El Distrito de Vialidad Nacional en Santa Fe, que depende de Luis Toto Caputo, le pidió al gobierno de esta provincia que se haga cargo de reparaciones por unos 6.000 millones de pesos en tres rutas nacionales que atraviesan la provincia, según confió a Letra P una alta fuente de la cartera de infraestructura de la gestión de Maximiliano Pullaro.
La solicitud tuvo como disparador el operativo Cosecha Segura, mediante el cual se intenta ordenar la afluencia de unos 10 mil camiones por día en la zona portuaria del sur santafesino. En ese contexto, desde el organismo vial plantearon que sea Santa Fe la que ejecute las reparaciones en tres rutas nacionales: A012, 11 y 33.
Todo ello en medio de la decisión de la gestión libertaria de cortar totalmente la obra pública en rutas que debe llevar adelante Vialidad Nacional. “La resolución tomada por el gobierno de Javier Milei de dar por terminado cualquier tipo de contrato para la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales es la estocada final para el malísimo estado en el que se encuentran las rutas. Estamos realmente muy sorprendidos, no esperábamos una medida así, jamás en la historia de nuestro país se tomó una decisión semejante”, se quejó el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico.
Rutas cortadas entre Santa Fe y la Nación
En este marco de tensión, el pedido de Vialidad, como era de esperarse, no tuvo buena recepción. Menos aún cuando en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia hicieron el estimativo: unos $ 6.000 millones, más de la mitad de los $ 10.000 millones que el Gobierno anunció que destinará como aporte a la reconstrucción de Bahía Blanca.
La tirantez giró hacia confusión cuando Enrico se comunicó con el director nacional de Vialidad, Marcelo Campoy, para consultarlo por este requerimiento del organismo. La respuesta del funcionario libertario, según contó la misma fuente a Letra P, fue que esa posibilidad estaba descartada, en abierta contradicción con el planteo inicial. “Desde ese momento, quedamos en el limbo”, sintetizó.
Con todo, no es estrictamente la primera vez que un pedido similar ocurre durante las actuales administraciones. En 2024, la Provincia aportó más de 1.000 toneladas de asfalto para las rutas nacionales y fue público el pedido de Pullaro de que el gobierno libertario ceda el control de las vías de comunicación a las gestiones locales. No llegó a buen puerto.
La obra pública, punto de conflicto con Javier Milei
Durante su participación en la apertura de ExpoAgro, el gobernador no eligió eufemismos para describir el vínculo con la Casa Rosada en materia de obra pública: “Está muy mal”. “Queremos que se haga cargo y sea responsable de las obras importantes viales, pero pedimos algo más simple: que las desmalece y tape los pozos, sino que las cedan a la provincia para mantenerlas. Para nosotros, la obra pública no es un gasto”, lanzó.
En la misma línea, Enrico afirmó: “Es un tema muy grave que nos tiene que encontrar a todos de pie y unidos, no podemos seguir permitiendo que de todos los impuestos nacionales que pagamos como el IVA, ganancias, bienes personales, retenciones, el impuesto a los combustibles que está destinado a la reparación de las rutas, vuelva tan poco. Por estas vías se transporta gran parte de la riqueza de nuestro país”.
Y sobre el corte de las obras de Vialidad Nacional, advirtió: “Esta decisión pone en peligro la vida de millones de personas, todos los días, algo que en el gobierno del presidente Javier Milei no se percibe porque hay una mirada muy concentrada en Capital Federal, y no tienen un índice de realidad de lo que ocurre de la General Paz hacia afuera. Los que vivimos en el interior sabemos que todos los días millones de argentinos transitan por estas rutas y al hacerlo ponen en peligro sus vidas. En los 2.685 km que hay en Santa Fe, se registra un muerto cada 19 kilómetros por año, estas rutas son verdaderas trampas mortales”.
No es la primera vez, y probablemente no será la última, que la obra pública genera tensiones entre las administraciones de Milei y Pullaro. Como contó Letra P en noviembre del año pasado, el ministro de Economía mandó a pedir que Santa Fe retirara o “acordara” las acreencias que tiene con la Nación, en especial la deuda judicializada en la Corte Suprema de la Nación supera los 800 mil millones de pesos, para concretar el tan ansiado traspaso de las rutas nacionales.
En aquella oportunidad, Enrico bramó contra la Casa Rosada: "Nos corren la raya, son nuevos condicionamientos que no estaban previstos", se quejó. Más concretos, en la mesa chica del pullarismo señalaron que "el tiempo pasa y las rutas están como están". Esta novela acaba de sumar un capítulo.