Alrededor de una decena de proyectos fueron dados de baja. La estrategia del mutuo acuerdo con las contratistas. Los factores de la mileinomía.
Maximiliano Pullaro debe rescindir contratos de obras en Santa Fe.
El vínculo áspero entre los gobiernos de Javier Milei y Maximiliano Pullaro por la obra pública, que tuvo esta semana un nuevo episodio con un cambio de condiciones para el traspaso de rutas nacionales a Santa Fe, tiene una dimensión poco conocida: la renegociación, neutralización o rescisión de contratos de trabajos provinciales por el desquicio macroeconómico y “demoras” de la Dirección Nacional de Vialidad, centralmente en el primer semestre.
Si bien hay puntos de contacto entre el perfil de ambas administraciones, como el ajuste fiscal que el gobernador santafesino destaca constantemente, desde el principio la gestión de Unidos para Cambiar Santa Fe se diferenció en materia de obra pública, en la cual hay una fuerte apuesta política.
Según el último informe oficial disponible, el gobierno de Pullaro lleva ejecutados a septiembre en gastos de capital 371.884 millones de pesos, un 7,38% del total. Ese porcentaje está relativamente en línea con la performance tradicional en Santa Fe, es decir que por allí no pasó la motosierra provincial.
Lo que sí ocurrió es que varias obras que estaban en desarrollo desde la gestión de Omar Perotti debieron ser revisadas, con resultados diversos, a partir del sacudón cambiario de diciembre de 2023, en la inauguración del gobierno de Milei.
“Fue una situación que afectó a casi todas las obras. Donde hubo acuerdos para poder retomar el contrato y lo que la Provincia propuso le cerraba a la empresa, se siguió adelante. Y si no se rescindió utilizando como argumento fuerte este tema”, explicó a Letra P una fuente gubernamental con participación directa en la materia.
Hay casos muy gráficos. En diciembre de 2021, la empresa Dinale S.A. comenzó a realizar una obra de desagües cloacales en la localidad de Ataliva, cercana a Rafaela. Con idas y vueltas, se llegó a 2024 con una ejecución cercana al 80%. Pero en junio de este año, la compañía pidió la rescisión del contrato.
Según el decreto Nº 2038 del 24 de octubre, al que accedió Letra P, “la Dirección General de Obras de Agua Potable y Saneamiento de la Jurisdicción informa que la empresa contratista mediante Nota de Pedido N° 40 de fecha 14 de junio de 2024 solicita la rescisión del contrato de obra, argumentando diversos problemas económicos, comenzando con la escasez de mano de obra, siguiendo por la existencia de condiciones adversas en el mercado de insumos, devaluación del peso argentino, escasez de combustibles, condiciones nulas para la importación de bienes, y demás, que se fueron originando en el transcurso de la obra, desencadenando la pérdida del valor adquisitivo, lo que hace inviable la continuación de la obra por parte de la contratista”.
Además, en el mismo decisorio se indica que “la contratista informa que la fórmula de ajuste de la obra es a la fecha insuficiente y carente de reflejo de la realidad, por lo que presenta un informe en el cual hace un análisis comparativo de índices como la Cámara Argentina de la Construcción mencionando que ha perdido por diferencia en forma de ajuste un monto de $ 543.111.169,00 y de esa manera la hipótesis de neutralización o ampliación de plazo no servirán, solicitando así el cierre del contrato”.
Ante esta situación, dice el decreto, “la citada Dirección General de Obras de Agua Potable y Saneamiento de la Jurisdicción verifica que los argumentos de la falta de mano de obra, escasez de combustibles, malas condiciones para la importación de bienes y demoras por parte de Vialidad Nacional para la aprobación de los cruces de ruta afectaron el avance normal de la obra, no permitiendo que se pueda finalizar en tiempo y forma, entendiendo que son causas ajenas a la contratista, prestando así la conformidad y encontrando razonable la solicitud de la firma DINALE S.A”.
En este contexto, y si bien “parecería no haber una solución posible para este caso, puesto que la norma no tiene previsto el instituto de la rescisión por mutuo acuerdo”, se exploró “la posibilidad de rescisión del vínculo de común acuerdo”, ya que “resulta un camino viable a los efectos de encontrar una solución a la problemática y buscar los medios para lograr la finalización del contrato de un modo anormal”, señala el decreto.
“Fue una manera razonable de resolver sin matar las empresas ni seguir discutiendo sobre la contratación de obras de la gestión anterior”, confió la fuente oficial, que calculó: “Hasta ahora unas 10 obras se rescindieron. Después hay otras tantas que aún están paralizadas o neutralizadas”.