El elegido de Pullaro para el máximo tribunal avisa que respetará el límite de edad. Qué pretende de los recursos judiciales y la reforma constitucional.
Jorge Baclini, nuevo cortesano de Santa Fe.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es el corolario de más de tres décadas de carrera judicial para Jorge Camilo Baclini. Su desembarco busca traer aires renovados a un tribunal que se mantenía igual hace casi veinte años. Cauteloso, el rosarino asegura que cuando cumpla 75 se irá y que hay que redistribuir los recursos.
Baclini entró como empleado en los Tribunales provinciales de Rosario en 1990. Recién siete años después logró ser designado por concurso como secretario de instrucción. Fue el inicio de una larga trayectoria, siempre en la justicia penal, que lo llevó a ser juez de instrucción del viejo sistema inquisitivo y, luego, pasar al Ministerio Público de la Acusación, en donde condujo primero la fiscalía regional de Rosario y después todo el organismo.
Desde ese lugar, forjó un vínculo con Maximiliano Pullaro. La trinchera los encontró una y otra vez juntos, uno como ministro de Seguridad y el otro como jefe de los fiscales. Por eso, no es extraño que Baclini haya sido el primer nombre confirmado como postulante a la Corte ni que su visión de la justicia santafesina encuentre más de una coincidencia con la del gobierno que encabeza el hughense. Baclini, propio de los ámbitos judiciales, lo expresa con más cautela y mesura.
En ese sentido, coincide, por ejemplo, con el límite de edad de 75 años que surge de la interpretación constitucional del gobierno y que la vieja guardia cortesana -sus ahora compañeros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler- no comparte. También reconoce que es necesaria una redistribución de los recursos y avisa que se afiliará a IAPOS, pilares de las críticas que formaron la avanzada pullarista contra la Corte Suprema durante todo 2024.
Pero no todo es reforma cortesana: el nuevo ministro pretende que la convención constituyente le de rango constitucional al Consejo de la Magistratura. “Con distribución plural pero equilibrada”, avisa. ¿Cómo? Con presencia política, pero también de facultades y colegios de abogados, pero también de la propia Corte.
-¿Quién le ofreció la candidatura?
-El gobernador. Primero mandó a hablar conmigo a algunas personas y después se contactó directamente él conmigo para comentarme.
-¿Se decidió rápidamente?
-Le dije que sí, lo definí enseguida, en la conversación del momento, no tuve dudas.
-¿El gobernador le preguntó su postura sobre algún tema en esa conversación?
-No, no me hizo ningún tipo de pregunta.
-¿Qué piensa de la interpretación constitucional que pone el límite de edad de los cortesanos en 75 años?
-Yo juré hasta los setenta y cinco años y obviamente lo voy a respetar
-¿Está de acuerdo con que los jueces aporten a la obra social IAPOS y paguen el impuesto a las ganancias?
-En cuanto al IAPOS, estoy de acuerdo y me voy a afiliar. En lo que hace a ganancias, estoy de acuerdo con el sistema progresivo que fue instalando la ley actualmente vigente.
-¿Qué opina de las críticas a la Corte de Santa Fe por tener ciertos vínculos con la política que afectan su imparcialidad?
-Lo que garantiza el funcionamiento del Poder Judicial es la independencia judicial. Por ejemplo, históricamente los gobernadores han delegado facultades en un Consejo de la Magistratura creado por decreto, pero debería tener rango constitucional, ya que le va a dar una estructura distinta -que no significa burocrática o cara-. Eso le va a dar mayores garantías de independencia, siempre que la Constitución también prevea una distribución plural pero equilibrada entre componentes políticos y componentes técnicos jurídicos, ya sean facultades, colegios de abogados e incluso la propia Corte.
-El gobernador suele sostener que la justicia de Santa Fe es cara e ineficiente. ¿Coincide?
-Hay que ver proporcionalmente con otros poderes judiciales similares, como puede ser Córdoba. Respeto muchísimo las opiniones, pero para tomar una definición puntual estoy pidiendo informes para poder avanzar. Sin lugar a dudas, en algunos lugares hay recursos que están en excedente y en otros lugares hay recursos faltantes, entonces hay que redistribuir y para eso es necesario saber cuáles son las necesidades reales. Más allá de que ahora se están llevando a cabo los concursos para cubrir cargos vacantes de jueces y fiscales, eso también implica una necesidad.
-En ese sentido, la Casa Gris reconoció que demoró la cobertura de cargos porque le pidió a la Corte una ponderación de cuáles eran más necesarios y la Corte nunca respondió a ese pedido. ¿Qué opina?
-Argentina tiene una situación crítica económicamente, por lo que no hay que dilapidar los recursos. Obviamente, en donde hay un tribunal creado por ley, el Poder Judicial tiene que respetarlo, es de incumbencia de la Legislatura y del Poder Ejecutivo analizar su continuidad o no. Tenemos que hacer una renovación del mapa judicial, ver cómo están funcionando los tribunales, cómo funciona la distribución territorial, la cercanía con la ciudadanía. Hay que hacer cálculos de costo-beneficio para ser más eficientes y efectivos respetando la cercanía de la gente
-Por ese tema, el año pasado hubo un conflicto entre el Colegio de Magistrados y el gobierno provincial. ¿Cómo lo vivió?
-Tenemos que hacer un análisis puntual de la reorganización del Poder Judicial, y para eso tenemos que tener un buen diagnóstico y analizar las proyecciones a futuro. Después, lo que hace a cuestiones fuera de la esfera técnica jurídica, corren más por el área política que no me incumben directamente.
-¿Qué reformas cree que son las más necesarias? ¿Cree que hay que abrir la Corte a la sociedad y acelerar procesos?
-Es fundamental que la ciudadanía pueda tener acceso a la justicia; que se respeten derechos y garantías; y que se genere un Poder Judicial eficiente, eficaz y que brinde respuestas en un tiempo razonable. Tenemos que estar trabajando permanentemente con todas las estructuras judiciales formando la eficiencia y los tiempos razonables en la resolución de conflictos. En la parte penal se ha trabajado bastante en esto, pero es importante empezar a trasladar este grupo de reformas a la justicia civil y comercial, a la de familia y a la laboral.
-¿Y en el plano de la lucha contra la narcocriminalidad?
-Vengo del Ministerio Público de la Acusación, donde se viven a diario situaciones críticas. Sé perfectamente lo que significa vivir en esa calidad de vida. Las organizaciones criminales son un problema serio, grave, y su enfrentamiento es una batalla fuertísima que se tiene que dar no solamente en el aspecto preventivo y como seguridad, sino también en el tipo de resoluciones judiciales que se toman. No se trata de atacar solo a los primeros eslabones de las organizaciones criminales, sino también el ataque firme a la estructura económica que es lo que le da pervivencia.