombre iba a escucharse en el debate de la sesión del lunes pasado, que finalmente no se hizo. En UP tampoco habían decidido votar a Viramonte y hubo gestiones de Villarruel para que los gobernadores aliados de esa fuerza dejaran sus bancas vacías. Al menos dos no iban a ser ocupadas, pero como no hubo cuórum, esa ayuda no fue necesaria.
Cargos prorrogados
Algunos bloques de la oposición dialoguista confían en que durante la primera sesión ordinaria se pueda, al menos, aceptar la renuncia de Izzo y tomarle juramento a Viramonte, para lo que se requiere una simple mayoría que abra el recinto. Son claves las gestiones del Poder Ejecutivo con el binomio de Santa Cruz, integrado por José María Carambia y Natalia Gadano.
Además de pedir una agenda legislativa propia, que incluya beneficios impositivos a la producción petrolera, la dupla austral reclama discutir cargos en el Senado, donde la UCR tiene las dos prosecretarías: la administrativa, con Lucas Clark; y la parlamentaria, con Dolores Martínez.
Clark es quien está en la mira de los partidos provinciales porque responde a al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que sólo tiene dos votos en el bloque. Es lo mismo que representan muchas fuerzas provinciales. Seguirá en el cargo también Agustín Giustinian, secretario parlamentario, convertido en uno de los principales asesores de Villarruel. Su continuidad no está en juego, aunque no pudo votarse.